El Observatorio Venezolano de Prisiones sostuvo que al menos seis reos fallecieron por falta de atención médica o porque no reciben comida. Cuatro de ellos están identificados.
Caracas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que al menos seis presos fallecieron debido a la escasez de medicamentos y presuntamente no son bien alimentados.
Así sucedió el martes 9 de agosto, en el hospital Patricio Alcalá de Cumaná, estado Sucre, donde pereció el recluso Lionisio Carrión; quien presentó un supuesto cuadro de desnutrición luego de permanecer esposado por la manga en la reja de la receptoría de la policía estadal, durante 10 meses.
Humberto Prado, director del OVP, relató que Carrión padecía una enfermedad psiquiátrica pero nunca fue diagnosticado porque el médico tratante del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), no tenía cama para internarlo y tampoco contaban con funcionarios policiales para resguardarlo.
Prado —que además es director del servicio psiquiátrico de ese hospital— enfatizó que el interno fue detenido el 7 de septiembre de 2015 por agredir con un machete a un policía, suceso originado a causa de su condición mental. Incluso a algunos funcionarios les abrieron procedimientos administrativos por trasladar a Carrión hasta el nosocomio para atenderle algunas heridas perpetradas durante su aprehensión, sin la orden del tribunal que llevaba el caso.
Cuatro días después de su reclusión, el hombre fue esposado a una reja del comando policial, pues no dejaba dormir a los demás reos y corría el riesgo de que lo agredieran físicamente. Ahí era vejado constantemente por los funcionarios ante la mirada indolente de la Defensoría del Pueblo, que hizo caso omiso de la situación a pesar de los reiterados llamados de alerta que realizó el abogado defensor.
A causa de varias heridas abiertas en sus pies, Carrión desarrolló una severa infección, le salieron gusanos y jamás recibió tratamiento para combatir la enfermedad. Tampoco recibió alimentos, por lo que se presume que padeció el cuadro de desnutrición que le generó afectaciones en los órganos internos.
Prado declaró que el preso nunca fue visitado por ningún familiar y de vez en cuando era bañado por los bomberos, que le echaban agua con una manguera desde el camión.
La Policía del estado Sucre, en Carúpano, se encuentra bajo medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la muerte de 10 reclusos durante un incendio provocado dentro de una radiopatrulla que fungía como calabozo.
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El 15 de abril de este año, en la Comunidad Penitenciaria Fénix de Barquisimeto, estado Lara, murió una interna identificada como Ada Yaquelinda Jiménez Hernández, de 39 años; quien sufrió un infarto cuando hacía ejercicios físicos, después de supuestamente pasar varios días sin ingerir suficientes alimentos.
Según el OVP, la madre de Ada Yaquelinda expresó que “cuando vi a mi hija por última vez, se la llevaron de la cárcel de El Marite y estaba gordita, pero cuando me la entregaron en la morgue del Hospital Central de Barquisimeto estaba extremadamente flaca. Ese pobre ser sufrió mucho”.
El pasado viernes, Prado denunció otros dos decesos de reos por falta de una nutrición adecuada. Y el miércoles un joven ayudante de albañilería, quien se encontraba confinado desde mayo en los calabozos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Araure, estado Portuguesa, pasó a engrosar la lista de defunciones debido a desnutrición severa y síndrome diarreico.
El director de la OVP informó que el recluso resultó identificado como José Antonio Álvarez Castillo, de 24 años; trasladado el 2 de julio hasta el hospital de la localidad junto a otros tres privados de libertad que presentaban un cuadro de salud similar.
“En la Guardia no permiten visitas, solo que se les lleve comida y agua. Cuando fuimos el domingo nos informaron que lo habían trasladado al hospital, al llegar allí nos enteramos de que no lo querían atender los médicos, pero finalmente comenzaron a colocarle soluciones, mi hijo ya estaba muy mal”, dijo el padre del fallecido.
También murió un preso en espera de juicio, identificado como Tulio José Soto Gómez, de 49 años; en su caso se maneja la hipótesis de caquexia (desnutrición, deterioro orgánico y gran debilitamiento físico).
Soto Gómez se encontraba detenido en las celdas de la Policía municipal de Paz Castillo, estado Miranda, y murió al cabo de unos minutos de ser ingresado en el hospital Luis Razetti. Sus familiares aseguraron al OVP que “le recomendaron un tratamiento por un tumor en uno de sus testículos, pero los policías no le daban las pastillas completas, por temor a que se envenenara”.
Prado solicitará la investigación inmediata, exhaustiva e imparcial a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, además de informar sobre estos casos al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT).
Foto: Miguel González
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