Los dirigentes locales lidian con las angustia de ver sus nombres, direcciones y fotos expuestos en grupos de mensajería instantánea bajo la acusación de ser terroristas, por liderar las manifestaciones vecinales en contra del Gobierno.

Caracas. En los más de 130 días de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro las interacciones entre los vecinos cambiaron. Hoy todos ven a la casa de al lado con sospecha y se preguntan entre susurros quiénes son “los sapos”. Otros aseguran que saben muy bien quiénes son los que llaman a los cuerpos policiales para que frenen las manifestaciones.

Algunos dirigentes locales lidian con la angustia de ver sus fotos, nombres y direcciones en cadenas que se hacen virales por grupos de mensajería instantánea en las que se acusan entre sí.

En La Carlota, en Caracas, Rommel Morot dice que tuvo que ir por primera vez a la Fiscalía. La acusación era la presunta violencia de género hacia una vecina, con quien días antes tuvo un pase de palabras porque la mujer lo insultaba cada vez que lo veía. Él es un líder vecinal, que se declara copeyano desde los 13 años de edad.

Yo solo le dije a la mujer, de la que ni sé su nombre, que no me dirigiera la palabra. Afortunadamente, mi caso fue remitido al Juez de Paz del municipio Sucre, porque no había la agresión que esta vecina denunciaba, cuenta Morot.

Luego de esta experiencia tiene una hipótesis con la que se atreve a aventurarse: Yo sé que en las comunidades vendrán mujeres contra hombres para denunciar violencia de género para hacer acciones negativas para frenar nuestra lucha.

En Los Ruices se encuentra Williams Collins, otro dirigente vecinal que milita abiertamente en el partido político Voluntad Popular y que se mantiene en contacto con Morot para coordinar protestas mancomunadas.

Según asegura Collins, su nombre y el de otros 12 vecinos están en una lista y se les acusa de haber quemado un módulo de Ipostel, ubicado al lado del canal Venezolana de Televisión, el pasado 20 de julio. Sus conocidos le cuentan que su nombre, dirección y fotos han aparecido en cuentas de la red social Twitter donde se les acusa de terroristas.

La historia de los dirigentes locales de Los Ruices y La Carlota es muy parecida a la de otras zonas de la capital como Antímano, El Valle, Montalbán, El Paraíso y Catia.

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Otros, quienes sí han sido sacados de sus casas o detenidos en las calles adyacentes a su comunidad mientras hacían una diligencia, hoy prefieren no hablar por temor a que sus vecinos o los funcionarios que los detuvieron vuelvan a irrumpir en la privacidad de su hogar.

Por su parte, el Foro Penal recomienda acudir al Ministerio Público si alguien es sometido al escarnio público, pero la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad hace que nadie quiera acudir a solicitar protección.

Foto referencial: Archivo Crónica.Uno



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