El Ministerio Público citó para imputar al polémico mayor general Gustavo González López por su negativa a acatar las órdenes judiciales de excarcelar a un grupo de personas que permanecen detenidas en el organismo de seguridad. El Ministro de la Defensa ascendió al grado de general en Jefe, el mismo del Libertador, al citado.
Caracas. 4 de julio será un día movido en Venezuela, pues mientras la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, deberá comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para enfrentar el antejuicio de mérito que el diputado chavista Pedro Carreño interpuso en su contra, simultáneamente al Ministerio Público (MP) deberá acudir el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para ser imputado por “graves y sistemáticas violaciones” a los Derechos Humanos.
La información la suministró la instancia garante de la legalidad en un escueto comunicado, en el cual informó que el uniformado deberá comparecer ante la Fiscalía 85 Nacional para responder por los casos de “allanamientos arbitrarios” cometidos durante la actual ola de protestas que sacude al país, pero también para explicar por qué su despacho se niega a acatar las decisiones judiciales que le ordenan excarcelar a una serie de personas que se encuentran detenidas, lo cual constituye “privaciones ilegítimas de libertad”.
En los últimos meses, el Sebin ha estado en la palestra por su actitud irregular. Por un lado, se ha dado a la tarea de citar a dirigentes opositores como el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, y a varios concejales, pese a que en el Ministerio Público no tenía ninguna investigación contra ellos. Sin embargo, su negativa a ejecutar las boletas de excarcelación emitidas por algunos juzgados es lo que más ha alarmado.
El Foro Penal Venezolano tenía contabilizados 15 casos de personas que debían estar en la calle y que el organismo mantenía tras las rejas, pero desde el Ministerio Público elevaron esa cifra hasta los 67.
Entre estos casos destacan el del dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicochea, detenido en agosto de 2016 y señalado de preparar hechos de violencia en la llamada “Toma de Venezuela” del 1° de septiembre de ese año y al que el Tribunal 21 de Control de Caracas ordenó excarcelar el 5 de diciembre de ese año, pero todavía continúa allí.
No solo por eso
González López también está en la mira del MP por haber sido el artífice de la polémica Operación Liberación del Pueblo (OLP), el último plan de seguridad puesto en marcha por el Gobierno y en el que participan militares. El despacho de Ortega Díaz ha sido muy crítico con esta iniciativa, debido a que en el marco de él se han ejecutado allanamientos y detenciones masivas sin las respectivas órdenes judiciales; y además se han registrado 241 casos de presuntas ejecuciones.
“No se descarta que más adelante se le pueda imputar por esto también”, aseveraron fuentes del organismo.
González López es el segundo alto oficial al que el Ministerio Público anuncia que desea procesar por las muertes, detenciones arbitrarias, malos tratos y demás violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la represión a las protestas. Este jueves ya anunció que el excomandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides, será imputado el 6 de julio.
Pese a que ambos oficiales son de alta graduación, ninguno está amparado por el privilegio del antejuicio de mérito, en virtud de que la Ley Orgánica de la Fuerza Armada lo restringió a aquellos que tienen “posiciones de comando”.
La decisión de la fiscal general no quedó sin respuesta de parte del Gobierno. Así el Ministerio de la Defensa difundió una resolución en la cual su titular, el general en Jefe Vladimir Padrino López, le confirió el grado de general en Jefe al citado. El documento no está numerado ni tampoco fechado, pero anuncia que el uniformado será ascendido este 5 de julio, Día de la Independencia.
Apoyo internacional
El posible enjuiciamiento y destitución de Ortega Díaz ha disparado las alarmas en el mundo. Este viernes, sus colegas del Mercado Común del Sur (Mercosur) emitieron un comunicado en rechazo contra cualquier intento por removerla y exhortaron que “su derecho a la defensa sea debidamente reconocido y pueda ser ejercido adecuadamente”, al tiempo que condenaron todos los actos de hostigamiento y amenazas contra su par.
El pronunciamiento de los fiscales se produjo luego de que desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas calificaran de “profundamente preocupante” las informaciones sobre el procesamiento de la fiscal general.
Por último, Ortega Díaz anunció que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Gobierno tomar medidas para proteger al personal del MP.
Foto: AVN
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