El lanzamiento de gases lacrimógenos contra hospitales y residencias o la persecución contra manifestantes que huyen son algunas de las escenas que no se han debido repetir, porque están expresamente prohibidas.

Caracas. No arrojar agentes químicos en forma directa contra las personas y evitar su difusión cerca de residencias, hospitales, escuelas o sitios cerrados; no provocar a los manifestantes y aprehender solo a aquellos que agreden a otras o a policías; no utilizar la fuerza contra las personas que huyen o caen mientras corren; no devolver objetos contundentes lanzados previamente por manifestantes y no maltratar a los detenidos.

Las anteriores son algunas de las nueve instrucciones contenidas en el artículo 23 de las Normas sobre Actuación de los Cuerpos de Policía para Garantizar el Orden Público, la Paz, la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestantes, que algunos efectivos de la Policía y de la Guardia Nacional han violado flagrantemente durante las protestas y disturbios que se han producido en Caracas y en otras ciudades del país durante la última semana, de acuerdo con las denuncias formuladas por organizaciones venezolanas de Derechos Humanos y partidos políticos opositores.

“La actuación de los policías y militares ha estado totalmente desapegada a los estándares nacionales e internacionales”, afirmó Inti Rodríguez, coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien agregó: “Hemos visto un uso indiscriminado de sustancias tóxicas, hemos visto a policías y militares lanzar gases que han expirado o con colorantes que producen distintos daños y que pueden teñir a los manifestantes para identificarlos”.

En similares términos se pronunció la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, quien fustigó con dureza el lanzamiento de bombas lacrimógenas hacia el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), ocurrido el sábado; así como hacia la Policlínica Las Mercedes este lunes.

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“Los gases se usan para dispersar a personas que están concentradas en un área abierta, en especial en una vía para despejarla. ¿Por qué arrojarla dentro de un espacio cerrado?”, se preguntó.

Sin embargo, lo que no dudó de tachar como “criminal” fue el lanzamiento de bombas desde un helicóptero. “Ese helicóptero tiene una matrícula, tiene un piloto y ese piloto tiene un comandante y en cualquier país nada más tocar tierra todos deberían estar detenidos y sometidos a una investigación”, agregó.

Directiva de Provea asegura que la intención de las autoridades no es dispersar a los manifestantes sino hacerles daño.

Rodríguez le dio la razón a Bolívar y recordó que el artículo 141 de la Ley de Aeronáutica Civil castiga con penas que van desde los seis a los ocho años de prisión a quienes arrojen objetos y sustancias desde una aeronave.

“Esto revela que la intención de las autoridades no es dispersar a los manifestantes, sino hacerles daño”, afirmó el directivo de Provea, quien recordó que en la movilización de este lunes ya se reportó un herido por un politraumatismo.

La reacción del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien rechazó “el lanzamiento desde el aire de objetos contundentes para dispersar manifestaciones, pues pudieran ocasionar víctimas fatales” fue criticada por Bolívar.

“Esto es otro motivo más para pedir la renuncia de este señor, quien por lo visto no se enteró de que las bombas las lanzaron desde un helicóptero. No fue que cayeron del aire porque un huracán apareció de repente y las levantó desde el suelo”, replicó.

Por culpa de la impunidad

Para ambos activistas, lo ocurrido en los últimos días esa la reedición de los abusos y excesos que se registraron en el país durante la represión desatada contra la ola de protestas opositoras y estudiantes que sacudieron a Venezuela entre febrero y junio de 2014; y culparon de ello a la falta de sanción de los mismos.

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“Esto está pasando porque no se tomaron correctivos, por el contrario hubo un estímulo y un aliento a la represión”, afirmó Rodríguez, quien agregó: “Mientras no se investigue y sancione al uniformado que maltrata o dispara a quemarropa a un manifestante la espiral de violencia continuará”.

En la misma línea se pronunció Bolívar, quien aseguró: “Todas las barbaridades que vimos en 2014 se están repitiendo porque ni se castigaron ni sancionaron y los policías y militares saben que no les va a pasar nada si las vuelven a cometer”.

Pese a las denuncias que hablaban de cientos de maltratados, el Ministerio Público abrió sólo 238 investigaciones por presuntos excesos policiales, pero 85 % de ellas las archivó o cerró por falta de pruebas o por considerar que no eran delitos, de acuerdo con un informe publicado en enero de 2015.

Fotos: Francisco Bruzco



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