Personas con discapacidad son discriminadas a pesar de la Ley que las protege

Al cumplirse este 5 de enero 11 años de la promulgación en Gaceta Oficial de la Ley para personas con discapacidad, ciudadanos con la condición y estudiosos del tema consideran que el instrumento legal no se cumple a cabalidad en cuanto al trato preferencial, derechos sociales, área laboral y capacitación, bien sea por desconocimiento por parte de la población o por la ausencia del Reglamento para su aplicación, que a la fecha no ha sido elaborado por el Parlamento.

Caracas. Karel Cordero de Ramírez, residente de Guarenas y madre de adolescente con autismo, considera que no se cumple la Ley para personas con discapacidad ya que, aunque presenten el carnet que certifica la condición, las personas no reciben trato preferencial a la hora de beneficios sociales y en los comercios, calles y avenidas están presentes las barreras arquitectónicas que limitan el desplazamiento. No ha podido obtener derechos de palabra en el Concejo Municipal de Plaza ni en el Consejo Legislativo de Miranda para referirse al tema.

Mi hijo estuvo en la entrega de Ley de Autismo en la Asamblea Nacional todo emocionado y nada. Me cuesta salir con mi hijo a las colas. No tenemos beneficios alimentarios. En Casarapa dieron tickets y bonos por su carnet de discapacidad, a mí no porque no tengo el carnet de la Patria, tengo testigos de eso. En los supermercados como el Plaza y Makro la caja de Discapacidad no se cumple“.

En Catia, al oeste de la ciudad, Maryury Rivas, con discapacidad motora, no recibe el trato preferencial a la hora de acudir a un comercio y algunos ni le permiten el acceso en silla de ruedas. “Las instituciones deben hacer cumplir la Ley, en la Total de Plaza Sucre me dijeron que no podía entrar, reclamé esa discriminación y dijeron que no había espacio para la silla“.

La Ley para personas con discapacidad, publicada en la Gaceta Oficial número 38.598 de fecha 5 de enero de 2007, derogó la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas (LIPI) publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.623 del 3 de septiembre de 1993. Consta de 96 artículos que garantizan a esta población una mejor calidad de vida, respeto a su dignidad, el cumplimiento de sus derechos y en 8 artículos garantizan el derecho al trabajo y la capacitación.

Sin embargo, Luis Jaramillo, vecino de Caricuao, afirma que dicha ley es poco conocida y que aunque hace mención al 5 % de inserción laboral en entes públicos y privados “el Gobierno es el primero en diferenciar o excluir a la personas con discapacidad, pues existen puestos de trabajo que podemos ocupar y jamás nos los ofrecen, pero vemos personas ocupando estos puestos. Por ejemplo, los autobuses del Gobierno, las personas con discapacidad podemos manejar estos vehículos y ayudar a atender la problemática de transporte que hay en todo el país…“.

…Somos vilipendiados por la población en general, somos tratados como un estorbo, como un fastidio al que hay que atender, en las instituciones, bancos, comercios, ya no se da prioridad a las PcD, los entes del estado no impulsan esta ley… en fin, es una ‘ley’ a la que nadie le para pelotas“.

José Gregorio Delgado Herrera, abogado y persona con discapacidad (PcD), integrante de la Escuela de Vecinos de Venezuela, considera que la Ley vigente no se cumple, “porque los funcionarios responsables de su aplicación y seguimiento no se dedican a desarrollar sus atribuciones, y recordemos que algunas de sus disposiciones fundamentales se condicionan al Reglamento que nunca se aprobó. Adicionalmente, desde la perspectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones falta conocimiento de la ley y orientar sus demandas conforme a sus derechos”.

Delgado Herrera señala que a la referida Ley le falta agregar a las personas con necesidades especiales y las familias, “así como el carácter de Ley Orgánica y adecuación al texto de la Convención, así como el desarrollo de sus referencias municipales y estadales para descentralizar las políticas públicas en materia de discapacidad. La reforma de la ley es fundamental, así que la Asamblea Nacional debería retomar el debate de los aspectos de la reforma, a partir del proyecto entregado por la Defensoría del Pueblo”.

Laura Hernández asegura que la Ley es poco conocida por las personas con discapacidad y no se cumple su articulado. “En instituciones gubernamentales y organizaciones populares como el Clap, por ejemplo, la única discapacidad que ellos conocen es la motora y el resto de las condiciones plasmadas en la Ley son ignoradas. Señores, Conapdis, laboren, no hagan política con esta gran población vulnerable que necesita atención, las cuatro tipos de discapacidad existentes“. 

