Las torturas y maltratos en El Helicoide por parte del Sebin le ocasionaron una fractura de costilla y estrés postraumático a Pedro Jaimes. Su hermana insiste en que no son personas malas o dañinas y, por ende, no merecen lo que le están haciendo. La medida cautelar otorgada por la CIDH ha sido ignorada por el Estado.

Caracas. “Avión presidencial FAV0001 decolando de Aragua 6:15PM #3may”, tuiteó Pedro Jaimes Criollo el 3 de mayo de 2018. Siete días después, el 10 de mayo de ese año, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) aparecieron  a las 10:00 am en su casa, ubicada en la urbanización Club Hípico en los Altos Mirandinos, sector Carrizal, municipio Guaicaipuro, para privarlo de libertad sin orden de detención. Seguidamente, Pedro fue víctima de desaparición forzada.

35 días estuvo desaparecido este hombre de 54 años de edad, quien es comerciante independiente y es el sostén de su familia. A pesar de que no tiene hijos o esposa, apoya económicamente a sus tres hermanas y sobrino. Pero, entre el 12 de mayo y 15 de junio de 2018 nadie supo de Pedro, ni sus familiares ni equipo legal de Espacio Público hasta que el Estado reveló que estaba en la cárcel de El Helicoide.

La información que difundió Pedro Jaimes Criollo era pública. La obtuvo de una página abierta para todo usuario denominada Flightradar24 que, de acuerdo con el sitio web, es un servicio que provee en tiempo real el tráfico global de más de 180.000 vuelos pertenecientes a más de 1.200 aerolíneas y que tienen dirección a más de 4.000 aeropuertos. En una de esas rutas estaba la del avión presidencial de Venezuela. Compartir esa información es lo que le ha costado a Pedro Jaimes un año de detención arbitraria en El Helicoide. A lo largo de ese tiempo, debido a los malos tratos y torturas, Pedro tiene una costilla fracturada, abscesos bucales, herpes corporales, además de fiebre constante y gripes. En general, tiene un estado anímico decaído y depresivo, así lo denuncian sus abogados y familiares.

El papá de Pedro era piloto, de allí su interés en los aviones. Desde @aerometeo publicaba información de rutas de distintas aeronaves, aeropuertos nacionales y hasta las condiciones climáticas. “1:15 PM Sistema lluvioso desplazándose eje costero de Aragua hacia Vargas #3may”, tuiteó el mismo día de su detención.

Revelación de secretos políticos, interferencia de la seguridad operacional y espionaje informático son los tres delitos por los que acusan a Pedro. Más de 120 días, desde el 1º de junio hasta el 16 de octubre de 2018, transcurrieron para que el equipo legal de Espacio Público se juramentara como su defensa, lo cual viola el debido proceso según artículo 49 de la Constitución que establece que la “defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.

Diez diferimientos de audiencias se suman a las irregularidades del caso de Pedro. Siete veces se suspendió la audiencia preliminar y tres el juicio oral y público. Esta situación genera “la pena del banquillo”, es decir, Pedro cumple anticipadamente una condena sin existir base legal para imputar y sin sentencia.

Por otro lado, entre los seis amparos que han solicitado los abogados, cuatros fueron inadmitidos, uno rechazado y otro extraviado. Entre las causas de la negación o el rechazo, se argumentan detalles de forma como el membrete, este tipo de razones también son violaciones al debido proceso, de acuerdo con Espacio Público. “Desconocer el fondo en una medida que se supone es expedita y urgente por formalismos innecesarios impidió la protección de Pedro”, explicó el equipo defensor.

Hace un año, Pedro gozaba de una condición física y mental saludable. En el presente, no es así. Necesita inhaladores para respirar correctamente. Además, tiene alergias en diferentes zonas del cuerpo por las condiciones antihigiénicas de la cárcel. Los dolores de la fractura en la costilla se han extendido hasta el pecho, lo que le dificulta mantenerse de pie o sentado por mucho tiempo.

“Pedro es un muchacho que estaba pendiente de todo, no es una persona dañina. Él estaba siempre comprando, comprando comida, comprando mi medicina porque yo no puedo. Aquí todos somos unas personas tranquilas que no nos metemos con nadie”, dijo Trina Jaimes, hermana de Pedro.

El equipo de abogados denuncia que a Pedro no se le ha brindado una atención médica integral. “No lo han visto médicos de confianza y tampoco han ofrecido un diagnóstico serio que permita asignarle el tratamiento que requiere”, acota el grupo legal.

“Pedro se aísla de su compañero de celda por la impotencia que le genera lo injusto de su situación. Está decaído y apocado debido al estrés postraumático que tiene”, agregan.

El 4 de octubre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar a Pedro que ha sido ignorada por el Sebin, Ministerio Público y Tribunales. Rumely Rojas Moro fue la jueza responsable de la audiencia de presentación que se realizó el 12 de mayo 2018, Edwin Camacaro Espinoza lideró la audiencia preliminar el 31 de enero de 2019 y Jacqueline Marín Soto es quien lleva la causa de Pedro Jaimes desde el 26 de febrero de este año.

Entre enero y diciembre de 2018, Espacio Público registró 387 casos en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de 608 denuncias de violaciones al derecho. Esto representa una reducción del 45 % de los casos de  denuncias de violaciones con respecto a 2017, que fueron 708 y de 41 % en las violaciones también con respecto al año anterior que fueron 1.002. Sin embargo, el año 2018 se ubica como el segundo período con mayor cantidad de casos, al desplazar a 2014 que registró 350 situaciones.

“El impedimento de cobertura en la calle a través del desalojo, las detenciones arbitrarias, y el enfrentamiento que algunas veces escala en agresiones, se sostiene como patrón regular, con especial incidencia en períodos de alta tensión social o política”, apunta el informe.

En los 20 años del chavismo, el Foro Penal Venezolano ha contabilizado 14.655 presos políticos. Hasta la fecha hay 857 detenidos, una cifra récord en el país. El 2019 ha sido el año con más aprehensiones, 2.014 personas fueron privadas de libertad por motivos políticos desde el 1° de enero hasta el 8 de mayo de este año.

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