La fiscal general presentó tres recursos ante las salas Constitucional y Electoral contra los decretos presidenciales mediante los cuales Nicolás Maduro convocó la instancia encargada de redactar una nueva Constitución y fijó las condiciones para elegir a sus miembros.

Caracas. “El que persevera vence”. Esta expresión parece ser el mantra de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en su cruzada contra la Constituyente, pues pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó el lunes su primera demanda para anularla, este jueves anunció que interpuso otras tres para conseguir que la iniciativa del presidente Nicolás Maduro sea frenada.

La información la suministró el Ministerio Público (MP) en un comunicado de prensa, en el cual anunció que la funcionaria demandó ante la Sala Constitucional que sea derogado el decreto número 2830 del 1° de mayo de este año, a través del cual el mandatario convocó la instancia encargada de redactar una nueva Constitución o para reorganizar el Estado, por considerar que el primer mandatario solo puede “sugerir o proponer” la realización de dicho proceso, pero para que esa instancia se ponga en marcha es necesario que primero sea aprobada por los electores mediante un referendo, a la luz de los artículos 5 y 347 de la Carta Magna.

Como ya lo hiciera en la primera acción que intentó contra esta iniciativa, Ortega Díaz reiteró que la misma tal y como fue propuesta viola el principio de la progresividad de los Derechos Humanos, porque no se prevé un referendo previo como sí ocurrió en 1999, cuando se sometió a las urnas la convocatoria de la Constituyente así como el texto constitucional elaborado por ella.

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Si nosotros aprobamos la Constitución de República Bolivariana de Venezuela en un proceso de participación y consulta, a través de varios referendos, en consecuencia esos derechos no pueden ir hacia atrás. Ahora se pretende vulnerar la progresividad de los Derechos Humanos mediante un proceso constituyente donde la participación ha sido reducida a su mínima expresión (…) Los venezolanos deben tener más participación que la que se tuvo en 1999 o igual, porque de lo contrario es un retroceso, afirmó la fiscal general cuando el pasado 1° de junio interpuso la primera demanda contra la iniciativa.

Según lo informado por el MP, Ortega Díaz también demandó ante la misma instancia las condiciones fijadas por el Presidente Maduro para elegir a los 545 constituyentes, por considerar que con ellos se violan la supremacía constitucional, la progresividad de los Derechos Humanos, así como la democracia participativa y protagónica. Además de la reserva legal, el derecho al sufragio, la universalidad e igualdad de este.

Tras precisar que denunció que hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la Constituyente, desde el organismo anunciaron que la funcionaria solicitó a los magistrados Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Luis Damiani abstenerse de analizar estas acciones, debido a las sospechas sobre irregularidades en su elección que ella ha expuesto.

Otra vez a la Electoral

La jefa del Ministerio Público también interpuso ante la Sala Electoral otro recurso contencioso electoral de nulidad contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), por violar los principios de legalidad administrativa al desarrollar un proceso constituyente sin dictar actos administrativos de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y modificar condiciones por las cuales se rige el proceso, creando inseguridad jurídica en los ciudadanos.

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Asimismo, demandó que todos los miembros de la instancia se inhibieran, pues consideró que violaron la tutela judicial efectiva al rechazar su primera solicitud.

Con su sentencia número 67, la Sala Electoral rechazó la primera demanda de la fiscal general contra la Constituyente bajo la excusa de que planteó solicitudes de “nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del Poder Público, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas”.

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