El diputado Julio Montoya (PJ-Zulia) dijo que el empresario Diego Salazar, familiar del exministro y hasta este 4 de diciembre embajador de Venezuela ante la ONU, adquirió los inmuebles a través de un gerente de la petrolera para intentar ocultar 3000 millones de dólares “mientras nuestros niños mueren de hambre y nuestros enfermos no tienen medicinas”.

Caracas. La Asamblea Nacional acordó este martes que la Comisión de Contraloría emita un informe completo sobre la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela, sobre la base de la investigación que dirigió en 2016 el primer vicepresidente del parlamento Freddy Guevara (VP), pero agregándole nuevos elementos hallados en la investigación, hasta llegar a las más recientes detenciones de altos directivos y declaraciones de Nicolás Maduro, quien admitió las irregularidades.

El diputado Julio Montoya (PJ), quien desde 2011 encabezó las denuncias respecto a las irregularidades administrativas en el manejo de Pdvsa, y el diputado Ismael García (PJ) que en 2010 ya había hecho pública la denuncia sobre el desfalco del fondo de pensiones de Pdvsa, presentaron en plenaria algunos datos nuevos sobre la red de corrupción.

Montoya recordó que el nombre de Diego Salazar, detenido el viernes 1 de diciembre y que será imputado mañana por la Fiscalía, habría recibido millonarias comisiones por contratos en los sectores de seguros, reaseguros y en el sector eléctrico. Su más reciente escándalo fue develado en 2015 sobre el presunto lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra y el Banco Madrid.

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Diego Salazar sacó el dinero mintiendo en un tribunal de Andorra. En su afán por esconder 3000 millones de dólares descubrimos que compró 110 apartamentos en Dubai y Abu Dabhi a nombre de Luis Mariano Rodríguez. Ese señor (Salazar) tiene 110 apartamentos en Dubai mientras nuestros niños mueren de hambre y nuestros enfermos no tienen medicinas, reclamó Montoya desde el Parlamento.

Con una copia de un recibo de luz y agua de uno de los apartamentos de Salazar en la mano, el diputado precisó que en el marco de las investigaciones por el caso Andorra, Luis Mariano Rodríguez fue grabado por la policía española “diciendo que él había comprado a funcionarios del gobierno y la fiscalía venezolana para que no investigaran a Diego Salazar”.

Algunos antecedentes

Tanto Montoya como Ismael García reclamaron a Nicolás Maduro que diga desconocer lo que ocurría en la estatal petrolera.

Montoya recordó que en abril de 2005, cuando Maduro presidía la Asamblea Nacional, exhortó a los funcionarios públicos a no acudir a las citaciones de comparecencia ante la comisión de Contraloría. En 2010, cuando García elevó ante la comisión de Contraloría de la AN, en manos del PSUV, la denuncia contra Eudomario Carrullo y Francisco Illaramendi por el desfalco del fondo de pensiones y jubilaciones de PDVSA, el expediente fue engavetado.

Montoya destacó que para mayo de 2011, siendo ya canciller, Maduro fue designado director externo de PDVSA, razón por la cual, a su juicio, debía poseer información privilegiada sobre las operaciones, licitaciones, contrataciones y personal de alto nivel de la empresa.

En octubre 2016, luego de que el Parlamento de mayoría opositora iniciara una investigación contra Rafael Ramírez por presunta corrupción, la entonces presidenta del TSJ y de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, emitió el dictamen 893 que ordena “suspender los efectos de la investigación iniciada e impulsada por la Comisión Permanente de Contraloría de la AN con relación a supuestas irregularidades ocurridas en PDVSA entre 2004-2013, incluyendo las actuaciones que al respecto desplegó en la misma los días 17 de febrero y 5 y 21 de abril de 2016; así como también de todos los actos derivados de esa o de cualquier otra investigación relacionada con los pretendidos hechos que haya iniciado durante el presente año o que pretenda iniciar la Asamblea Nacional”.

El 16 de noviembre de 2016, la AN aprobó el informe de la Comisión de Contraloría que determinó la responsabilidad política de Rafael Ramírez y de Javier Alvarado Ochoa por presuntas irregularidades cometidas en Pdvsa. En el informe se solicita al Ejecutivo la destitución de Ramírez como embajador ante la ONU, y a la Fiscalía y la Contraloría se les pide determinar la responsabilidad penal y administrativa a que hubiera lugar. La respuesta de Maduro fue ratificar a Ramírez en su cargo, mientras los otros dos organismos hicieron caso omiso.

Foto: Maru Morales P.



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