ONU y CIDH expresan preocupación por aumento de ataques a periodistas

David Kaye y Edison Lanza, relatores para la libertad de expresión de ambos organismos, en una carta conjunta al Gobierno le exigieron garantizar a los periodistas el ejercicio de su profesión, sin cortapisas y bajo protección.

Caracas. Los 70 ataques a periodistas registrados en lo que va de 2016 y decisiones como la sentencia que hace dos meses dictó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), prohibiendo a los medios digitales difundir videos de linchamientos de presuntos criminales, han disparado las alarmas en las Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancias que le exigieron este jueves al Gobierno venezolano garantizar la libertad de expresión y a quienes la ejercen.

“Estamos profundamente preocupados por los recientes ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes, que aumentan la presión sobre los medios de comunicación en Venezuela. Esto es especialmente alarmante dada la escasez de alimentos y medicamentos en el país, la crisis económica y las fuertes tensiones sociales y políticas”, afirmaron el relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye; y el relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, en una misiva enviada al Ejecutivo Nacional.

Tras recordar que las fuerzas de seguridad deben “proteger y no hostigar a los reporteros y periodistas que llevan a cabo su labor legítima de informar al público”, los expertos recordaron que “las amenazas o ataques contra periodistas y medios de comunicación no solo infringen los derechos de estas personas, sino que además socavan la capacidad de los venezolanos e individuos en otros lugares de estar informados sobre eventos de vital importancia”.

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Kaye y Lanza demandaron a las autoridades investigar los ataques perpetrados por grupos civiles afectos al Gobierno, como el registrado en mayo en la avenida Urdaneta de Caracas, donde colectivos asaltaron y golpearon al menos a 13 comunicadores que se encontraban cubriendo una protesta por falta de alimentos ante la mirada complaciente de efectivos de la Guardia Nacional.

Entre fallos y concesiones vencidas

La decisión del TSJ que prohibió a los medios digitales difundir videos de linchamientos de presuntos delincuentes también preocupa a la ONU y a la CIDH, pues “establece una restricción desproporcionada y poco razonable, contradiciendo los estándares interamericanos e internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura”.

El cierre de una emisora en Barinas a principios de junio tampoco les sentó bien, por cuanto están al tanto de que centenares de estaciones radiales se encuentran operando sin permiso porque las autoridades no les han entregado las respectivas concesiones. “Las normas internacionales son claras en este asunto: precisamente para evitar abusos, los procesos para la concesión de licencias de radiodifusión deben ser razonables, objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios”, apuntaron.

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En febrero pasado la Cámara Venezolana de la Radiodifusión informó a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional (AN) que en el país hay unas 200 emisoras a la espera de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) responda sus peticiones de renovación de sus permisos, mientras que 1.500 más están operando ilegalmente.

Por último, los relatores aguardan a que su misiva sea respondida por las autoridades.

Foto: Roman Camacho


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