Tras una reunión que se realizó a puerta cerrada, los países miembros del TIAR señalaron que detendrán, procesarán y extraditarán a personas que estén vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro y con crímenes como lavado de dinero y corrupción. Además usarán inteligencia financiera para elaborar una lista de personas relacionadas con el mandatario chavista y su administración.
Caracas. Este lunes se llevó a cabo la XXX reunión del Órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en el que los cancilleres de 11 países de la región discutieron la situación de la crisis política venezolana y acordaron una serie de medidas para procurar una transición democrática en el país.
La reunión inició pasadas las 3 de la tarde (hora de Venezuela) en Nueva York, fue presidida por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujllo, quien fue designado para estar al frente de la reunión junto con los cancilleres Ernesto Araujo de Brasil y Edmond Bocchit de Haití, como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.
Tras el encuentro, que se desarrolló a puertas cerradas, los países acordaron una serie de medidas que tomarán de manera inmediata, antes de la próxima reunión del Órgano de Consulta del TIAR, la cual se realizará en dos meses.
En primer lugar, acordaron identificar personas y entidades que estuvieran asociadas al gobierno de Nicolás Maduro y que estuvieran vinculadas con actividades ilícitas como el lavado de dinero, tráfico de droga y terrorismo. Estas personas serían sometidas a procesos que irían desde su identificación, persecución, captura, extradición, sanciones y congelamiento de activos en los respectivos países que se encuentren y que sean miembros del TIAR.
De igual forma, serán perseguidos bajo los mismos parámetros los funcionarios del gobierno de Maduro que además de las actividades ilícitas mencionadas anteriormente, hayan tomado parte o estén relacionados con casos de violación de Derechos Humanos.
Estas personas serían identificadas usando inteligencia financiera y recursos de los países miembros, los cuales además operarán en una “red de carácter operacional e integrado por autoridades de inteligencia financiera y de seguridad pública y otras autoridades competentes de los Estados partes del TIAR”.
Los países también procederán a instruir a sus representantes dentro del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que hagan un seguimiento constante a la situación de Venezuela y eleven recomendaciones de cómo proceder ante la misma. Estas recomendaciones también serán llevadas al Órgano de Consulta, el cual además de volver a reunirse en dos meses, mantendrá la XXX reunión abierta.
Las decisiones adoptadas por los países del TIAR significan intensificar el cerco económico que ya se encuentra establecido sobre funcionarios y aliados del gobierno de Nicolás Maduro, que hasta los momentos principalmente se había ejecutado por parte de los Estados Unidos y países de la Unión Europea.
Esta reunión se llevó a cabo luego de que en el seno de la OEA los países miembros del TIAR votaran la petición del representante de Juan Guaidó ante dicho organismo, Gustavo Tarre Briceño, para activar el TIAR en relación con el caso de Venezuela.
Grupo de Lima se reunió también en Nueva York
Antes que se llevara a cabo la reunión entre los cancilleres de los países del TIAR, se hizo otro encuentro con los representantes de los países del Grupo de Lima quienes, también desde Nueva York, emitieron un comunicado de declaración conjunta respecto a la crisis de Venezuela.
En primer lugar, “rechazan los reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas y la Asamblea Nacional”, esto en relación con el fracaso de las negociaciones en Barbados con el apoyo del Reino de Noruega.
De igual forma reiteraron su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado del país, y manifestaron su disposición de “adoptar nuevas sanciones y otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de Derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”.
El Grupo de Lima también rechazó los “crecientes vínculos” del gobierno de Maduro con “grupos armados y al margen de la ley”, algo que, aseguran, permite la presencia de “organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano”.
Adicionalmente, condenaron la candidatura del gobierno de Maduro al Consejo de Derechos Humanos de la ONU por ser “contraria a la tarea de protección y defensa de los Derechos Humanos”. Además, solicitaron a dicho consejo que establezca un mecanismo independiente de seguimiento e investigación sobre la violación sistemática de derechos en el territorio venezolano por parte del gobierno de Maduro.
La declaración fue suscrita por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, países miembros del Grupo de Lima.
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