Por proteger al Gobierno el TSJ casi provoca su caída y se retrató como el liquidador de la democracia

A un año de emitir las sentencias 155 y 156, con las cuales prácticamente disolvió a la Asamblea Nacional, el máximo juzgado parece haber logrado su objetivo: Allanarle el camino al presidente Nicolás Maduro para gobernar sin control. Sin embargo, el costo que debieron pagar para ello no fue poco: Una fractura a lo interno del chavismo, protestas, quedar aislado internacionalmente al ser incluido en la lista de tiranos y la imposición de sanciones por parte de más países.

Caracas. 28 y 29 de marzo de 2017. Hace un año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quiso despejarle totalmente el camino al presidente Nicolás Maduro para gobernar sin controles al liquidar a la Asamblea Nacional dominada por la oposición, mediante la emisión de dos polémicas sentencias: la 155 y 156. Y aunque la estrategia parece haber dado resultado, por cuanto el Parlamento hoy está neutralizado y la ola de protestas que buscaba revertir esta situación cesó, el precio de la factura para él y el Ejecutivo ha sido elevada, pues hoy son cuestionados por el grueso de las naciones democráticas del mundo y enfrenta más divisiones a lo interno.

Con los fallos antes mencionados, la Sala Constitucional quiso completar el cerco que a días de la elección del Legislativo (diciembre de 2015) comenzó a levantarle, junto a la Sala Electoral, bajo la excusa de las supuestas irregularidades ocurridas en los comicios en el estado Amazonas.

En el primer dictamen prácticamente dejó sin inmunidad a los diputados que respaldaron el acuerdo mediante el cual se saludaba la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de aplicarle al país la Carta Democrática e instó al mandatario a hacer uso de los poderes extraordinarios que goza, gracias al Estado de Excepción para “revisar la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar)”.

Por su parte, en el segundo la intérprete de la Carta Magna le arrebató a los diputados todas las facultades que aún no le había quitado en sus decenas de sentencias previas y leyes de la Habilitante, en particular la de dar el visto bueno para que el Estado cree con capitales privados extranjeros empresas para explotar recursos naturales en el territorio nacional; y además se reservó la posibilidad de ejercer ella las potestades de los parlamentarios o de delegarlas “en el órgano que ella disponga” hasta tanto la AN no cumpla sus resoluciones.

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Nada más conocerse los dictámenes desde la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea e incluso desde el vecindario (Colombia, Perú, Brasil, Argentina o México) se comenzó a hablar de golpe de Estado. Figura que cobró fuerza cuando el 31 de marzo la hoy removida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó las decisiones, por considerar que suponían una “ruptura del orden constitucional”. El pronunciamiento de la jefa del Ministerio Público implicó su deslinde oficial con el Ejecutivo, el cual no obstante de facto ya venía produciéndose desde antes de las elecciones legislativas de 2015.

A partir de ese momento y ante las imágenes de la represión a las manifestaciones que los dictámenes desataron, muchos gobiernos, instituciones internacionales, organizaciones de Derechos Humanos e incluso medios de comunicación comenzaron a tachar al Gobierno venezolano de “dictatorial” y algunos como Canadá o el bloque europeo siguieron el ejemplo de Washington y han impuesto sanciones a funcionarios venezolanos.

Hasta ahora más de 30 de altos jerarcas chavistas, incluidos los siete magistrados de la Sala Constitucional, tienen prohibido entrar a EEUU y sus bienes y fondos allí fueron congelados. Las últimas medidas de este tipo apenas fueron aplicadas hace dos semanas y parece que continuarán. Este miércoles Suiza sancionó a siete funcionarios.

El malo de la película                                                   

Pero además la ya deteriorada imagen del TSJ terminó de hundirse, pues quedó retratado como el asesino de la democracia nacional.

