La removida fiscal general hizo el señalamiento al participar, vía Skype, en una reunión que sus colegas de la región celebran en México para abordar el tema de la delincuencia organizada. Allí aprovechó para pedir que no colaboren con su sucesor, por considerar que destruirá evidencias.
Caracas. Luisa Ortega Díaz insiste en que su remoción y la persecución que las autoridades mantienen en su contra busca impedir que se conozcan sus hallazgos de las investigaciones en el caso Odebrecht, en las cuales aseguró aparecen “involucrados el señor Nicolás Maduro y su entorno”.
El señalamiento lo realizó la fiscal general removida por la Constituyente al participar este viernes, vía Skype, en una reunión que sus colegas de la región celebran en México para abordar el tema de la delincuencia organizada y donde los instó a no cooperar con su sucesor, Tarek William Saab, a quien tachó de “usurpador” e “ilegítimo”, pues “cualquier información que remitan al Ministerio Público va a ser utilizada con fines contrarios a los previstos, sería destruida la evidencia y aprovecharían la información para atentar contra las fuentes”.
La palabras de Ortega Díaz fueron difundidas por la Procuraduría General de México, la anfitriona de la cita, por petición de ella.
“Nuestra institución fue asaltada y tomada militarmente por la fuerza de las bayonetas. Más de 300 militares de la Guardia Nacional y otros cientos funcionarios de la policía política [Sebin] participaron en ese deshonroso evento”, afirmó, al tiempo que agregó:
“El personal, directores, altos funcionarios y muchos fiscales fueron desalojados de forma violenta de su lugar de trabajo. A 64 fiscales nacionales se les dictó prohibición de salida del país, sin ninguna fórmula procesal, por capricho del Gobierno. Todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht, todos ustedes conocen ese caso, el mayor hecho de corrupción de la región, y [esta investigación] los tiene [al Gobierno] muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones, montos y personas que se enriquecieron. Esta investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno”.
En mayo pasado, la justicia brasileña difundió una delación —confesión a cambio de beneficios procesales— que Mónica Moura, esposa del publicista Joao Santana, artífice de la última campaña del fallecido Hugo Chávez, dio y en la cual aseguró que recibió del actual Jefe de Estado 11 millones de dólares en efectivo como parte de los honorarios de su marido.
Dichos fondos habrían salido de Odebrecht y otras empresas brasileñas que operan en el país. “Informa la colaboradora que el canciller Nicolás Maduro exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña de reelección se hicieran con recursos no declarados, siendo que los pagos extraoficiales serían hechos por Odebrecht y por Andrade Gutiérrez”, se lee en el escrito, de 16 páginas, en el cual Moura asegura que unos 15 millones, del total de 35 pactados, jamás le fueron cancelados por las autoridades venezolanas.
Para ahondar en esta información, Ortega Díaz envió —a principios de agosto— dos fiscales a Brasil, quienes se entrevistaron con Santana y Moura. Uno de los que participó en esta comisión es el ahora solicitado Pedro Lupera, quien llevaba estas averiguaciones.
Lupera fue denunciado el miércoles por el constituyente Diosdado Cabello de formar parte de una red que extorsionaba y chantajeaba a empresarios y personas que tenían investigaciones abiertas en el Ministerio Público (MP). El señalamiento fue acogido por Saab, quien minutos después anunció su destitución y que había solicitado la captura del funcionario.
En Colombia
Ortega Díaz este viernes llegó a Bogotá, informó Migración Colombia en un comunicado en el que detalló que la fiscal removida ingresó al país proveniente de Aruba en vuelo privado junto con su esposo Germán Ferrer.
La decisión de su salida, según fuentes consultadas, se habría producido en virtud de la polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ordenar la detención del esposo de la removida fiscal general, a quien Cabello y Saab señalan de liderar la supuesta red de extorsión que operaba en el MP.
El máximo juzgado acogió la tesis del fiscal provisorio, según la cual el parlamentario cometió un delito en flagrancia, cuando presuntamente abrió en marzo de 2016 y abril de este año varias cuentas en un banco de las Bahamas.
El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal establece: “Se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor”.
Foto: AVN
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