La petición la formularon cuatro abogados, quienes manifestaron preocupación por los más de 700 lesionados que ha dejado la represión a las manifestaciones opositoras registradas en el país desde hace más de un mes.

Caracas. Desplegar de manera permanente fiscales en los centros de salud dependientes de las alcaldías de Baruta y de Chacao, solicitó un grupo de abogados al Ministerio Público (MP) con el propósito de facilitar el inicio de las investigaciones contra funcionarios policiales y militares por violaciones a los Derechos Humanos de las personas que participan en las marchas que la oposición viene realizando.

La petición la formularon los juristas Carlos Guevara, Alejandro Guevara, Luis Sucre y Mariana Campos, quienes este lunes acudieron al despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz a consignarla. Explicaron que esta persigue facilitar el inicio de averiguaciones de oficio y sin necesidad de que los afectados formulen denuncias.

“Ha sido un hecho público, comunicacional y notorio, los evidentes excesos policiales durante la represión de movilizaciones políticas de carácter pacífico; hechos que han sido recogidos parcialmente por su despacho, en los que se incluyen; la utilización de armas de carácter disuasivo de forma letal; lesiones personales y torturas a manifestantes; modificación y alteración de municiones; uso indiscriminado de sustancias tóxicas y nocivas para la salud; destrucción a la propiedad privada por parte de funcionarios policiales y militares; así como la perpetración de delitos contra la propiedad por parte de funcionarios del Estado venezolano”, se señala en la denuncia interpuesta.

Hasta la semana pasada, el MP había registrado 717 heridos durante la represión a las manifestaciones, de los cuales 329 están siendo investigados por fiscales de Derechos fundamentales porque se sospecha que fueron producto de actuaciones irregulares de policías y/o guardias nacionales.

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Durante más de un mes de movilizaciones no han sido pocas las denuncias sobre uniformados disparando a quemarropa a manifestantes, hacia edificios, colegios y clínicas e incluso desde helicópteros, lo cual representa una franca violación al artículo 23 de las Normas para Garantizar el Orden Público, la Paz, la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestantes. Muchos de esos señalamientos han quedado registrados en fotografías y videos captados por periodistas y ciudadanos.

Algunas de esas actuaciones terminaron con fallecidos como el caso de Gruseny Canelón, fallecido en Barquisimeto (Lara) el pasado 14 de abril, tras haber recibido un disparo de perdigones, a corta distancia, de parte de un grupo de guardias nacionales que le provocaron unas profundas heridas.

Sin embargo, hasta ahora el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz no ha informado si está investigando a algún uniformado por herir a algún manifestante.

Con todo, el Ministerio Público sí informó el pasado 4 de mayo que viene realizando “ensayos balísticos” para precisar la posibilidad de que los proyectiles y los materiales de control de manifestaciones que se están usando actualmente ocasionen daño físico con el propósito de “generar recomendaciones a los organismos de seguridad sobre la utilización segura de esos materiales”.

Foto: Francisco Bruzco



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