En su intento por abarcarlo todo, el Gobierno recurre nuevamente al carnet de la Patria como arma de control social y presiona a los pensionados para que tramiten la credencial y puedan retirar sus pagos. El sindicalista de Pdvsa, Iván Freites, señala que las pensiones y jubilaciones son derechos inalienables e imprescriptibles y el Gobierno violenta la Constitución, convenios internacionales y derechos humanos y laborales.
Caracas. Con un anuncio que deja poco margen para la sorpresa, el Gobierno tensa la cuerda del control social y esta vez fuerza a la población de tercera edad a sacarse el carnet de la Patria para retirar sus pensiones y jubilaciones. Se trata de la mayor artimaña, la carta más recurrente de un sistema gubernamental que no oculta su afán por controlarlo todo y que enfila a los ancianos en el juego estatal de la segregación.
“El carnet de la Patria es una creación milagrosa de la Revolución Bolivariana, que nos ha permitido llevar la protección social directamente a nuestro pueblo y sin intermediarios. Hoy este mecanismo cuenta con la confianza de cerca de 18 millones de carnetizados”, sostenía este lunes Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter. La credencial, de la que se ha valido el madurismo para arrinconar a la población, tendrá ahora un rol estelar en las políticas de seguro social.
Aun cuando no existe un instrumento legal que encuadre lo que el Ejecutivo ha ordenado, Luis Cano, coordinador del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados (Ufajup), señala que la intención del Gobierno es tajante: todos los pensionados y jubilados tendrán que tramitar el carnet de la Patria para suscribirse a la billetera digital y poder obtener el pago mensual.
La medida, coinciden quienes disienten del Gobierno, se anuncia en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país. Y supone una gran inversión en materiales y en movilización de personal en un momento en que el Ejecutivo está llamado a recortar el gasto público. “La impresión de ese carnet cuesta dinero y el Gobierno no toma las medidas necesarias para frenar el gasto”, dice Luis Cano.
A propósito del anuncio, el sindicalista del ramo petrolero, Iván Freites, defensor de los derechos humanos y laborales de los trabajadores, cuestionó a través de su cuenta en Twitter la medida oficial. “Las pensiones y jubilaciones son derechos inalienables e imprescriptibles. La mujer debe tener 55 años y el hombre 60 años y 750 semanas cotizadas al SSO. Cambiar esta norma por el carnet de la Patria violenta la Constitución, convenios internacionales y derechos humanos y laborales”, dice.
En la actualidad más de 4 millones de personas reciben ingresos de pensión o jubilación. Solo durante la gestión de Nicolás Maduro se han incluido un millón de personas en la bolsa de pensiones, la mayoría de ellas sin cotizaciones previas, señala el Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados.
A grandes rasgos, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) exige a cada pensionado por lo menos 750 semanas de cotizaciones para optar por el beneficio. Sin embargo, los voceros del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados piden revisar el monto de las pensiones para quienes contribuyeron con el fisco para la cancelación de sus pensiones. “No estamos pidiendo al Gobierno que nos regale nada. En mi caso, este beneficio me costó 40 años de trabajo, más de 3000 cotizaciones”, dice Cano.
Cano reitera que la Constitución no establece por ningún lado el canet de la Patria como un requisito para acceder a los derechos consagrados en los artículos 80 y 86 de la Carta Magna vigente. “Lo que ha hecho el Gobierno es una violación de la Constitución. El Gobierno ha tomado medidas económicas, pero sigue el problema de transporte, no hay medicinas ni acceso a los alimentos ni bienes básicos”, reitera Cano.
En torno al monto de la pensión, los voceros del gremio aseguran que a todo el asedio gubernamental se le suma el rezago en el pago, que registró un aumento de más de 3000 % y que se ubica en 1800 Bs. S. con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario. Este sábado, según el cronograma de pago oficial, se cancelarán los primeros 450 bolívares soberanos, luego se cancelará otro monto igual el 7 de septiembre y habrá un tercer pago de 900 bolívares soberanos el 15 de ese mes.
A criterio de los afectados, el oficialismo atropella a todas las personas de la tercera edad con sus políticas y propicia una protesta general, a la que se le adhiere el enfado de la población por el desabastecimiento. “Como pensionado, como jubilado y venezolano me rehúso a sacar el carnet de la Patria. No vamos a permitir que nos secuestren la pensión, el único documento que requerimos es la cédula. Si el Gobierno necesita una data, debe irse a la data del Seguro Social, ahí está la data de todos los trabajadores”, dice Cano.
El analista y docente Hernán Papaterra dice que el Gobierno justifica su acción con un argumento que lo deja mal parado. A juicio de Maduro, la banca no ha sido competente en cuanto a la entrega de efectivo a los pensionados, lo cual incluye a bancos del Estado. “Lo que vemos es una gran manipulación, no hay nada legal que garantice qué es lo que va a hacer el Gobierno. Todo esto ha sido una manera de tensar la crisis en la población, una provocación y la gente podría descargar su furia. El adulto mayor está sobresaltado con el aumento de los condominios y el pago de pensión. Solo hay simples declaraciones no hay un decreto formal, en torno a eso. Los adultos mayores debemos rechazar eso, que es un acto de discriminación y de manipulación política”, dice Papaterra.
A una semana de la reconversión monetaria, los adultos mayores se quejan por la falta de efectivo en las agencias bancarias. El primer día de la reconversión algunas agencias entregaron entre 50 y 100 bolívares soberanos a sus usuarios. Hoy, reclama Papaterra, el monto máximo emitido por taquilla es de 10 bolívares soberanos. Pero el problema incluso va más allá de la escasez de moneda en bolívares, en el exterior, denuncia el gremio, hay más de 12.000 venezolanos que no cobran pensión desde hace tres años. Aseguran que el Banco Central de Venezuela no dispone de divisas para cancelar a quienes reclaman sus pensiones en España, Estados Unidos, Argentina y otros países.
Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, personas Adultas Mayores y con Discapacidad, tilda de manipulación las acciones oficiales. “Maduro y su camarilla extorsionan a los pensionados: para darles el bono de la reconversión les exigen sacar el carnet de la antipatria o de la antipatía o de la exclusión. Ese es el amor mayor de Maduro para los pensionados y jubilados”, publicó en su cuenta de Twitter. Isaura Rivero tiene su propia versión, asegura que el carnet es solo para quienes recibieron la pensión a través del programa Amor Mayor y el IVSS no les abrió cuenta.
Las pensiones se cancelan con 15 días de adelanto, es así como en agosto tocaba pagar el monto correspondiente a septiembre; sin embargo, debido a la reconversión el Gobierno anunció que las pensiones se honrarían los días 23, 24 y 25 de agosto. Con todo, el pago fue movido para los días 1°, 7 y 14 de septiembre, en pagos fraccionados y ahora se anuncia que las cancelaciones se harán a través del monedero virtual.
Fotos: Archivo Crónica.Uno
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