Luisa Ortega Díaz hizo el anuncio al aseverar que desconocía “el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial” y que no iba a renunciar al Ministerio Público.

Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Penal Internacional de La Haya o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Ministerio Público (MP) analiza a cuál de los tres organismos —o si a los tres— acudirá para denunciar al Gobierno y al Poder Judicial, por las “sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos” que se vienen registrando en el país desde que estalló la actual ola de protestas en abril pasado.

El anuncio lo hizo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en un nuevo pronunciamiento que ofreció en la tarde de este lunes para “desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial” porque “no tiene legitimidad” y porque “es una burla para el pueblo y su soberanía”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que más de 8 millones de personas participaron en los cuestionados comicios de este 30 de julio, cifra que la oposición y el chavismo disidente consideran inflada.

Tras alertar que “estamos frente a una ambición dictatorial y eso ocurre cuando el país está viviendo la más cruenta crisis política, económica y social”, la jefa del Ministerio Público denunció que la cuestionada iniciativa presidencial ha provocado “delitos de lesa humanidad que se vienen ejecutando de manera sistemática y sostenida desde la convocatoria inconstitucional Constituyente presidencial, [pues] se violó el sagrado derecho a la soberanía y todo lo que ha ocasionado: homicidios, extorsión de funcionarios públicos para obligarlos a votar y otros amenazados con perder los beneficios otorgados por [Hugo] Chávez”.

La funcionaria, quien hasta no hace mucho era una dura crítica de las actuaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos en los temas referidos a Venezuela, atribuyó su cambio a las amenazas que el mismo domingo lanzó el presidente Nicolás Maduro en su contra y en contra de su despacho.

Es lamentable que el principal promotor de esta Constituyente presidencial le diera órdenes para reestructurar el Ministerio Público. No es [la Constituyente para] atacar el hambre, no es atacar la escasez de alimentos y medicamentos, no es para la paz. ¡No! Es acabar con este Ministerio Público. Eso es lo primero que va a hacer la Constituyente, acabar con todo aquello que sea un obstáculo para el poder absoluto. Lo que quieren es gobernar sin moral, sin principios republicanos sin control de la Asamblea Nacional ni del Poder Ciudadano ni del Ministerio Público ni de nadie”, dijo, al tiempo que agregó: “Si se cumplen las órdenes que le Presidente ha dado a la Constituyente estoy analizando acudir a instancias internacionales, porque los delitos de lesa humanidad los pueden conocer los organismos internacionales”.

Ortega Díaz informó que en los últimos cuatro meses 121 venezolanos han perdido la vida y que 25 % de ellos fue por la actuación directa de policías y militares, mientras que 40 % fue por actuación de grupos civiles armados; es decir, por presuntos colectivos afectos al chavismo.

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Sobre Odebrecht

La fiscal general achacó las amenazas en su contra a que “es incómoda porque no oculta los hechos” relacionados con las muertes, torturas, allanamientos ilegales y otros excesos ocurridos en los últimos para “complacer los planes desviados de un poder corrompido” y también porque tiene sus manos una investigación que en otros países ha hecho tambalear a gobiernos: Odebrecht.

“En el año 2008, el director general de la FAO dijo que se necesitaban 30 mil millones de dólares para erradicar el hambre en el mundo, bueno ese fue el monto que el Estado desembolsó, que le pagó a Odebrecht por 11 obras que están inconclusas”, dijo, para luego proseguir: “¿Quién se hace responsable de esto? ¿quién le da la cara al país por ese desfalco? A nosotros se nos ha dificultado la investigación porque las pruebas las tienen a quien estamos investigando, además porque tienen mucho poder y quieren más, por eso la Constituyente presidencial. Otro obstáculo es que muchas pruebas están fuera del país”.

Luego de reiterar que han corroborado que hay “muchos funcionarios venezolanos activos que aparecen involucrados en estos hechos”, la funcionaria acusó al Gobierno de buscar que se proteja a los responsables del “desfalco a la nación, a quienes bajo un falso discurso antiimperialista se venden al mejor postor”.

Por último, Ortega Díaz insistió en que no abandonará su despacho ni por el antejuicio de mérito que le tiene abierto el Tribunal Supremo de Justicia ni tampoco por las decisiones de la Constituyente.

Foto: Archivo



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