Eduardo Franco denunció que casos de discriminación no solo se registran en Barquisimeto. Hay uno similar en Táchira, otro en Mérida, dos en Valencia, uno en Anzoátegui, dos casos en Bolívar y tres en Zulia. “Esto se está repitiendo en el ámbito nacional. Lo mismo con las mujeres con VIH, de cada 10 a 8 las ponen a parir, porque les solicitan el kit. Esa es la situación que están viviendo las personas con el virus”.
Caracas. Las personas con VIH no tienen los antirretrovirales, no hay fórmulas infantiles para los bebés con el virus, no hay reactivos para las pruebas de carga viral y cuando llegan a un hospital por emergencia no los ingresan si no tienen el kit de bioseguridad, tal como le ocurrió este fin de semana a un hombre que por un absceso en una muela debía ser operado. Otros se van del país en busca de los medicamentos, como Vicente que está en Colombia y Pedro que está en Perú, sufriendo todo tipo de discriminación.
Entretanto el gobierno de Nicolás Maduro no da respuestas coherentes al respecto ni está cumpliendo el Plan Maestro firmado a mediados de 2018 para fortalecer las respuestas al VIH, la tuberculosis y la malaria.
Sin kit no hay operación
La noticia corrió como pólvora: un paciente de 45 años con VIH que ingresó este fin de semana con un absceso en una muela al hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto no fue atendido porque no llevó el kit de bioseguridad.
El paciente necesitaba ser drenado y, por tanto, los médicos se negaban a atenderlo sin el kit. Cosa que, según Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), está totalmente prohibida por el Ministerio de Salud. Las únicas medidas de seguridad son las propias del acto médico para todo tipo de patología, es decir, las normas de bioseguridad hospitalarias.
En Venezuela este caso generó alerta y la inmediata reacción de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. “Estamos muy preocupados en estos momentos por la falta de sensibilidad de los médicos. Es algo que está ocurriendo en todo el país, varias personas están sin ser intervenidas porque les exigen el kit. A esta fecha, esa persona no la han llevado al quirófano porque no tienen esos equipos. La gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, llegó al hospital con un equipo e hizo que los familiares agradecieran públicamente por eso. Pero no han intervenido al paciente, pues se necesitan cuatro kits, que, reiteramos, no son una obligación”.
Franco denunció que hay un caso similar en Táchira, uno en Mérida, dos en Valencia, uno en Anzoátegui, dos casos en Bolívar y tres en Zulia. “Esto se está repitiendo en el ámbito nacional. Lo mismo con las mujeres con el virus, de cada 10 a 8 las ponen a parir, porque les solicitan el kit. Esa es la situación que están viviendo las personas con VIH”.
Situación que no es nueva. A Vicente (solo se usa su nombre de pila), para operarle un quiste en la espalda le pidieron lo mismo. Lo veían en el hospital de Los Magallanes de Catia, en Caracas, y no lo operaron por ser positivo.
“Fue tanta la discriminación que tuve que falsificar el examen de VIH-Sida. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero de otra no me hubiesen operado”, contó Vicente, quien desde diciembre de 2018 migró a Colombia porque a sus padecimientos de salud se sumaba el hecho de la escasez de antirretrovirales.
En estos momentos, informó Franco, hay 70 % de desabastecimiento en todo el país. Lara tiene más de un mes denunciando la situación. En ese estado hay 2200 personas en el limbo y sin tratamientos.
No hay tampoco para los niños con VIH. Solo están suministrando un protocolo el TLD (tenofovir, lamivudina y dolutegravir), que fue donado por el Fondo Global gracias a la incidencia de la sociedad civil y activistas latinoamericanos que apoyaron para que Venezuela recibiera la donación de cinco millones de dólares, para comprar medicamentos para el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria. Sin embargo, con eso no se cubre toda la demanda. 30 % de las personas que viven con la patología están en peligro de muerte.
Huir para vivir
Y eso también lo tenía bien claro Pedro Solórzano, de 30 años de edad, quien hace un año y cinco meses se fue a Perú, porque llevaba dos años sin los antirretrovirales y sin poder hacerse la carga viral.
“Me vive con el propósito de mejorar mi calidad de vida, porque no quería morirme en Venezuela. Llegué a Perú con 200 dólares que me ayudó a conseguir mi hermano. Me establecí en pleno invierno. Pasé traspiés, dormí varias veces en un pasillo. Por intermedio de un amigo llego a un hospital donde me atendieron porque llegué muy débil”.
Por su salud, Pedro soportó muchas cosas.
“Me decían maldito sidoso, vete a morir a tu país, muerto de hambre, vinieron a infectar a los peruanos. Una vez me escribieron por las redes sociales cosas como maldito veneco, muéranse todos sidosos, los vamos a sacar de Perú. Y una vez el médico me dijo, ‘yo solo atiendo a mi gente peruana, ustedes vinieron para acá a quitarle el trabajo a mi gente, vinieron a infectar a mi gente’. Por ser venezolano una vez me acusaron de un robo y menos mal que había cámaras en ese sitio”.
Onusida estimaba en 2018 que había 120.000 personas con VIH en Venezuela. Según cifras del Monitoreo Global del Sida (GAM-Unaids), el Ministerio para la Salud registró casi 66.000 personas anotadas para recibir tratamiento en 2018. Solo aproximadamente 31.000 venezolanos obtuvieron medicinas y cerca de 4000 personas fueron diagnosticadas con el virus en 2018.
En estos momentos, de acuerdo con Franco, está severamente comprometida la salud del venezolano, al no contar —en el caso de las personas con VIH— con la continuidad del acceso a los tratamientos antirretrovirales y al seguimiento de laboratorio adecuado.
Cerca de 10.000 personas han migrado precisamente por el desabastecimiento. Perú, noticia en la región por la marcada xenofobia en contra de los venezolanos, tiene registradas 1500 personas.
Por eso las organizaciones no gubernamentales exigen al ministro Carlos Alvarado respuestas efectivas y no efectistas (como la ocurrida en Barquisimeto) y que atienda la verdadera situación de los más de 60.000 venezolanos que viven con la infección, dentro y fuera del país.
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