AD, UNT, PJ, LCR, Copei y VP respaldaron la investigación solicitada por Guaidó sobre presunto desvío de fondos para la ayuda humanitaria a militares venezolanos en Cúcuta. La falta de información pública sobre los criterios o credenciales para designar a Rossana Barrera y Kevin Rojas para tan importante tarea en Colombia parece un patrón que también se ha evidenciado en otras designaciones realizadas por el presidente encargado y autorizadas por la AN.
Caracas. “Los actos del Presidente encargado serán sometidos al control parlamentario de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 187, numeral 3, de la Constitución”.
Así reza el artículo 14 del Estatuto que rige la Transición a la Democracia, sancionado por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 5 de febrero; mientras el Acuerdo que Alerta al Mundo sobre el riesgo de una Catástrofe Humanitaria en Venezuela, aprobado el 4 de junio, compromete a la Asamblea Nacional a “solicitar la construcción de los mecanismos de veeduría y contraloría, sobre la cooperación internacional, a fines de garantizar su transparencia e independencia”.
El partido Primero Justicia se apoyó en esos dos aspectos del entramado jurídico que la Asamblea Nacional ha venido construyendo como soporte a la presidencia encargada, para exigirle a Juan Guaidó activar las instancias de contraloría necesarias que impidan desvío de recursos, como el que se teme, habría ocurrido con los fondos de ayuda humanitaria para atender a los militares venezolanos en Cúcuta.
Entre sábado y domingo, luego de conocerse la denuncia del portal de noticias PanAm Post que involucra a dos militantes de Voluntad Popular en presuntos manejos irregulares, PJ, UNT, AD, LCR y VP respaldaron la petición de una investigación a fondo realizada por Guaidó a las autoridades colombianas y a la representación diplomática de Venezuela en ese país.
Pero PJ fue un poco más allá. En un comunicado público, el partido aurinegro le recordó a Guaidó que el Estatuto para la Transición propone “pesos y contrapesos que buscan evitar los escándalos de corrupción que enfrentamos hoy”. Además le señalan que el Acuerdo que Alerta el Riesgo de una Catástrofe Humanitaria planteó un canal a través del cual “se someta a pesos y contrapesos, de manera inclusiva y plural, la ejecución de los fondos provenientes de la cooperación internacional”.
El partido, dirigido desde el exilio por el diputado Julio Borges, sentencia: “No aceptamos que los recursos provenientes de la cooperación internacional, que son para apalear el sufrimiento humanitario del pueblo de Venezuela, sean objeto de corrupción por parte de ningún funcionario público”.
En tal sentido exigen la activación inmediata de los mecanismos establecidos en el ordenamiento penal y en el Estatuto que rige la transición hacia la democracia para aclarar lo ocurrido y, en caso de existir hechos de corrupción, sean castigados inmediatamente.
En el comunicado, PJ propone “que se designe un Contralor Especial que adelante investigaciones, derrote la opacidad y garantice la transparencia del ejercicio del Poder Público”, y adelanta que solicitarán la comparecencia de los implicados en estos hechos de corrupción ante la Comisión de Contraloría de la AN, cuyo vicepresidente, Conrado Pérez, confirmó el sábado a Crónica.Uno que se abriría una investigación inmediata.
Exigen aclarar los hechos
La Dirección Ejecutiva Federal de Un Nuevo Tiempo y sus diputados, expresaron su respaldo a la decisión de Guaidó de abrir una averiguación; ratificaron su respaldo al presidente encargado y al representante diplomático en Colombia, Humberto Calderón Berti; y solicitaron la colaboración del gobierno de Colombia para determinar las responsabilidades a que haya lugar.
En un comunicado mucho más escueto, de un párrafo, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática y su fracción parlamentaria en la Asamblea Nacional respaldaron “plenamente la investigación en los términos planteados por el presidente Juan Guaidó”; y al igual que UNT, solicitaron la colaboración de las autoridades colombianas.
La Dirección Nacional de La Causa R exigió que determinen las responsabilidades a que haya lugar; valoró positivamente “la postura transparente y vertical del Presidente Encargado Juan Guaidó” al solicitar la cooperación colombiana en el esclarecimiento de los hechos; ratificó su respaldo al Parlamento y a Guaidó en el propósito de lograr el cese de la usurpación; y advirtió sobre la existencia de “intereses de distintos sectores en atacar a Guaidó” por lo que formuló un llamado al fortalecimiento de la unidad.
