Activistas de Derechos Humanos pidieron al Ministerio Público que aclare si hay una investigación ordenada por un tribunal para acceder a sus correos y llamadas.
Caracas. El coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui y el director de Espacio Público, Carlos Correa, solicitaron hoy a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, iniciar una investigación contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, tras divulgar en su programa semanal información que solo es posible obtener a través de la intervención ilegal de las comunicaciones realizadas por ambas organizaciones.
El pasado 13 de mayo de 2015, el presidente de la AN aseguró a través del canal de Estado que “Rafael Uzcátegui encargado de la ONG Provea y Carlos Correa de la ONG Espacio Público, salieron hacia Panamá el sábado 09 de mayo con destino final a la ciudad de Lima, Perú, donde participarán en un foro de derechos humanos junto a otros integrantes de ONG de países latinoamericanos. Luego de esta actividad viajaron a Chile donde se encontrarán con Marino Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y quien lleva tiempo fuera del territorio nacional”(sic).
Explicaron que “la información sobre nuestros itinerarios de viaje y nuestras actividades internacionales es posible obtenerla por otras fuentes, el detalle de nuestro encuentro con el ciudadano Marino Alvarado en Santiago de Chile, quien se encuentra desde hace meses fuera del país y con quien solo tenemos contacto por medios digitales, solo era posible conocerlo mediante la intervención de nuestras comunicaciones electrónicas”.
Provea y Espacio Público condenan estas acciones que violan el artículo 48 de la Constitución y solicitaron a la Fiscalía que informe si existe una investigación sobre Provea y Espacio Público que haya autorizado a un tribunal la emisión de la orden judicial de interferir sus comunicaciones.
“Si tanto la investigación como la orden judicial existen, que se inicie una investigación contra el ciudadano Diosdado Cabello por revelación de información que no guarda relación con el eventual proceso iniciado en nuestra contra”, apuntaron.
Enfatizaron que si no hay ninguna orden judicial para intervenir sus comunicaciones, se inicie una averiguación contra el ciudadano y presidente de la AN, Diosdado Cabello por la violación del artículo 48 de la Carta Magna, el cual establece que: “se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso”.
Además solicitaron pronunciamiento por parte del Ministerio Público (MP) sobre la vigencia en Venezuela del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas tal como se encuentra garantizado en el artículo 48 de la Constitución.
Linchamiento televisivo
Entre 2014 y 2015, Cabello, ha empleado, de forma recurrente, el sistema nacional de medios públicos para criminalizar la labor de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) registró entre octubre y diciembre de 2014, descalificaciones y hostigamiento contra 165 activistas de derechos humanos, políticos y periodistas por parte del diputado Cabello a través de su programa televisivo. Esta conducta se ha intensificado a raíz de la participación de las ONG de DDHH en las en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en otros escenarios de evaluación y monitoreo a la situación de los DDHH de nuestro país.
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