Los textos autorizados por la ANC hacen énfasis en el apoyo a las empresas de producción social, los consejos comunales y los cambios en los patrones de consumo.

Caracas. El Gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con sus normativas no solo cercan al  sector privado,  también buscan consolidar el sistema económico comunal que se ha estado desarrollando desde hace 11 años.

El fallecido presidente Hugo Chávez Frías contempló en 2007 una reforma de la Constitución para incluir empresas socialistas y, aunque los cambios fueron rechazados en un referendo, igual avanzó en su modelo mediante leyes Habilitantes y normas aprobadas por la Asamblea Nacional. El Parlamento en 2010 elaboró los instrumentos que crean el Estado Comunal y las empresas comunales.

El modelo se incluyó en el Primer Plan Socialista y se amplió en el Plan de la Patria, y en momentos en que la crisis se profundiza, el presidente Nicolás Maduro insiste en acelerar ese régimen. En sus alocuciones ha instado a adelantar más estructuras del sistema socialista para incorporarlas en el  Plan de la Patria II, que está en elaboración.

El abogado José Ignacio Hernández explica que “se busca afianzar la planificación centralizada. Aunque hay instituciones de economía centralizada, una parte de la actividad económica opera como economía de mercado, ahora el Gobierno quiere acabar con eso”, y agrega que la vía utilizada para radicalizar es la ANC.

La cuestionada Asamblea Constituyente ejecuta parte de las peticiones del mandatario cuando en los textos que autoriza incluye el apoyo a las empresas comunales, la centralización de las compras y los cambios en los patrones de consumo.

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El denominado texto contra la guerra económica —que en realidad ajusta el esquema de contrataciones del sector público— tiene la instrucción de favorecer a las organizaciones del sistema comunal.

Los procesos de contratación deben promocionar a dichas empresas. Uno de los artículos destaca que “el régimen de contrataciones tendrá disposiciones que garanticen la promoción de la industria nacional y márgenes de preferencia que beneficien a la pequeña industria y las organizaciones socioproductivas del sistema comunal”.

Los constituyentes adicionalmente le imponen condiciones a las empresas foráneas en la norma para la promoción de inversión extranjera, a fin de que ayuden al sistema comunal.

Las empresas extranjeras tienen que adquirir insumos de las empresas comunales. El texto indica: “Se estimulará a las empresas extranjeras a que prioricen las adquisiciones de los productos de origen nacional, especialmente de las unidades productivas públicas y de propiedad social y cooperativa, con el objetivo de contribuir a desarrollar la estructura productiva nacional y de apoyar la economía popular y solidaria”.

Y añade que “la conducta socialmente responsable de las empresas extranjeras será tenida en consideración a la hora de diseñar las reglamentaciones que condicionen los estímulos otorgados a las empresas extranjeras de todos los sectores de actividad”.

El constituyente Gerson Hernández apunta que el objetivo de la norma es que “la inversión tiene potenciar a las empresas comunales. Pueden invertir en el parte del proceso productivo de esas empresas y hasta hacer alianzas”.

Las últimas memorias y cuenta de los ministerios disponibles —que datan de 2015— evidenciaron que las empresas de producción social apenas alcanzaban 40% de sus metas de producción.

La centralización avanza con Agrosur.

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Entre los lineamientos de esa corporación se encuentra efectuar operaciones de exportación e importación de cualquier rubro y además podrá ejecutar “operaciones de transporte, almacenamiento, producción, distribución y comercialización de productos alimentarios, materia prima y cualquier otro servicio conexo a la actividad agrícola y alimentaria, garantizar la inclusión de las comunas, vinculadas con el desarrollo agroalimentario socialista”.

El vicepresidente de Economía, Wilmar Castro Soteldo —quien anunció que este año las importaciones tienen que bajar en 40%— cuando presentó el texto que constituye Agrosur dijo que el consorcio  agrupará a todas las empresas productivas agroalimentarias del país del sector público, incluyendo las cooperativas y empresas de carácter social.

“No es una corporación elitista y neoliberal que va a competir con Nestlé, con Pepsi, con Coca Cola, con Polar (…) Nosotros con esta estructura institucional, con este torpedo, con este misil que el compañero Nicolás ha ideado y conformado, vamos a romper esas barreras con todos los actores productivos del país”, destacó.

Tras los ajustes en el consumo

En el Gobierno ha sido una constante revisar los patrones de consumo y en los textos de la ANC está esa línea.

Los Clap se encargarán de ajustar los patrones de consumo de las familias. “Los Clap tienen que promover una nueva cultura alimentaria y patrones de consumo familiar que se ajusten a las realidades nacionales, regionales, locales y comunales”, dice la Ley de los Comités.

La crisis económica ya ha obligado a los venezolanos a cambiar sus patrones de consumo. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) reveló que, en 2017, 8,1 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día, y las comidas que consumen son de mala calidad, principalmente tubérculos. Las proteínas desaparecieron de la dieta.

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Los puntos centrales de las normas de la ANC

Texto

Objetivos

Consorcio Agrosur

  • Operaciones de exportación e importación de cualquier rubro.
  • Operaciones de almacenamiento, transporte, producción, distribución y comercialización de productos alimentarios, materia prima y cualquier otro servicio conexo a la actividad agrícola y alimentaria.

Ley contra la guerra económica

  • Flexibilizar esquema de contrataciones del sector público.

Ley de Precios Acordados

  • Definición de la estructura de costos de las empresas bajo la rectoría de la Vicepresidencia.
  • Elimina tope de margen de ganancia de 30 %.

Ley de los Clap

  • Crea los fiscales populares.
  • Da más poder a los Clap para fiscalizar los comercios.
  • Comités pueden revisar patrones de consumo.

Ley de los Consejos Productivos de los Trabajadores

  • Fiscalización de la producción de empresas.

Ley de Inversión Extranjera

  • Permite a las empresas la remisión de hasta 100 % de las utilidades y otorga incentivos.
  • Crea contrato de inversión extranjera que está condicionado a ciertos objetivos.
  • No permite a la inversión extranjera participar en el debate político.

Régimen tributario Arco Minero

  • Establece que los pagos de impuestos pueden hacerse en divisas.

Unidad Tributaria Sancionatoria

  • Las sanciones toman en cuenta un nuevo valor cuya referencia es la inflación.


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