La organización Cecodap documentó que en 2016 al menos 32 menores de edad fueron víctimas de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, cifra que aumentó en comparación con 2015, cuando se registraron 13 casos.
Caracas. “Después del operativo, mis dos hijas me preguntaban dónde íbamos a vivir y qué íbamos a hacer. Yo no sabía qué decirles, no tenía palabras, porque ni si quiera para mí había una explicación. Solo sabía que nos demolerían las casas por orden presidencial”.
El 24 de julio de 2015 será una marca imborrable para Jackeline Paredes, su esposo y sus dos hijas. Cómo olvidar el día que los sacaron a la fuerza de su casa, durante un Operativo de Liberación y Protección al Pueblo (OLP), al igual que a 110 familias más que por 30 años vivieron en el sector La Ensenada, del kilómetro 4 de la carretera Panamericana.
“Mis hijas, de 14 y ocho años, me ayudaron con las lágrimas afuera y el corazón arrugadito, ellas tenían su cuarto, su casa, su vida”, contó esta madre, quien para el momento tenía dos meses de embarazo y cargó con lo que pudo antes de que demolieran su vivienda.
En ese año Cecodap, organización que vela por los derechos humanos de niños y adolescentes, registró al menos 13 casos de menores de edad afectados en estos operativos gubernamentales. De esta cifra, cinco fallecieron, tres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, dos de uso excesivo de la fuerza y tres perdieron sus viviendas.
El abogado de la Organización No Gubernamental, Carlos Trapani, explicó que las OLP no toman en cuenta las consecuencias que tendrán en niños y adolescentes, ya que en vez de garantizarles seguridad cometen excesos, como asesinatos, desapariciones forzadas, allanamientos o detenciones sin órdenes judiciales. Además de que, lejos de generar seguridad, incrementan la violencia. “Ninguna política está centrada en los niños por eso son las principales víctimas”, indicó.
Por dos noches, Jackeline Paredes durmió con su familia en el carro de su esposo y después tuvieron que dividirse: las niñas se fueron a casa de los abuelos maternos y ella, junto con su pareja, fueron a parar donde sus suegros a dormir en un colchón en la sala.
“Esa Navidad la pasamos separadas, donde estábamos no las podíamos tener porque no había dónde dormir. Fue horrible, mis hijas nunca habían estado separadas de nosotros. Les pegó mucho quedarse sin casa”, dijo.
Este 2016, el panorama no cambió para los menores de edad que directa o indirectamente resultaron afectados por los procedimientos policiales, pues Cecodap contabilizó —de acuerdo con un registro hemerográfico— 32 casos de niños y adolescentes, de los cuales 20 murieron en los operativos con edades comprendidas entre 16 y 17.
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Además, ocho fueron testigos de homicidios durante allanamientos practicados en las casas o en operativos en la calle. “En las comunidades se incrementó la violencia, los niños pierden padres o familiares y eso tiene secuelas que nadie ve. Pierden el cuidado parental, pierden un hogar, pierden la familia”, indicó Trapani.
Niños sin vivienda
Un año y medio después de que se ejecutara la OLP en el kilómetro 4 de la Panamericana, los afectados de La Ensenada siguen esperando que los reubiquen. En julio de 2015, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) les hicieron desalojar las viviendas por orden presidencial y todos quedaron en la calle.
De acuerdo con datos del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz —recopilados en un informe de Provea—, más de 18.000 viviendas han sido allanadas durante la ejecución de la OLP.
Emily León, miembro del comité de familias víctimas de la OLP en La Ensenada, contó que hace tres meses la diputada Nora Delgado supuestamente iba a adjudicar vivienda a cinco familias en Fuerte Tiuna; pero no se las han dado. Pese a que llenaron varias planillas e hicieron todo el proceso, siguen esperando.
Cuatro sectores que desalojaron en la Panamericana, Bosque Verde, El Semáforo, Divino Niño y La Ensenada, en total 110 familias que quedaron sin hogar tras la OLP y aún esperan que el Gobierno los ayude.
“Ha pasado un año y medio y mis hijos me preguntan por qué no tenemos casa, me dicen que yo trabajo mucho y deberíamos tener un hogar”, detalló Emily, quien es madre de dos niños, de ocho y seis años.
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Durante los días escolares viven con su madre en una casa prestada en Casalta IV, pero en vacaciones se van con sus abuelos, quienes también perdieron su hogar en el operativo, y construyeron una vivienda con tablas a dos horas de Caracas porque sabían que no recibirían ayuda gubernamental.
“Mi hijo de ocho años me reprocha y me pregunta por qué Nicolás Maduro tumbó su casa, por qué tienen que dormir en el piso. La Navidad del año pasado y esta son muy tristes porque no tenemos un techo”, soltó.
Diana González, psicóloga y encargada del programa de atención a la víctima de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, agregó que cuando se habla de seguridad ciudadana hay que trabajar con la misma comunidad, incluso con los chamos, y entender el tema de la seguridad en el barrio.
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Hizo énfasis en que no hay que pensar en seguridad ciudadana solo con respuesta policial sino en la prevención del delito también.
“Estos son focos de violencia para los niños y adolescentes, porque son testigos de lo que pasa en el barrio, o ellos y sus familias son víctimas. Todo hecho violento genera un impacto y ocasiona traumas, si hay un procedimiento abusivo en su contra o en contra de la comunidad”, expresó.
Desde julio de 2015, Provea ha documentado 850 presuntas ejecuciones extrajudiciales y 18.000 detenciones arbitrarias en el marco de la OLP. Además, destacó que se demolieron alrededor de 976 viviendas y dos barrios fueron erradicados.
Fotos: Miguel González y Cristian Hernández
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