Ejemplo de ello es el reciente informe de la CIDH “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, en el cual concluyó: “La crisis que atravesó Venezuela durante este año (por 2017) obedece a un conjunto de factores, entre los que ocupan un lugar central las serias injerencias del Poder Ejecutivo y Judicial en el Legislativo. En efecto, la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) observa que tal situación está estrechamente relacionada, aunque no de forma exclusiva, a las decisiones adoptadas por el TSJ, desde 2015, que significaron importantes afectaciones en las competencias de la AN y menoscabaron el principio de separación de poderes”.

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Esta visión es compartida por el constitucionalista Luis Herrera Orellana, quien dijo que el comportamiento del máximo juzgado en los últimos meses era más que previsible.

“Desde al menos 2004 el régimen chavista ha mantenido un control político férreo sobre los integrantes del TSJ, que desde entonces, salvo una o dos excepciones, no son magistrados sino operadores políticos, y por tanto siguen órdenes del Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además, en 2015 la AN dominada por Diosdado Cabello designó de forma inconstitucional y antidemocrática a un número importante de operadores políticos en los cargos de magistrados, entre ellos al reo de delitos Maikel Moreno, asumiendo una competencia que además correspondía a la AN que comenzaría a trabajar en 2016 con una nueva composición. Todo ello se hizo para, ante un hecho como perder el control de la AN, tener la posibilidad de anularlo por completo desde el TSJ”.

Alborotando el gallinero

La actitud del TSJ y del Gobierno tampoco cayó bien dentro del oficialismo y abrió las puertas a las críticas de connotadas figuras.

El deslinde de la Fiscal General acaparó la atención mundial, pues aunque a lo largo de los 18 años que el chavismo tiene en el poder se han producido muchas divisiones en su seno, el caso de Ortega Díaz fue emblemático, porque ella estaba en funciones cuando marcó distancia y hasta que fue despojada de su cargo por la fuerza, en agosto de 2017, continuó criticando y oponiéndose a decisiones del Gobierno.

Posteriormente, la cuestionada convocatoria a la Constituyente forzó a la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, a alzar su voz para denunciar la violación de la Carta Magna.

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La ruptura sigue

Aunque el Gobierno y el TSJ trataron de aparentar que el problema provocado por las sentencias 155 y 156 fue corregido con dos fallos posteriores, en los cuales se borraron extractos de los controvertidos dictámenes, expertos coinciden en señalar que la violación a la Constitución no ha cesado.

“Los problemas, distorsiones y abusos contra los derechos humanos de los venezolanos no han cesado, pues de facto la AN terminó de ser desconocida por el resto de los órganos del Estado venezolano que obedecen al régimen de Maduro, lo que ha facilitado sobre todo el proceder inconstitucional y delictivo del Ejecutivo en materia de contratación, endeudamiento, política monetaria, creación de empresas mixtas y en general del manejo de la economía, ya que no hay ningún control sobre lo que hace en esas materias. Recordemos que esas decisiones políticas del TSJ tenían justo esa finalidad, anular por completo el control político de la AN sobre el Ejecutivo, para que en el exterior, chinos y rusos sobre todo, contrataran y le prestaran al chavismo sin temores jurídicos”, agregó Herrera.

En similares términos se pronunció Laura Louza, directora de la organización Acceso a la Justicia, quien señaló: “La AN fue reemplazada (…) Sentencia a sentencia el TSJ le ha ido quitando poder a la AN y hay un vacío de poder en su función contralora y legislativa, el cual ha sido asumido por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual aunque ha dicho que ella puede seguir funcionando en la práctica está vaciado de funciones tanto mediante el Estado de Excepción que le ha quitado sus potestades legislativas y presupuestarias como por la Constituyente”.

Las opiniones de los expertos están sustentadas en hechos. Tras las sentencias 155 y 156, el TSJ, a través de sus distintas salas, ha dictado 14 fallos más en los que le ha restado potestades, de acuerdo con cifras de Transparencia Venezuela, agrupación que ha contabilizado 69 en total.

Foto referencial: AVN


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