Liliana Ortega, directora de Cofavic, aplaudió que la fiscal Luisa Ortega Díaz reconociera las deficiencias del operativo, pero indicó que es importante conocer cuántos funcionarios han sido acusados.
Caracas. Un año le tomó a la fiscal Luisa Ortega Díaz reconocer que durante la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) se han cometido severas violaciones a los derechos humanos (DDHH).
Sin embargo, desde que comenzaron estos operativos —el 13 de julio de 2015— las ONG’s Cofavic y Provea han denunciado allanamientos ilegales, homicidios de personas que presuntamente se resistieron a las autoridades, asesinatos de jóvenes en frente de familiares, destrozos en viviendas y sobre todo la violencia con la cual se llevan a cabo estos operativos.
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Este miércoles, la fiscal declaró en un programa de entrevistas, transmitido por Venevisión, que le preocupaban las OLP por la cantidad de acusaciones que ha recibido el Ministerio Público (MP) en cuanto a la violación de DDHH.
“En la medida que la actuación de los cuerpos de seguridad es violenta, propicia la violencia, si se responde con más violencia se generan muchos delitos. Nos preocupan las OLP por la cantidad de denuncias que han sido recibidas en el MP”, dijo.
Se refirió al “alto índice” de funcionarios procesados penalmente por estos hechos, aunque no dio cifras concretas porque no las tenía al momento de la entrevista.
Liliana Ortega, abogada y directora de Cofavic, aplaudió que el MP haya reconocido las deficiencias del operativo, pero sostuvo que sería importante saber a cuántos uniformados se está acusando, por ejemplo, y cómo van los avances de las investigaciones.
“Lo interesante es tener seguimiento, porque en Venezuela hay unos niveles de impunidad que revelan que el crimen es gratis. 99 % de los casos de violaciones a los DDHH no llegan a juicio, por eso es importante que haya juicios y sanciones a los responsables en ejecuciones extrajudiciales”, declaró.
Desde 2013, los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales han aumentado, de acuerdo con los registros de Cofavic. Las investigaciones más recientes arrojaron que entre 2014 y 2015 el incremento fue de 37 %. Y lo alarmante del asunto es que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) representa 30 % de las responsabilidades en estos casos.
Las OLP generan más atropellos
Anthony Gregory Mejías Lira, de 27 años, y su pareja Mariángel Sánchez, de 22, fueron asesinados durante una OLP el 29 de enero de 2016 en la UD3 de Caricuao, municipio Libertador.
De acuerdo con el testimonio de Clara Lira, madre de Anthony, los funcionarios ingresaron a casa de la pareja y les dispararon. Minutos antes el muchacho llamó a su mamá para avisarle que lo tenían acorralado y ella fue de inmediato hasta allá.
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Cuando llegó no la dejaron ingresar a la vivienda, pero tampoco le dieron respuestas de su paradero. “Me habían dicho que estaba detenido en el Cicpc de Caricuao, fui para allá y ahí me dijeron que estaba herido en el Pérez Carreño. A otras madres las agredieron los funcionarios porque ellas querían pasar a ver sus hijos”.
Anthony fue vinculado como integrante de la banda de “El Chivo” y su mamá no negó que tuviera amistades con el hombre que llevaba ese apodo.
“No tenían que matarlo así. A él lo tenían que detener y abrirle una investigación, está muy mal llegar matando a todo el mundo”, soltó.
Casos como estos, y peores, han documentado Provea y Cofavic desde que iniciaron los operativos. Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, indicó que han generado muchos atropellos, aumento de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales y destrozos a viviendas.
“Son denuncias muy graves que hizo la fiscal que corroboran nuestros reportes a través de las víctimas que hemos atendido y de trabajos periodísticos, sobre procedimientos en las OLP”.
Recalcó que los operativos no han disminuido la violencia en las comunidades sino que más bien se aumentó, al igual que las denuncias por estos hechos.
El 30 de mayo de 2016, el presidente Nicolás Maduro declaró que las OLP tenían que ser una operación cívico-militar, al mismo tiempo que anunciaba una “mega jornada” de la operación. El coordinador de investigaciones de Provea cree que esto es inconstitucional y abrió las puertas a más excesos.
“Esto hace más difícil la responsabilidad individual de los cuerpos policiales, en el marco de la OLP, porque se hacen en grupo y además actúan encapuchados. Esto favorece la impunidad”.
Pidió que sea detenida inmediatamente porque afecta a toda la población y que sea abordada como un plan que respeta los DDHH, en el cual se establezcan objetivos y se evalúe la actuación de los funcionarios.
Provea maneja al menos 90 denuncias de violaciones a los derechos humanos, que procesaron por procedimientos, lo que quiere decir que involucra a más de 1.000 personas afectadas directamente.
“Sin contar las denuncias que han levantado otras ONG’s, las que lleva directamente el MP, las que lleva la Comisión de Política Interior de la AN (más de 300) y las 80 denuncias que dijo el defensor del pueblo que tenía en su despacho”, destacó.
En el balance que ofreció el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, a un año de las OLP, indicó que desarticularon a 157 bandas y detuvieron a 2.399 personas.
Fotos referenciales: Cristian Hernández
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