Desde Costa Rica, el segundo país que visita desde que abandonó Venezuela, la destituida Fiscal General de la República volvió a acusar al presidente Nicolás Maduro de enriquecerse a costa del erario público. Esta vez dijo que se hizo con entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo.

Caracas. Luisa Ortega Díaz pasó de las palabras a la acción y ya comenzó a entregarle a las autoridades de otros países parte de las pruebas que tiene y que demostrarían que funcionarios venezolanos recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Tengo muchas pruebas del último escándalo de corrupción que afecta no solo a Venezuela sino a toda la región: Odebrecht. Hay unas pruebas que involucran a un miembro de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, yo me reuní con unos fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos y esas pruebas fueron entregadas. Otras pruebas las he dejado en Brasil, afirmó este martes la Fiscal General removida por la cuestionada Constituyente, desde Costa Rica, a donde viajó para reunirse con su homólogo de ese país y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

La semana pasada desde Brasil, el primer país que visitó tras dejar Venezuela el 18 de agosto pasado, la funcionaria reveló que el Jefe de Estado sería el propietario de una de las empresas que suministran alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y que el constituyente Cabello recibió 100 millones de dólares de la constructora brasileña.

Pero estos no fueron los únicos anuncios que realizó la abogada guariqueña, quien tras denunciar que el Gobierno “ha contratado sicarios para acabar con mi vida”, reveló: “El presidente Nicolás Maduro sustrajo fisco nacional entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma. Utilizaron como fachada a la empresa venezolana Contextus Comunicación Corporativa, que es propiedad de Mónica Ortigoza Villasmil, esposa de Alejandro Escarrá, sobrino del constituyente Hermann Escarrá”.

Esta millonaria operación de corrupción también involucra a Elías Jaua [ministro de Educación], Jorge Rodríguez [alcalde de Caracas], [el embajador en Austria] Jessi Chacón y [el exagregado en EEUU] Maximilian Sánchez Arbeláez, prosiguió.

Por lo que sabía

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La removida Fiscal reiteró que su destitución fue porque no atendió los dictados del Ejecutivo, en particular en relación con las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la reciente ola de protestas que sacudió al país y puso como ejemplo lo ocurrido con el caso del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado a mediados de abril en Altamira.

El Gobierno quería que dijera que ese muchacho había muerto por una pistola de perno cuando las evidencias indicaban que había sido la Guardia Nacional la que lo había asesinado, aseveró, al tiempo que afirmó que las 128 muertes y los más de 2000 lesionados que ocurridos durante las manifestaciones no fueron hechos aislados y respondieron a una política.

Hemos detectado y tenemos pruebas contundentes sobre el uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones, de la modificación de las municiones, le incorporaban metras y objetos metálicos para que no existiera las pruebas (…) sobre el uso desproporcionado de gases tóxicos cerca de escuelas y hospitales, de las miles de detenciones arbitrarias, de las torturas y tratos crueles que ocurrieron durante las detenciones y posterior a las mismas, todo esto es producto de órdenes superiores para la violación masiva de Derechos Humanos así como el constante encubrimiento de los autores y partícipes por parte de los jerarcas militares, soltó.

¿Por qué ahora?

Los señalamientos de Ortega Díaz representan un giro de 180 grados, pues ella a lo largo de su gestión sostuvo que los excesos de uniformados eran producto de desviaciones y actuaciones individuales y no de una línea lanzada por las autoridades. Así ocurrió, por ejemplo, en 2014, cuando en la anterior ola de protestas se registraron decenas de abusos policiales y militares.

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Sin embargo, sobre por qué no habló antes. La removida Fiscal General aseguró que mientras que estuvo al frente del Ministerio Público intentó un sinfín de acciones a favor de los Derechos Humanos pero el Gobierno y sobre todo el “ilegítimo” Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las “torpedearon”.

“Agotamos todas las vías democráticas y constitucionales, por ello hemos emprendido una cruzada fundamentalmente en el continente porque en Venezuela no es posible obtener justicia en casos de violaciones a los Derechos Humanos, drogas, de delincuencia organizada”, sentenció, al tiempo que insistió en que “se impone la aplicación de fórmulas jurídicas aplicables al ordenamiento jurídico internacional para poder hacer justicia (…) hemos dado los primeros pasos para poner en marcha los mecanismos la justicia universal como forma legítima de aplicación del derecho y el combate de la criminalidad”.

Pero no solo los jerarcas del Gobierno fueron blanco de sus críticas, también su sucesor, Tarek William Saab, a quien tachó de “defensor de la dictadura”, pues “mientras fue el Defensor del Pueblo permitió la degradación internacional de dicho organismo, por no proponer acciones a favor de los Derechos Humanos”.

Hace justo un año, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió reprobar a la Defensoría del Pueblo y quitarle la posibilidad de participar en cualquier instancia de ese organismo internacional, por considerar que ese despacho “no está preparado para hablar con contundencia y promover el respeto de los Derechos Humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los Derechos Humanos cometidos por las autoridades gubernamentales”.

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Foto: Archivo



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