En 100 días de protestas convocadas por la oposición venezolana han fallecido 91 personas, según el Ministerio Público. Las muertes que investigan involucran a funcionarios policiales y militares, grupos paraestatales y civiles.

Caracas. Han pasado 80 días desde que mataron a Mervins Fernando Guitián Díaz. Desde el pasado 20 de abril, la sala de su casa se convirtió en un altar. Un afiche con fondo negro y letras blancas recuerda la fecha en que una bala le quitó la vida cuando pasaba cerca de una manifestación en el puente 5 de Julio de Petare.

Un cirio apagado reposa en el centro de la vivienda, se lo regalaron a su abuela, Nervis Díaz, en los novenarios. Ella aún viste de negro, su rostro no es el mismo desde que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) —así lo señala— le arrebató a su muchacho de manera injusta.

Familiares del joven de 26 años aseguraron que lo mató un GNB que reprimía la protesta

Aquel jueves 20 de abril Petare estaba encendido. A las 6:00 p. m. iniciaron las protestas y los uniformados reprimían a quienes respondían a los ataques. A la altura del puente 5 de Julio había barricadas y tanquetas de la GNB. El gas lacrimógeno inundó las viviendas a pesar de que los dueños cerraron las ventanas.

Aproximadamente a las 8:00 p. m., Nervis escuchó una ráfaga de tiros, estaba parada en la puerta de su casa, en la escalera Negro Primero del barrio Sucre, hablando con unas vecinas. Ellas dijeron: seguro mataron a alguien. Y mi corazonada me dijo que era él, salí como estaba para abajo, me escondí detrás de un carro porque veía a los guardias disparando.

Por seguridad tuvo que regresar a su vivienda y luego sus nietas no la dejaron salir más. La noticia no tardó en llegar. Cuando Mervins regresaba de casa de una tía, en la parte alta del 5 de Julio, quedó paralizado del miedo frente a los funcionarios, quienes presuntamente le dispararon.

El joven de 26 años sufría de discapacidad. Desde los nueve meses fue diagnosticado con epilepsia focal sintomática secundaria a meningitis y epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. Además veía con dificultad, tenía cuatro operaciones en el ojo izquierdo.

Cuando su prima Minervis Díaz recibió la llamada, enseguida se fue hasta el hospital Pérez de León. Ahí no estaba y tampoco pudo pasar porque había civiles armados custodiando. Minutos después el joven llegó al Domingo Luciani y quienes lo socorrieron decían que había resultado herido por un perdigón.

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Una doctora fue quien le dio la mala noticia a su abuela. Al muchacho le habían extraído una bala de fusil. “Su nieto no entró con un perdigonazo, él entró con una bala”, recordó que le explicó.

Cuando lo mataron apenas iban 19 días de protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en contra de la gestión del presidente Nicolás Maduro. Casi tres meses después no hay responsables tras las rejas.

No descansaremos hasta hacer justicia por Mervins Guitián. Al principio no sabíamos a dónde acudir, pero poco a poco hemos avanzado. Ya tenemos a un fiscal en el caso y abogados asesorándonos”.

En principio el acta de defunción alegaba que Mervins había muerto a causa de una herida por arma blanca. Luego en la denuncia efectuada en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)  sostenía que había fallecido en un enfrentamiento entre bandas.

Nosotros luchamos hasta que lo cambiaran, porque él tenía un impacto de bala y no lo querían poner. No querían hacer ver que a él lo mataron en una manifestación, detalló su tía Mileidys Díaz.

 David Vallenilla, de 22 años, fue asesinado el pasado 22 de junio durante una manifestación en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Carlota. Un funcionario de la Aviación le disparó perdigonazos en el pecho.

El joven trabajaba como supervisor de mantenimiento en la Alcaldía del municipio Sucre desde hace nueve años. Era fanático de los Leones del Caracas y estaba pendiente de toda la situación política del país, rechazaba el gobierno de Maduro.

Fue criado por su abuela y la relación se afianzó mucho más desde que la madre de Mervins murió, por causas naturales, hace siete años. Era el consentido de la familia: primas, tías y hasta vecinas que fueron parte de su crianza.

