Desde Cofavic y Provea reclaman del Ministerio Público, los tribunales y de la Defensoría del Pueblo que logren que el organismo de inteligencia deje de citar ciudadanos sin contar con las respectivas órdenes judiciales.
Caracas. Como una prueba del “derrumbe del Estado”. Así califican organizaciones de Derechos Humanos la actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que en cinco días se ha dado a la tarea de citar a tres alcaldes, dos concejales y a un activista opositor, bajo la excusa de tener abiertas investigaciones contra ellos.
“Quieren erigirse como un Estado dentro del Estado y dentro del proceso de creciente militarización que está viviendo el país esto es muy preocupante”, afirmó Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
En similares términos se manifestó la directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien alertó: “En un Estado de Derecho debe haber seguridad jurídica y en el curso de una investigación penal esa seguridad jurídica depende de que una persona solo sea detenida si hay una orden judicial en su contra o si es agarrada cometiendo un delito en flagrancia. Las policías no pueden estar citando a personas ni deteniéndolas por su cuenta, ellas están sometidas al control de los fiscales y de los jueces (…) Esto es producto del déficit de institucionalidad democrática que hay en Venezuela”.
Ambos activistas se mostraron preocupados por los casos de los alcaldes de El Hatillo, de Porlamar y La Asunción, David Smolansky, Alfredo Díaz y Richard Fermín, respectivamente, así como contra los concejales Pedro Marcano, Gabriel Alarcón y el dirigente estudiantil de la Universidad de Oriente (UDO) y secretario de Organización Juvenil de Primero Justicia (PJ), Pedro Morantes, quienes fueron convocados por el organismo, dirigido por el general Gustavo González López, para declarar por distintas averiguaciones que dice tener.
Sin embargo, todos los señalados terminaron yendo al Ministerio Público (MP) y allí les aseguraron que no tenían ninguna causa contra ellos o que los involucrara.
Tanto Uzcátegui como Ortega llamaron al despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz, a los tribunales y al defensor del Pueblo, Tarek Wiliam Saab, a ponerle coto a esta situación, que el primero calificó de “usurpación de funciones”; mientras que la segunda la equiparó a lo que ocurría en Venezuela mientras estuvo en vigencia la Ley de Vagos y Maleantes: “una ley que permitía a la policía detener a personas por su aspecto, sin orden judicial”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado difundido este miércoles exigió a las autoridades “cesar todas las detenciones que se realicen al margen de la ley” e instó a los jueces y fiscales a “no dar curso a procesos judiciales sin sustento en contra de líderes políticos, periodistas y manifestantes”.
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Tras recordar que en democracia el debido proceso y las garantías judiciales no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia, Ortega afirmó: “Una democracia se diferencia de una dictadura precisamente porque cuando se detiene a una persona se le presenta una orden judicial o en flagrancia, se le informa a dónde se le va a llevar y allí se le permite que sus familiares y abogados lo visiten y se le pone a disposición de su juez natural”.
La Directora de Cofavic aprovechó para advertir que lo ocurrido con Yon Goicoechea, quien solo horas después de haber sido detenido se conoció que ciertamente había sido aprehendido por el Sebin; o el caso del abogado Braulio Jatar, trasladado de un centro de reclusión a otro sin que se notificara a sus familiares y abogados, lo que podría considerarse una desaparición forzosa.
“Cuando hay un período de tiempo plagado de incertidumbre e incomunicación prolongada se configura el crimen de desaparición forzada, el cual no desaparece porque luego se sepa dónde está persona”, alertó.
Uzcatégui, por su parte, pidió no perder de vista que las actuaciones irregulares del cuerpo de inteligencia se dan en el marco de un Estado de Excepción y de una creciente militarización, donde “la seguridad del Estado es más importante que la de las personas”.
Las acciones del Sebin se vienen produciendo desde hace meses. Algunos en predios judiciales apuntan al caso del jefe del Seguridad del presidente de la Asamblea Nacional (AN), comisario Coromoto Rodríguez, como el detonante.
Rodríguez fue detenido por agentes del cuerpo de seguridad días después de la marcha opositora del 18 de mayo, en la cual se registraron unos disturbios que pretendieron achacarle al jefe de escoltas del diputado Henry Ramos Allup. Sin embargo, durante la audiencia de presentación el MP decidió no imputar al detenido y pidió su liberación, por considerar que la misma fue ilegal porque no ocurrió en flagrancia. Postura que no agradó al despacho que dirige González López.
Pese a esta opinión, la jueza del caso, María Magdalena Díaz, decidió dejar privado de libertad a Rodríguez y algunos señalan presiones del Sebin para esta decisión.
El miércoles, el Ministerio Público en un comunicado admitió que en El Helicoide hay 16 personas detenidas, entre ellas los 14 agentes de la Policía de Chacao acusados de participar en el asesinato del exjefe de Prensa de la AN, Ricardo Durán, pese a que existe una decisión judicial que ordena liberarlos.
Todos estos casos revelan que el Sebin ha asumido el rol de juez y fiscal.
Foto: AVN
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