Representantes de asociaciones civiles señalaron que si no se toman “medidas concretas”, la situación política, económica y social del país continuará en deterioro.
Caracas. Representantes de Organizaciones No Gubernamentales participaron este martes en un foro sobre la situación política y los derechos humanos organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA). El evento contó con representantes de Provea, Transparencia Venezuela, el Foro Penal Venezolano (FPV) y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. “En Venezuela se está extinguiendo el estado de Derecho”, indicó el representante de Provea, Inti Rodríguez.
En el debate estuvo presente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien solicitó la suspensión de Venezuela del organismo por romper el orden democrático y constitucional del país. “La sociedad civil no va a ser callada en la OEA mientras yo sea el secretario general”, señaló.
Rodríguez recordó que, desde el pasado 20 de octubre cuando fue suspendido el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, Provea calificó de “dictadura del siglo XXI” al Gobierno venezolano. “A diferencia de lo que el imaginario popular considera una dictadura clásica, este gobierno de Maduro, esta dictadura del siglo XXI, se caracterizar por ser un Gobierno que llegó al poder por los votos y se vale de mecanismos que brinda la democracia”.
Rodríguez indicó que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 13 millones de venezolanos están en situación de pobreza.
Cerca de 5 millones de personas pasaron a ser pobres en Venezuela, eso es superior a la cantidad de habitantes de Uruguay. El gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una fábrica de pobreza y exclusión”.
Resaltó las violaciones a los Derechos Humanos con los ahora denominados Operativos de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). “Tuvo consecuencias terribles. Si nos asombra que haya 2000 personas detenidas, procesadas y enjuiciadas entre 2014 y 2017 nos debe asombrar más que 20.000 personas fueron detenidas en ocho meses con la OLP, personas de comunidades populares detenidas de forma arbitraria”.
Todos los representantes coincidieron en que temen que el Estado venezolano tome represalias contra ellos por exponer la situación venezolana ante el organismo hemisférico. “Corremos el riesgo franco de ser criminalizados por estar aquí haciendo lo que nuestra Constitución y los tratados internacionales nos permiten hacer, que es denunciar lo que pasa en Venezuela”, señaló Gonzalo Himiob del FPV.
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Hambre y corrupción
El director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Antonio Ponce, afirmó que las protestas por el desabastecimiento de alimentos se incrementaron. “Cada día que pasa sin acciones concretas la situación se está agudizando y cada día vemos a más personas pasando trabajo en las calles. Se pasó de protestas por no tener alimentos, a saqueos a abastos y supermercados y, más recientemente, vemos a la gente comiendo en depósitos de basura”.
Aseveró que los venezolanos sí protestan de manera permanente por la situación del país: “Observamos que la protesta en Venezuela está generalizada, tanto en zonas urbanas como rurales, vemos que las protestas son masivas y espontáneas. Hace unas semanas, el Gobierno decidió intervenir las panaderías, son medidas autoritarias que no van al origen del problema”.
Mercedes de Freitas, representante de Transparencia Venezuela, afirmó que en el nación sureña existe una “corrupción sistémica” y gran opacidad en el manejo de los recursos públicos.
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AN respaldó gestiones en la OEA
Este martes en la tarde, la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo en el que respalda la convocatoria a un consejo permanente en el seno de la OEA en el que se evalúe a Venezuela y el “alteramiento” del orden democrático en el país.
En el texto instan al Consejo Permanente de la OEA a acudir “con urgencia” a lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (CDI) para restituir el derecho al voto en el país. También requieren que esos mecanismos garanticen: la liberación inmediata de todos los presos políticos, el establecimiento de un canal humanitario que permita el acceso de alimentos y medicinas, el respeto a las facultades de la AN, la separación de poderes y autonomía en funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral y el respeto y garantía de los Derechos Humanos.
El artículo 20 de la CDI se refiere a la realización de “gestiones diplomáticas” para promover la normalización de la institucionalidad democrática. En su lectura del acuerdo el secretario del parlamento, José Ignacio Guédez, no mencionó el artículo 21, solicitado por Almagro, para que Venezuela sea suspendida del organismo.
“[Exhortamos] a los gobiernos de los estados parte de la OEA y sus representantes que respalden las decisiones en el consejo permanente sobre la discusión de la severa crisis institucional y humanitaria que padece Venezuela y la adopción de medidas efectivas que favorezcan una pronta canalización electoral del conflicto político y social” (sic), se le en el texto.
Foto referencial: EFE
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