En un informe especial Provea exigió a las autoridades información veraz y oportuna sobre las causas de la interrupción del servicio eléctrico, los trabajos que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación.
Caracas. En opinión de Provea la mezcla de falta de mantenimiento, irregularidades administrativas y desprofesionalización de su gestión habrían sido las causantes del apagón del sistema eléctrico, ocurrido en todo el país desde el jueves 7 de marzo y que aún este 11 de marzo no ha sido superado.
En un informe especial, Provea señala que desde hace varios años se han denunciado las constantes interrupciones del servicio eléctrico, tanto por especialistas, trabajadores del sector, ONG y las propias comunidades afectadas, cuyas consecuencias se han incluido en los informes de los diferentes organismos internacionales con responsabilidad en Derechos Humanos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido insuficiente y podría agravar sus consecuencias.
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una catástrofe es “cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada”. La diferencia con el concepto “desastre” radica en el gran número de víctimas, que la destrucción material y humana no se encuentra restringida a una única zona, la posible prolongación en el tiempo de sus efectos, la desproporción entre necesidades y medios y la necesidad de activar medios de ayuda extraordinarios.
La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) es una situación en que la causa de la emergencia no es una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino decisiones políticas que comprometieron gravemente la capacidad de la autoridad para proporcionar servicios y protección vital a la población.
Diferentes ONG venezolanas, desde el año 2014, alertaron a los organismos internacionales de protección a los DD. HH. sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el agravamiento de la escasez de insumos hospitalarios y medicamentos en el país. Asimismo, sobre la dificultad en el acceso a los alimentos debido al retroceso de la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos, debido a la hiperinflación.
Además de las graves violaciones al derecho a la salud y la alimentación, un elemento adicional de la EHC que ha aumentado los índices de pobreza en Venezuela es la crisis en la prestación de los servicios públicos, afectando a toda la población del país, especialmente a los sectores más vunerables. Las dificultades y retrocesos en los servicios de transporte público, gas doméstico y agua potable han incluido las permanentes interrupciones en el servicio eléctrico, que se han documentado y denunciado de manera suficiente como para que las autoridades hubieran tomado medidas para garantizar el suministro.
Exigencias inmediatas de Provea frente a la situación
Dada la gravedad de la situación desde Provea estamos realizando las siguientes demandas:
1) Exigir a las autoridades información veraz y oportuna sobre las causas de la interrupción del servicio eléctrico, los trabajos que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación.
2) Sin discriminación, convocatoria a todos los especialistas venezolanos y extranjeros que puedan coadyudar en la reparación pronta de la falla y del sistema eléctrico en su conjunto
3) Atención inmediata a las emergencias generadas por el apagón, activando un protocolo de actuación ante situaciones extraordinarias.
4) Garantizar que el restablecimiento del servicio eléctrico se haga de manera profesional, sin agravar su deterioro y evitando la repetición de situaciones similares en el futuro.
5) Diagnosticar e informar públicamente, de manera veraz y oportuna, sobre las diferentes consecuencias del apagón.
6) Solicitar y aceptar la ayuda internacional tanto para el arreglo de la falla como para abordar los diferentes efectos y consecuencias del apagón en amplios sectores de la población.
7) Abrir las fronteras para que las poblaciones de los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas puedan mitigar los efectos del apagón, accediendo a servicios de salud, alimentos y telecomunicaciones.
Siga leyendo el informe completo aquí en el home de Provea.
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