Voluntad Popular, entretanto, expresó su respaldo a la decisión de Guaidó de ordenar una investigación y abogó porque la misma sea “imparcial” y “lleve a esclarecer los señalamientos, respetando el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los mencionados”, en alusión a los militantes de ese partido señalados: Rossana Barrera y Kevin Rojas.
El partido Copei, dirigido por Roberto Enríquez, también saludó la apertura de una averiguación y señaló que no realizarán jucios a priori, ni para exculpar, ni para condenar, sino que aguardarán los resultados de las investigaciones. Además, resaltaron la capacidad y honestidad que ha signado la dilatada carrera política de Calderón Berti, a quien consideraron más que capacitado para aclarar lo ocurrido.
¿Un patrón peligroso?
Hasta la fecha, Guaidó ha designado a casi 40 representantes diplomáticos en el extranjero. Aunque supuestamente todos los nombramientos han sido debatidos en la comisión de Política Exterior, ninguno de estos debates ha sido público y la prensa y la ciudadanía solo han tenido conocimiento de los designados el día de su autorización en plenaria. Incluso se han registrado al menos dos casos de sustituciones de representantes diplomáticos ya aprobados por la plenaria, por otras personas, sin que se informen las razones públicamente: Vanesa Neuman por Paola Romero para Reino Unido; e Isaac Salama por Gloria Notario para Países Bajos.
De igual manera, las designaciones de las juntas directivas ad hoc de Pdvsa, Citgo y Monómeros colombo venezolanos han, en teoría, pasado por la comisión de Energía y Petróleo, pero de nuevo, ni la prensa ni la ciudadanía han tenido conocimiento de estas decisiones ni han sido parte de los debates, sino hasta el momento que entran a la plenaria. En el caso de la junta administradora ad hoc de Pdvsa se han realizado sustituciones e incorporaciones sin que se informe en cámara las credenciales de los mismos.
El nombramiento de Rossana Barrera y Kevin Rojas fue realizado por Guaidó en uso de sus atribuciones como presidente, pero sin elevarlo a la consideración de la plenaria o de la comisión especial para la Ayuda Humanitaria.
La designación de José Ignacio Hernández como Procurador General Especial fue enviada por Guaidó a la comisión de Política Interior, y esta lo remitió a plenaria. Todos los jefes políticos de los partidos lo aprobaron, pero no hubo un debate público en la comisión con acceso de los medios que permitiera a todos los ciudadanos conocer las amplias credenciales para el cargo del profesor Hernández.
Lo mismo ocurrió con Alberto Federico Ravell como director del Centro de Comunicación Nacional (CCN). Pero en este caso, la propuesta para su nombramiento ni siquiera fue llevada a la comisión de Medios ni a la plenaria, solo se presentó ante los partidos políticos y allí se dio la luz verde. El día que se presentó y aprobó en plenaria, el 23 de abril, no se leyó ni siquiera un currículo de Ravell ni se expusieron los criterios para su escogencia en tan importante cargo. Solo se dio lectura a la resolución presidencial que dio paso a la creación del CCN y al nombramiento de Ravell, y se votó.
El nombramiento de los representantes diplomáticos, el procurador y los directivos de las empresas del Estado es potestad del presidente de la República con autorización de la AN conforme a la Constitución. La mayoría de estas designaciones —por no decir todas, ya que los implicados en Cúcuta fueron designados unilateralmente por Voluntad Popular— ha contado con el visto bueno de los partidos políticos. En el caso de los embajadores, su autorización corresponde a la AN. En el caso de las empresas del Estado, en las actuales circunstancias de interinato, y conforme al Estatuto para la Transición, debería ser debatido por el Parlamento. Pero en todos los casos, es derecho de todos los ciudadanos tener conocimiento de los procesos, criterios y razones para tales nombramientos, y es derecho ciudadano también ser escuchados y ser parte del debate.
La principal razón expuesta por los diputados consultados en cada caso, para explicar la falta de debate público con presencia de medios, es que dichos debates alertarían al sistema de persecusión judicial encabezado por Nicolás Maduro, y las personas designadas podrían ser perseguidas. Pero en todos los casos, las personas designadas se encontraban ya fuera del país al momento de sus nombramientos.
Participa en la conversación