Yo dejé su cuarto tal cual como lo tenía el día que me lo mataron. Su bicicleta donde la tenía y todo en perfecto orden y así se va a quedar. Era muy querido. A pesar de su discapacidad siempre estaba feliz. Es un vacío, era mi muchacho, éramos tan apegados que me costó lograr que durmiera en su cuarto porque siempre quería estar conmigo”, dijo su abuela con resignación, pero con mucha fortaleza.

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Más violencia desde la activación del Plan Zamora

En 100 días de protestas han fallecido 91 personas, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público (MP) hasta el 4 de julio. Investigan a funcionarios policiales, militares, grupos paraestatales y civiles.

En rueda de prensa el pasado 4 de julio, la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, explicó que hay 4658 personas procesadas “no solo por muertes y lesiones, sino por daños a la propiedad pública y privada”.

Neomar Lander, de 17 años, murió el pasado 7 de junio en una protesta en Chacao. En torno a su muerte hay varias hipótesis, una apunta a que fue golpeado por una lacrimógena en el pecho, que arrojó un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, y el Gobierno señala que le explotó un mortero.

Un ejemplo de ello es el caso de Juan Pablo Pernalete, estudiante 20 años, asesinado por el impacto de una lacrimógena en el pecho, el pasado 26 de abril durante una protesta en Altamira, que era reprimida por la GNB.

La fiscal confirmó esta teoría, aunque figuras del Gobierno culpaban a la oposición indicando que le dispararon con una pistola de perno. Por este crimen no hay responsables detenidos.

“Sabemos el grupo de donde salió esta lacrimógena. Fue disparada por un GNB”, dijo la fiscal en rueda de prensa el 24 de mayo.

Situación similar se presentó con el funcionario que manejaba la tanqueta que arrolló a Pedro Yammine, el pasado 3 de mayo en Altamira, y le causó graves lesiones. Ortega Díaz denunció que aunque tiene privativa de libertad fue rechazada porque viola los derechos humanos del uniformado.

Armando Cañizales, de 18 años, recibió un impacto de balín en el cuello, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el pasado 3 de mayo en una protesta en Las Mercedes. Se investiga quién disparó, pero las averiguaciones que adelanta el MP evalúan si pudiera tratarse de un funcionario

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Acotó que el MP, ente titular de la acción penal, ha tenido obstáculos para iniciar o avanzar en las investigaciones y uno de ellos es que las privativas de libertad que pidieron a los cuerpos policiales no se han hecho efectivas.

Además hay tribunales militares juzgando a civiles y la Fiscalía no ha tenido acceso ni siquiera para corroborar el estado de los detenidos que, recalcó, es obligación del ente. “Hemos dado respuestas a todos las muertes y hechos punibles”. Hasta el 4 de julio, 70 personas habían sido acusadas, según la fiscal.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documenta 111 fallecidos en el contexto de las manifestaciones. En su investigación, que son muchas más que los datos oficiales, destacaron que las muertes se concentran en 14 estados del país.

Miguel Castillo, de 27 años, recibió un impacto durante una manifestación en Las Mercedes, el pasado 10 de mayo, una semana después de Cañizales y muy cerca de donde le quitaron la vida a este último. Era comunicador social. El ministro Reverol informó que recibió un disparo en el brazo derecho que se alojó en el intercostal izquierdo.

Distrito Capital lidera las cifras rojas con 21 decesos, seguido por Miranda con 20, Carabobo con 14, Lara registra 13 y Barinas 10.

La violencia y la represión en las protestas aumentó desde que el pasado 18 de abril el Presidente Maduro activó el Plan Zamora. Y se agudizó desde que el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, puso en marcha la segunda fase el 17 de mayo.

En el marco de su investigación, el OVCS explicó que el plan promueve y consolida las acciones conjuntas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y civiles armados. Además les da facultades para actuar en el orden público.

Hasta el 4 de julio, el Foro Penal registró 1141 personas detenidas en protestas, 452 ante tribunales militares y 438 presos políticos.

Fotos: Yohana Marra, Francisco Bruzco



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