A una semana de que los familiares de 28 mineros denunciaran que sus seres queridos habrían sido masacrados, las autoridades no han encontrado a los desaparecidos.
Juan Francisco Alonso
Caracas. El caso de los mineros de Tumeremo (Bolívar) ha disparado las alarmas en la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), donde les parece inconcebible que las autoridades hayan sido incapaces de encontrar a los desaparecidos pese al tiempo transcurrido, pero sí hayan dedicado sus esfuerzos en vincularlos con “actividades delictivas” y en “reprimir y censurar las denuncias y protestas” de sus familiares.
Así se desprende de un comunicado que hoy emitió la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, con motivo de cumplirse la primera semana de la desaparición de las 28 personas, en el cual reclamaron del Estado “investigar exhaustivamente y de forma inmediata, oportuna e imparcial los hechos hasta sus últimas consecuencias, para que se conozca con certeza lo que ha sucedido con los desaparecidos y se sancione con todo el peso de la ley a los culpables”.
En el escrito los prelados también demandaron de los actores políticos “abstenerse de formular declaraciones que estigmaticen o inculpen a las víctimas y a sus familiares, por cuanto la obligación de garantizar la vida y la integridad física de las personas no tienen eximentes basadas en la presunta participación de las víctimas en actividades ilegales”.
Como en México
Las similitudes entre este caso y el de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa preocupa a los obispos venezolanos. Así lo admitió el arzobispo de Mérida, monseñor Baltazar Porras, quien en conversación telefónica con Crónica.Uno aseveró que este era uno de los motivos por los cuales emitieron este duro pronunciamiento.
“Hay similitudes preocupantes, por un lado la desaparición de un número tan importante de personas y que pese al paso del tiempo no se sepa nada de ellos. También están las denuncias de los familiares sobre los presuntos nexos entre delincuentes que actúan en la zona y efectivos de los cuerpos de seguridad. Todo eso es un cuadro preocupante que debe forzar a las autoridades a actuar”, afirmó el expresidente de la CEV.
En el documento estos temores quedaron plasmados así: “La ola de crímenes y violencia llena todos los rincones del país sin que se vea solución efectiva ante este fenómeno. No existe actividad humana y económica que no haya sido tocada por la violencia. Como ciudadanos vivimos permanentemente en la zozobra e incertidumbre ante un ambiente enrarecido, y atendiendo los derechos que nos amparan queremos llamar la atención para que no sea un hecho más sin solución en la historia de Venezuela”.
Por último, Porras lamentó que funcionarios regionales y nacionales a priori hayan pretendido desacreditar las denuncias de los familiares, de las cuales se hizo eco el obispo de Ciudad Guyana, monseñor Mariano Parra, en lugar de investigar lo ocurrido
Foto: GhettoPhoto/Francisco Bruzco
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