Luego de que la Asamblea Nacional aprobara un antejuicio de mérito al Presidente, procede ahora una investigación jurídica y una pesquisa técnica internacional que determinen su responsabilidad penal en hechos de corrupción por el caso Odebrecht, señalan expertos en la materia. Será un juicio penal, no político.

Maracay. 98 millones de dólares es la cantidad que se estima que la constructora brasilera Odebrecht habría pagado en sobornos en Venezuela entre el 2006 y 2015, para adjudicarse licitaciones de obras como la extensión de la línea 5 del Metro de Caracas, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo; el tercer puente sobre el río Orinoco; el Metro entre Caracas y Guatire y el Metro Caracas-Los Teques y que además del retraso, son obras que presentan sobreprecios en un presupuesto calculado inicialmente en 5000 millones de dólares.

Pero además, Euzenando Prazeres de Azevedo, expresidente de Odebrecht en Venezuela, aseguró haber entregado 35 millones de dólares a la campaña de Nicolás Maduro en el 2013. A la vez, Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasilera y el hombre que confesó haber sobornado a buena parte de la élite política de América Latina, confirmó que dinero de su multinacional fue a la cuenta del comité de campaña de la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Varios países del continente como Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, se han visto enredados en la telaraña de favores o dádivas de la empresa brasilera y en la mayoría, el impacto político ha sido evidente, menos en Venezuela.

Ivo Hernández, investigador y académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Münster, señaló en el 2017 para Deutsche Welle (DW) la cadena de Alemania para el extranjero, que la única forma de que se conozca la verdad de los delitos de corrupción cometidos en Venezuela dentro del marco de la operación ‘Lava Jato’ requiere de la unión de la Fiscalía General con la Asamblea Nacional. La investigación de la fiscal nacional tendría futuro si a ella se sumase la Asamblea Nacional, solo si se abocaran en el mismo propósito se podría crear una fuerza colectiva tal que permita una investigación de gran envergadura que comunique directamente a la Asamblea venezolana con el Parlamento de Brasil, evitando con ello que el Ejecutivo venezolano concrete su intención delictiva.

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Esa recomendación de Hernández se materializó, en parte, el pasado 17 de abril cuando la Asamblea Nacional (AN), con 105 votos a favor, aprobó el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, quien en adelante enfrentará un juicio penal por corrupción llevado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

¿Qué implicaciones tiene para el presidente Nicolás Maduro la histórica solicitud del TSJ en el exilio y la posterior aprobación parlamentaria para que se inicie un juicio penal en su contra?

El coordinador ejecutivo del Bloque constitucional de Venezuela, abogado administrativista y exmagistrado del TSJ, Perkins Rocha, las califica de jurídicas y que colocan al mandatario nacional en “tránsito de ser suspendido legalmente” de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal.

Luego de que la AN autorizara al TSJ en el exilio para que continúe las averiguaciones judiciales de carácter penal, el presidente de Venezuela queda suspendido de su cargo o inhabilitado para ejercer funciones públicas, según explica el jurista.

Al señor Maduro no se le pretende hacer un juicio político, que ya se le hizo, sino un juicio penal por corrupción. Saber si cometió hechos delictuales y si en Venezuela se manejó dinero mal habido.

Para ello —explica Rocha— proceden ahora las pesquisas de ese dinero producto de la corrupción judicial, castigada en una convención internacional como la de Palermo, suscrita por los países de América y avalada por las Naciones Unidas, como un instrumento jurídico internacional de aplicación inmediata.

Corresponde además al TSJ en el exilio llevar a cabo las investigaciones técnicas, los adelantos fiscales y jurídicos que debe tramitar en todos los países donde la empresa brasilera Odebrecht tiene y tuvo conexiones.

Dichas pesquisas deberán estar encaminadas a determinar posibles hechos de corrupción por parte de Nicolás Maduro, apoyándose en una Jurisdicción universal, que en principio persigue violaciones a los derechos humanos y a casos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. En definitiva, se pretende examinar la gestión de Nicolás Maduro, por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que sigue siéndolo, y por el TSJ en el exilio, reconocidos además por la comunidad internacional.

Para el exmagistrado y coordinador ejecutivo del Bloque constitucional de Venezuela, la dirigencia opositora nacional representada en los diputados a la Asamblea Nacional, demostró haber entendido el mensaje de la comunidad internacional y también de los venezolanos que tienen el derecho de saber si en el país se manejó tanto en el gobierno de Chávez como en el de Nicolás Maduro —este como presidente ahora y como canciller antes— dinero mal habido.

Es evidente que el régimen ha tejido un andamiaje fraudulento y desapegado del orden constitucional con el que se ha burlado del Estado de Derecho. Por ello hoy está recogiendo la cosecha de su actitud irreverente, forajida y fallida frente al orden constitucional y, obviamente, esta histórica decisión del TSJ en el exilio y de la Asamblea Nacional no puede gustarle porque sabe de la proyección e implicación de este evento, señala Rocha.

Las consecuencias de esta decisión pasarían por activar los mecanismos internacionales que escudriñen cuentas en bancos y países para dar con el paradero del dinero obtenido y por capitalizar muchos pactos internacionales que castigan la corrupción como un delito de lesa humanidad.

Foto: Gregoria Díaz @churuguara


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