Mujeres obtienen “privilegios” en cárceles a cambio de trabajos sexuales

Al menos 15.000 mujeres en el ámbito nacional están presas, según la organización Una Ventana a la Libertad. Algunas quedan embarazadas de los propios funcionarios policiales y no cuentan con controles médicos en un ambiente donde imperan enfermedades como la sarna y el VIH.

Caracas. Un trabajo sexual es el precio que las mujeres recluidas deben pagar para lograr el “privilegio” de ser trasladadas y presentadas a un tribunal. El “amiguismo” y “clientelismo” son la moneda corriente para que las reclusas sobrevivan en los centros de detención del país.

Esta fue la realidad descrita en el foro “Situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela” de la organización Una Ventana a la Libertad y la Universidad José María Vargas, como antesala al Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

María José González, directora de Cáritas Los Teques y quien sirve como monja en el centro de reclusión preventiva Instituto Nacional de Orientación (INOF), señaló que muchas mujeres se ven obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios policiales para lograr ser trasladadas a sus audiencias ante los tribunales.

De la misma forma, deben poseer algún contacto o “caerles bien” al personal de los recintos penitenciarios o tribunales, para lograr que alguien pueda ver su expediente, ya que muchas no tienen conocimiento de sus sentencias o el estatus de sus casos.

En la presentación, la presidenta de la Federación Venezolana de Abogadas, Sonia Sgambatti, indicó que la población total de mujeres recluidas en los recintos penitenciarios es de 15.000, “la mayoría son solteras, con hijos de diferentes padres, vienen de familias disfuncionales y sectores pobres”.

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Enfermedades como la sarna y el VIH forman parte de lo que se vive dentro de los recintos en los que impera el hacinamiento, la falta de asistencia social, servicios de salud e incluso controles médicos para aquellas que quedan embarazadas de los propios funcionarios policiales u otros reos.

En la sede de la Policía Municipal de Guaicaipuro, estado Miranda, hay 70 privados de libertad (hombres y mujeres) en un pasillo, dos están embarazadas. Hay casos en los que hay 25 mujeres en celdas de 2×2 metros, sin electricidad ni ventilación. Muchas deben turnarse para dormir en espacios donde solo hay un colchón, sostuvo la abogada.

Por ejemplo, en el INOF, estado Miranda, hay una población actual de 786 mujeres, es un espacio habilitado solo para 250 personas.

Muchas de ellas deben enfrentar el encierro tras las rejas solas, sin familiares, pues aparte de no tener derecho a las visitas, en ocasiones son olvidadas por sus propios parientes, una realidad distinta a la que se enfrentan los hombres, apuntó la hermana González.

El hombre tiene compañía durante la reclusión, ya sea de su esposa o madre. Pero cuando es una presa, la situación cambia, pues pocas mamás acompañan a sus hijas, y en el caso de los esposos no todos están dispuestos a realizar las colas, los trámites, llevar los alimentos. Por lo tanto, las reclusas quedan solas dentro de las cárceles, indicó la hermana.

La violación de los derechos humanos a las mujeres recluidas también se refleja en los retardos procesales. Algunas pueden pasar hasta ocho años tras las rejas sin tener sentencias o con solo tres audiencias.

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El Estado no cumple

Los especialistas señalaron que temas como la higiene, la alimentación, la división entre hombres y mujeres recluidos son obligaciones del Estado, sin embargo, es poco lo que realiza ante la realidad de los recintos.

El sistema penitenciario en un desastre. A pesar de los esfuerzos que hacemos, las cosas empeoran, declaró el director de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, quien tildó como grave la situación que enfrentan las mujeres en las cárceles, además de no tener planes de reinserción social y de que, en ocasiones, quienes salen en libertad pueden recaer en actos delictivos.

Por otro lado, aquellas organizaciones que quieren prestar ayuda a la población carcelaria deben infiltrarse en los recintos o usar mensajeros para enterarse de lo que sucede, pues desde el 2012, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, prohibió la entrada a estas instituciones.

Foto: Archivo | Shaylim Castro


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