Nueva Constitución podría obligar a agricultores a vender porcentaje de su producción al Estado

El constituyente Braulio Álvarez, del sector campesinos y pescadores, dijo a Crónica.Uno que la asignación obligatoria de cuotas de producción podría incorporarse a cambio de que el Estado financie a los productores. El exparlamentario del PSUV lamentó detención del diputado Juan Requesens.

Caracas. Braulio Álvarez, exdiputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y actual integrante de la comisión de soberanía alimentaria de la Asamblea Constituyente —ente considerado ilegítimo por instancias internacionales como la Unión Europea— conversó con Crónica.Uno sobre los cambios que podrían incorporarse en el texto constitucional que redacta el abogado Herman Escarrá desde la comisión constitucional, a solicitud del presidente Nicolás Maduro.

¿Qué novedades se incorporarían a la nueva Constitución para estimular la producción agrícola, tomando en cuenta que en este momento el país atraviesa una profunda crisis en la producción de alimentos?

—Lo que son tubérculos, hortalizas y musáceas a nivel rural eso no ha sufrido la situación especulativa. El problema está cuando entran los intermediarios y eso llega a Caracas, que es inaceptable. Entonces estamos hablando de refinanciamiento, de planes conjuntos con los sectores agroindustriales que bastante construyó el comandante Chávez y que se puedan poner en sintonía con las nuevas propuestas de intercambio. Hablamos de cómo parar el bloqueo, la amenaza de guerra, que exista un concepto democrático de armonía, de cordura. Eso es necesario para alcanzar cualquier tipo de desarrollo y eso es lo que estamos planteando en el sector rural, e inclusive convocando a los otros factores que tengan ganas de invertir en Venezuela. Por eso la Ley de Ilícitos Cambiarios que se hizo (*), para garantizar que los aranceles no sean fuertes contra ellos y eso permita más desarrollo.

¿Estaría previsto en la nueva Constitución crear consorcios o conglomerados agrícolas estatales, como lo que se hizo con la expropiación de Agroisleña que ahora es Agropatria?

—Nosotros creamos una ley que se llama la Ley de Conglomerado del Sur (**) que tiene como objetivo promocionar la organización de todos los productores. No negamos al sector privado y las leyes que estamos haciendo tienen como objetivo que el sector privado se sienta cómodo, los que están aquí y los que puedan venir. Ahora, por su puesto, debe existir allí un mínimo de porcentaje que debe quedar de remanente para el Estado y para el comercio nacional y también ellos estarían generando divisas para ellos como empresarios y para el país, porque necesitamos financiar con ese esfuerzo productivo a otros sectores de la economía. En el país estamos hablando de 2 millones de hectáreas de maíz, de leguminosas que tenemos que seguir produciéndolas y tratar de minimizar los productos químicos que hacen daño a la tierra y al ser humano cuando lo consume.

¿Usted ha participado en estas discusiones?

—Hemos estado en algunas conferencias nacionales e internacionales de la comisión de los Derechos Humanos y participación ciudadana. Ningún país se ha desarrollado en guerra, en medio de persecución de unos contra otros.

Ahora que usted menciona el tema de los Derechos Humanos. La Constitución vigente es innovadora en materia de DD. HH. ¿La nueva Constitución va a cambiar algo del capítulo referido a los derechos humanos?

—Todo lo que hagamos en esa dirección tiene que ser para mejorarla.

¿Pero han hecho cambios en el capitulo de derechos humanos?

—Hay propuestas de la comisión constitucional, que dirige el constituyente Herman Escarrá, que se van a compartir con las otras 24 comisiones porque hay aportes que otras comisiones y el pueblo han venido haciendo. Por eso hablamos de conversaciones con los tribunales, con los fiscales, para buscar acuerdo y que no suceda lo que sucedió el 4 de agosto, que todos lo lamentamos. Eso es inaceptable, sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Hemos dicho que los organismos internacionales vengan y vean cómo se hizo, por qué se hizo. Nosotros no queremos colombianizarnos, queremos cada vez más parecernos a la sociedad suiza.

Cuando usted habla de organismos internacionales entiendo que se refiere a que Maduro dijo que estaba abierto a que el FBI investigara los vínculos de los presuntos financistas del atentado con Miami y otras ciudades de Estados Unidos. Pero Venezuela no le ha permitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU visitas in situ desde hace más de 10 años ¿Abrirse a esas visitas podría ser una posibilidad en este momento?

—Hay dos cosas que ha dicho el Presidente. Cuando decimos ‘vengan para que vean’, con toda la ciencia y la tecnología que ellos dominan, hay una disposición a la apertura. Ahora ¿cómo plantearla? No puede ser por la fuerza, no puede ser violentando el Estado de Derecho, no puede ser inconsulta con quien tiene que tomar esa iniciativa, que es el presidente de la República. Por eso hace falta y el Presidente también lo dijo, que estaba llamando a todas las corrientes del pensamiento en Venezuela, desde las más radicales, para que hagamos propuestas de cómo avanzar hacia lo que queremos que no es la guerra, no es la muerte, no es la invasión. Tiene que ser en consulta con el Presidente y con el pueblo.

En su condición de exdiputado ¿usted considera que el Estado actuó correctamente en el caso del diputado Juan Requesens? Él fue detenido en su residencia sin orden, se mostraron varios videos de él ya en manos del Sebin, situación que ha sido condenada por la Unión Interparlamentaria mundial donde el PSUV tuvo un papel importante en el pasado reciente.

—Me toca opinar sobre un tema muy delicado. Quienes fuimos perseguidos, quienes fuimos encarcelados, quienes fuimos torturados, quienes fuimos enjuiciados no deseamos que esto suceda. Uno como ser humano, como luchador político toma algunas iniciativas en la vida y esto tiene consecuencias.

Concretamente le pregunto sobre el procedimiento establecido en el artículo 200 que usted cita, que dice claramente cuál es el procedimiento para detener a un diputado. ¿Usted considera que la actuación del Sebin y el MP estuvo ajustada al texto del artículo 200?

—A lo mejor n… desde el punto de vista de actuación policial no pareciese pero desde el punto de vista de los hechos que se produjeron ameritaba una actuación. Ahora, mañana o pasado, los tribunales, su defensa, demostrarán o no si eso fue positivo o fue negativo.

Foto referencial: Luis Miguel Cáceres @lmcaceres93

Vídeo Maru Morales P., Crónica.Uno

(*) La ANC no hizo una nueva Ley de Ilícitos Cambiarios sino que derogó la vigente y mediante un acto normativo creó algunos nuevos parámetros cambiarios.

(**) Álvarez se refiere a la creación del consorcio Agrosur, anunciado por la ANC en noviembre del año pasado.