Ángel Dávila Campos, vecino de Catia, parroquia Sucre, asegura que son violentados los derechos de las PcD, en el caso del transporte público “nos mandan a tomar taxis, nos insultan cuando no cancelamos al entrar a la unidad, en los hospitales, si es que hay consultas, igual debemos hacer las colas“. 

Miriam Cuevas, también residente de la parroquia Sucre, coincide con Dávila Campos en que no se respetan las leyes en el país, empezando por la Constitución Nacional y la de esta población. Ha denunciado en varias oportunidades el trabajo que pasan en el Metro de Caracas las personas con discapacidad por el deterioro de escaleras mecánicas.

“En Venezuela, la adaptación de los espacios para que las personas con discapacidad puedan trasladarse de un lado a otro sin dificultad no ha sido diseñada. Las calles, avenidas, instituciones públicas están llenas de huecos, tienen desniveles que ponen en peligro la vida de las personas”.

Deuda pendiente

El docente universitario y experto en Políticas Públicas y Discapacidad, Juan Kujawa Haimovici, afirma que aunque esta Ley llega a su onceavo aniversario sin su reglamentación por omisión legislativa y corresponsabilidad del Conapdis se ha propuesto sustituir dicho instrumento por una Ley Orgánica.

Considera que existe una gran deuda en lo económico y social con esta población, por tanto, legisladores de los distintos grupos políticos deben sumarse a una agenda de igualdad política, social, educativa y de salud en torno a este sector.

Ricardo Guerrero, presidente fundador de la Fundación Pequeño Gran Mundo Venezuela —quien participó en las mesas de trabajo para la elaboración de la Ley— resalta como un logro importante la visibilización de las PcD y en especial los de baja talla. Sin embargo, lamenta que aún no han tomado en cuenta sus derechos.

Muchas personas se sorprendieron porque era la primera vez que escuchaban el término de baja talla. Solo logramos que nos incluyeran el artículo 6 que se refiere a las definiciones y clasificaciones de las discapacidades. En el resto de la ley no se especifican y particularizan, ni mucho menos se transversalizan los derechos de las personas de baja talla. Se tiene esa deuda con nosotros. Quisimos participar recientemente en la Constituyente y ni tan siquiera nos dejaron ser candidatos porque sabían que no iban a amordazar nuestras opiniones”.

La doctora Iris Serrano, madre de dos jóvenes con discapacidad intelectual y clasificador médico deportivo nacional, coincide con Guerrero en que esta ley permitió visibilizar a las personas con discapacidad y les garantiza derechos sociales. “Creo que la parte que más se cumplió es el 5 % de personas con discapacidad en el ámbito laboral, se sensibilizó sobre el valor en el trabajo de esta población”.

Cuestiona de la Ley el incumplimiento en el área de barreras arquitectónicas, ya que a 11 años de este instrumento legal, todos los espacios públicos debían estar adaptados y no es así.

En relación con la salud, aunque la Ley asegura los tratamientos estamos claros que no se cumple.  En lo que significa el costo del transporte publico los primeros años se beneficiaron, sobre todo pasajes de aviones y autobuses, pero los vehículos adaptados no había, ni hay y hoy en día, ni creo que se puedan montar en los camiones, personalmente mis hijos con discapacidad intelectual dejaron de utilizar el transporte público por la inseguridad“.

Urge concientizar

Karel Cordero de Ramírez propone campañas de concienciación en colegios, supermercados, así como la colocación de señales de tránsito que indiquen respeto a los puestos de estacionamiento destinados a las personas con discapacidad.

Adriana Hernández, madre de niña de baja talla, considera que se están perdiendo los derechos de esta población. Propone que se realicen campañas y se cumpla el derecho al trato preferencial en todo, en entrega de viviendas, asignación de pensiones, vehículos, pagos de pasajes. “En los bancos, supermercados, se puede ver la humillación y burla que sufren estas personas al querer hacer valer sus derechos”.

Ricardo Guerrero afirma que deben crearse programas de conciencia ciudadana para que se conozcan los derechos de las personas con discapacidad, difundir la Ley para que se conozca lo suficiente. La Fundación Pequeño Gran Mundo hace su parte en esta útima labor. No obstante, “las instituciones que tienen la responsabilidad de difundir la ley muy poco lo han hecho”.

Gustavo Maiz Mundarain, docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCV, menciona los retos en materia de discapacidad:

•  Lograr el cumplimiento de las leyes.
•  Formación y sensibilización del sector empresarial.
•  Cultura inclusiva.
• Poder pensar en todos, desde todas las instancias.
• Evitar la segregación.
• Generación de espacios óptimos en las empresas (accesibilidad).

Foto referencial: Archivo Crónica.Uno