Luego de 19 diferimientos de la audiencia preliminar, el Tribunal 41 de control en Caracas, decidió pasar a juicio al sargento segundo de la GNB Johan Rojas y ratificó la privativa de libertad del efectivo militar.
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Las disposiciones del instrumento, el cual fue aprobado en junio de 2013 por la Asamblea Nacional, no han sido puestas en práctica por las autoridades para atacar un flagelo que es endémico en los cuerpos policiales venezolanos y que se ha exacerbado en el último lustro, de acuerdo con las cifras que manejan organizaciones de …
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El abogado Alonso Medina Roa denunció que la muerte del c/c Rafael Acosta Arévalo (Armada) se debió a las torturas que recibió en la Dgcim. Michelle Bachelet exhortó al Estado venezolano a llevar a cabo una investigación “independiente”.
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El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa admitió a trámite una demanda que los representantes del Banco Venezolano de Crédito interpusieron hace menos de 10 días contra la resolución del instituto emisor que flexiblizó el control de divisas.
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El excomisario Iván Simonovis publicó fotos en su cuenta de la red social Twitter que lo mostraban frente a un monumento a Simón Bolívar en la capital estadounidense. “Desde ya estoy trabajando por recuperar cuanto antes la libertad de Venezuela”, escribió.
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Los familiares de Miguel Alberto Castillo y Francisco Torres, ambos coroneles de la Aviación, y Miguel Sisco Mora, general de brigada de ese componente, denunciaron su desaparición forzada. A la lista se añaden el capitán Rafael Acosta y los comisarios del Cicpc Miguel Ibarreto y José Valladares, según el secretario general de la OEA.
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Casi 24 horas llevan desaparecidos los militares retirados Miguel Alberto Castillo Cedeño y Francisco Antonio Torres Escalona. Los familiares presumen que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es el responsable de la detención.
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La oficina de la comisionada ahora tendrá presencia en Venezuela para monitorear la situación de derechos humanos. Existe la posibilidad de que se instale una oficina en los próximos seis meses.
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Es primera la vez que la Fiscalía ofrece cifras por investigaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos. Han “logrado 104 condenatorias” e 335 funcionarios presos.
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