La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal reclamó de las autoridades castigar a los responsables de la desaparición y asesinato de los 12 campesinos, así como responder a sus familiares.

Caracas. Venezolano que se precie de ser católico no puede participar ni colaborar en violaciones a los Derechos Humanos. Así lo afirmó la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), la cual expresó su “profundo dolor” ante la desaparición forzada y asesinato de 12 campesinos en Barlovento (Miranda) ejecutada por efectivos del Ejército que participaban en la polémica Operación de Liberación del Pueblo (OLP), al tiempo que reclamó de las autoridades acciones para evitar que estos hechos se repitan.

En un comunicado, la instancia presidida por monseñor Roberto Luckert llamó a todos fieles católicos a ser “defensores y cultores de la vida humana en todas sus etapas; no haciéndose partícipes ni colaboradores de acciones que atenten contra el derecho a la vida, cumpliendo así con sus deberes como cristianos y ciudadanos que construyen y trabajan por la paz”.

Tras demandar de las autoridades que castiguen a los responsables de estos hechos y que “implementen medidas que hagan posible el ejercicio de la contraloría social” sobre los cuerpos de seguridad, la instancia religiosa exigió que los familiares de las víctimas sean reparados de manera integral, incluyendo “la garantía de no repetición de los hechos y la rehabilitación de la memoria” de sus seres queridos.

La comisión episcopal se sumó al coro de voces que han cuestionado la OLP, por considerar que es realizada “de manera indiscriminada” y que las autoridades “no han cumplido sus deberes de prevenir violaciones a los Derechos Humanos y respetarlos”.

Desde que en julio de 2015 el Gobierno lanzó este plan, su última iniciativa contra el crimen, se han registrado denuncias de detenciones arbitrarias y masivas, de allanamientos ilegales y de ajusticiamientos. Hasta agosto, el Ministerio Público (MP) había abierto 333 investigaciones para determinar las circunstancias en las que perdieron la vida igual número de personas en estos procedimientos y tenía más de mil policías y militares procesados. Sin embargo, desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) elevan la cifra de víctimas hasta 850.

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Para la CEV “la actitud soberbia y sorda” de las autoridades frente a las críticas es la responsable de situaciones como las vividas en Barlovento y también en Cariaco (Sucre), donde 21 personas fueron asesinadas, y que, a su juicio, “retrotrae a la sociedad venezolana a las peores prácticas por las que el propio Estado reconoció su responsabilidad”.

En su comunicado, Luckert extendió la solidaridad del Episcopado a los familiares de las víctimas, por los que dijo “oramos insistentemente a Dios para que les dé fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor y que permita una justicia pronta y efectiva, que no dé lugar a la impunidad”.

Más detenidos

Respecto a las investigaciones de la masacre de Barlovento, el MP anunció que este miércoles imputará a dos uniformados más por su presunta participación en la misma.

En un comunicado, el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz indicó que el mayor Luis Eduardo Romero Arcia y el capitán Daniel Contreras Primera serán procesados por su presunta responsabilidad en las torturas y posterior muerte de 12 personas, quienes fueron halladas el viernes 25 y sábado 26 de noviembre en zonas montañosas de la localidad mirandina.

Los uniformados fueron detenidos el domingo, aunque no se precisó ni el lugar ni las circunstancias de su captura; y con ello la cifra de aprehendidos por este caso subió hasta los 12.

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