Hasta la fecha, hay 234 militares detenidos por motivos políticos en Venezuela. El año pasado, Nicolás Maduro marcó un récord en las aprehensiones de funcionarios castrenses, privando de libertad a más de 500 militares.

Caracas. “Si le quitas su libertad, su familia, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Su vida?”, se pregunta Yocelyn Carrizales, esposa del teniente coronel  Ígber Marín Chaparro, quien ostenta el mejor promedio de la Academia Militar y era el líder del Batallón Ayala en Fuerte Tiuna hasta que lo encarcelaran el 2 de mayo de 2018 en la sede de Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). “Lo han amenazado con gasear los ductos de aire acondicionado”, sostiene Yocelyn. Por esa y otras amenazas teme por la vida de su pareja. Más de 30 días han transcurrido desde la última vez que lo vio.

Yocelyn, quien también es la abogada del militar, explica que luego del 30 abril de este año, fecha en la que se generó una insurrección cívico-militar liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López, las visitas en la sede de la Dgcim quedaron suspendidas para varios familiares de los detenidos. La de ella fue una de esas. El 28 de abril fue la última visita. Yocelyn explica que en el transcurrir del 2019 los tratos crueles e inhumanos hacia su esposo se han recrudecido.

Lo dejan sin acceso al baño por más de una semana, por lo que debe hacer sus deposiciones fecales en una bolsa en el mismo sitio donde duerme y come, comenta. Este 3 de junio, Yocelyn Carrizales exigió fe de vida de Marín Chaparro, quien desde diciembre está bajo fase de juicio, aunque no han fijado fecha. “También se le está violando su derecho a la legítima defensa”, acota.

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De acuerdo con Yocelyn, entre los motivos de la suspensión de las visitas, se encuentra que supuestamente Marín Chaparro irrespetó al director de la Dgcim, el coronel Hannover Guerrero, cuando le dijo que era un “cobarde” porque amedrentaba y se metía con su familia y no con él.

Hasta la fecha, hay 234 militares detenidos por motivos políticos en Venezuela, de acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. El año pasado, Nicolás Maduro marcó un récord en las aprehensiones de funcionarios castrenses, privando de libertad a más de 500 militares.

Por su parte, Sonsirée de La Sotta tiene cuatro meses sin escuchar la voz de su esposo, el comandante de la Brigada de Turiamo, Luis La Sotta, preso en la Dgcim desde el 18 de mayo del año pasado. Las llamadas telefónicas también quedaron suspendidas para todos los privados de libertad de este lugar desde enero de este año. La madre, de 82 años, y su hermana, son quienes suelen visitarlos. Sonsirée confiesa que luego de la persecución que sufrió el día posterior a al detención de su esposo le da miedo trasladarse hasta la Dgcim.

Me dijeron que también llevarían a mi hijo, de 17 años, para torturarlo enfrente de su padre, contó Sonsirée. Al comandante Luis La Sotta  lo han asfixiado con bolsas de plástico, lo mantuvieron esposado con las manos hacia atrás por varias semanas en el “cuarto negro de tortura” hasta lastimarle las muñecas. “En todo ese tiempo hacía sus necesidades encima de él mismo”, narró Sonsirée.

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El 4 de mayo fue la última vez que esta familia pudo ver a La Sotta. También exigen fe de vida. Él apoyó a Marín Chaparro en cuanto a las quejas que presentó ante Hannovel Guerrero. “Las torturas son órdenes directas de ese señor”, comentó.

Siete veces difirieron la audiencia de este militar. En diciembre el caso pasó a juicio y hasta el momento no se ha fijado fecha. “A mi esposo lo presentaron ante un tribunal con moretones y heridas en su cuerpo. Su caso pasó a juicio sin ningún tipo de prueba y él pudo ver a sus familiares cuatro meses después de su detención”, agregó Sonsirée.


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