La destituida Fiscal General de la República criticó que las primeras medidas de su reemplazo hayan sido cerrar la cuenta de Twitter y sacar del aire la página web del Ministerio Público; y como muestra de que pretende continuar ejerciendo sus funciones informó que hasta ahora la cifra de fallecidos por la represión y la violencia en las manifestaciones que sacuden al país es de 128.

Caracas. Como un golpe de Estado. Así calificó Luisa Ortega Díaz tanto la instalación de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro, como su destitución del cargo de Fiscal General de la República por parte de ella; y por eso volvió a llamar a los ciudadanos no “reconocer, legitimar ni apoyar” a esa instancia y a defender la Constitución de 1999.

“Esta constituyente presidencial y el asalto militar al Ministerio Público es una nueva versión del Carmonazo del año 2002, lo que se ha activado desde el 30 de julio en el país es un Carmonazo Constituyente”, afirmó la destituida funcionaria por medio de un comunicado, en el cual advirtió que “estas tempestades que están sembrando traerá una cosecha para sus autores de consecuencias inimaginables, que lamentablemente afectará de manera negativa al país entero”.

Como ya lo hiciera en días pasados, Ortega Díaz aseveró que la iniciativa presidencial persigue perpetuar en el poder a la actual administración sin ningún tipo de control.

“El objetivo principal de este Carmonazo Constituyente es continuar el desfalco de la nación, dejar impunes casos como el de Odebrecht o el de todas las ilegalidades que giran en torno al Arco Minero y a la entrega de nuestra soberanía nacional. Solo con los 30.000 millones de dólares que el Estado venezolano le pagó a Odebrecht se podía resolver por un año el hambre en todo el mundo. ¿Cuánto alimento y medicina para el pueblo humilde de Venezuela hubiésemos podido comprar con estos recursos? Es por eso que necesitan acabar con un Ministerio Público independiente y que cumpla con la Constitución, a la que también pretenden desaparecer. Quieren instituciones solo para garantizar su impunidad y perseguir a sus adversarios”, afirmó.

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Terror y silencio

Ortega Díaz denunció que las nuevas autoridades del Ministerio Público llegaron a ese organismo cual “ejército de ocupación” y “asaltaron literalmente a su personal y a sus instalaciones, prohibieron la entrada de los directores, y han instaurado un régimen de terror como pretenden hacerlo en el país entero”.

Asimismo criticó que entre las primeras medidas de la nueva administración haya estado cerrar la cuenta de Twitter del organismo y sacar del aire su sitio web. No obstante, auguró que las mismas no servirán de nada. “No podrán borrar las altas tasas de homicidios que le han dejado al país, los muertos no se borran de la memoria de sus familiares ni de la conciencia de sus verdugos”, escribió.

Ortega Díaz le salió al paso a las declaraciones que el lunes hiciera el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, en relación a la preponderancia que el organismo le dio a los casos de excesos policiales y militares frente a los llamados “crímenes de odio”.

“Los usurpadores alegan la necesidad de ‘certeza’ y de ‘objetividad’, pero esperan las órdenes de la Presidencia de la República y de los órganos de inteligencia para actuar. Llevamos la investigación de hasta ahora 128 venezolanos asesinados y de más de 2 mil lesionados en el marco de la conflictividad iniciada en el mes de abril, con todo en contra, a pesar de los tribunales, a pesar de los organismos involucrados en violaciones sistemáticas de Derechos Humanos”, dice en el comunicado.

Dununcia  Ortega Díaz que “Al menos el 25% de los fallecidos son responsabilidad de la acción directa de las fuerzas de seguridad del Estado, al menos en un 60% de estos casos los organismos responsables no ejecutan las órdenes de aprehensión o simplemente no proceden con la entrega de los funcionarios involucrados”.

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“Investigamos con la misma rigurosidad todos los casos, un 40% es responsabilidad de civiles armados que actuaron contra los manifestantes ¿Dónde está la responsabilidad del Estado allí? ¿Qué hacen los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Dónde están los organismos de inteligencia? ¿Qué pasa con el control y regulación de las armas y las municiones en el país?”, se pregunta la funcionaria destituida.

También criticó las trancas de vías, por ser un foco generador de violencia y dijo que su despacho contabilizó que el 15% de los fallecidos ocurrieron en ellas.

Por último, hizo un llamado a los ciudadanos a la sindéresis. “No es con violencia ni con vías de hecho que vamos a salir de este atolladero. Ni la violencia social y mucho menos la violencia institucional generalizada son la solución, por el contrario, nos sumergen en una espiral que solo beneficia al autoritarismo y salidas de corte dictatorial”.



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