Los relatores para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamaron a las autoridades garantizar el libre flujo de información y la liberación de todas las personas detenidas por ejercer el periodismo.

Caracas. La decisión del gobierno venezolano de bloquear las señales de medios internacionales que se emitían por cable y de nacionales que transmitían por Internet las protestas que en las últimas tres semanas han sacudido el país, fue rechazada por los relatores para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), quienes la consideraron un acto de censura “incompatible con los estándares internacionales” en materia de garantías fundamentales.

La afirmación la hicieron David Kaye y Edinson Lanza, representante de la ONU y de la CIDH, respectivamente, en un comunicado conjunto emitido este miércoles, en el cual también exhortaron a las autoridades a liberar a todos los detenidos por ejercer el periodismo.

Tras recordar que “buena parte de los medios televisivos se encuentran bajo control del Gobierno, mientras que el sector privado opera con restricciones debido a que han vencido sus licencias y las autoridades se niegan a renovarlas desde hace más de dos años”, los expertos aseveraron que:

La regulación y limitación o bloqueo de páginas o señales televisivas que transmiten a través de Internet, aún bajo un estado de emergencia, son desproporcionadas e incompatibles con los estándares internacionales.

El artículo 57 de la Constitución establece: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. Sin embargo, a lo largo de estos años las autoridades han aprobado distintas leyes y los tribunales han dictado sentencias que avalan la censura previa, por razones de seguridad nacional.

Kaye y Lanza advirtieron a la comunidad internacional que la situación no es nueva ni es producto del “quiebre del orden constitucional” que se produjo en el país a raíz de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en la práctica liquidaron a la Asamblea Nacional dominada por la oposición, sino que es un problema de vieja data, pero que se ha agravado.

Tanto antes como después del quiebre del orden constitucional y democrático denunciado por organismos internacionales, el espacio para las voces críticas de periodistas, representantes de la sociedad civil, defensores de Derechos Humanos y representantes de la oposición se ha deteriorado en forma continua, señalaron.

Este es el segundo comunicado conjunto que los relatores dedican a Venezuela. En agosto pasado emitieron el primero, en el cual expresaron su alarma ante “medidas que aumentan considerablemente la presión sobre los medios de comunicación y limitan aún más la capacidad de realizar su trabajo de forma independiente”.

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Balance preocupante

El bloqueo de las señales de VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV, así como de Todo Noticias y El Tiempo de Colombia fue condenado por los funcionarios de la ONU y la CIDH.

“Las órdenes arbitrarias de Conatel tanto para suprimir señales de la televisión por abonados como para Internet restringen la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal y constituyen una forma de censura”, denunciaron Kaye y Lanza.

Los medios censurados transmitían información sobre las protestas contra el Gobierno que se desarrollan en distintos puntos del país, en contraposición al grueso de los medios tradicionales de radio, televisión y prensa, los cuales no están cubriendo estos hechos.

Los funcionarios también expresaron su preocupación ante las informaciones sobre la detención y agresiones que han sufrido comunicadores mientras cumplían sus labores.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó el pasado martes que, hasta ese día, 14 comunicadores habían sido aprehendidos mientras cubrían manifestaciones y que otros 106 habían sido agredidos por agentes de los cuerpos de seguridad o simpatizantes del oficialismo o de la oposición.

Los relatores calificaron de “hecho sin precedentes” el caso del periodista Braulio Jatar, quien permanece detenido desde septiembre de 2016, tras haber difundido un video que mostraba a personas protestando frente al presidente Nicolás Maduro en la Isla de Margarita.

Foto referencial: Cristian Hernández



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