Diosdado Cabello ordenó a los jefes regionales del partido y aliados no descansar y acudir a todos los tribunales del país para denunciar “el fraude de la derecha” y exigir justicia. Luego del acto contra el referendo, vendrá la eliminación de los partidos opositores. Podemos y el Comando Nacional Bolivariano de Telecomunicaciones de Cantv-Movilnet actuaron en el TSJ contra la coalición opositora y el Parlamento.
Caracas. Aunque la oposición esperaba que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminara alguna acción contra el referendo revocatorio, la tarea será decidida por los diversos circuitos judiciales del país, lo que en el oficialismo bautizan como “La cayapa judicial” porque implica la actuación de todos los entes que conforman esta estructura de Poder.
El plan fue ideado por el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, pero seguido por la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en todos los estados donde —además de constituirse “Comités de Víctimas de la MUD”— se denunciaron una serie de supuestas irregularidades en la I etapa del revocatorio, es decir, en el 1 % para autorizar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que tramitara la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); estas implicarían firmas de muertos, de presos, menores de edad y personas no aparecidas en el Registro Electoral (RE).
En la Fiscalía General cursan 3.000 denuncias de presuntas anormalidades durante el 1 %; en el TSJ está una solicitud de la Comisión Presidencial de Verificación de las Firmas, hecha por su coordinador, Jorge Rodríguez; y en los circuitos judiciales abundan las demandas contra la MUD.
El pasado 13 de octubre, Ameliach introdujo ante el Circuito Judicial Penal de Carabobo una querella con medida cautelar —Recurso de Amparo— contra los directivos de la MUD por el suministro de datos falsos al CNE. “La Mesa puso a firmar 521 fallecidos en Carabobo, lo que constituye los delitos de falsa atestación ante un funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos al Poder Electoral, tipificados en los artículos 320, 322 y 323 del Código Penal y 230, numeral 2, de la Ley Orgánica de Procesos Electorales”, expuso en el escrito.
[irp posts=”37267″ name=”MUD se prepara para lograr el 20 % en los estados más complicados”]El amparo busca que los tribunales suspendan la jornada de recolección de 20 %, pautada por el ente comicial entre el 26 y 28 de octubre, y que es el requisito necesario para activar la consulta popular. De ser afirmativo, la Unidad no podría seguir con el proceso y el oficialismo tendría la oportunidad de evitar que esa actividad se convierta en el “III plesbicito contra Maduro”: el primero, el 6D con las elecciones parlamentarias; y el segundo, el 1S con la presencia de más de 2 millones de personas en las calles de Caracas y capitales de estados del país.
En el PSUV y, sobre todo Ameliach, esperan una decisión favorable y en tiempo récord debido a que la ley obliga al Poder Judicial a responder. “En las próximas horas debe haber un pronunciamiento de los tribunales de la República con respecto a este caso, el cual debe ser acatado por toda la ciudadanía”, dijo el vicepresidente de Organización del PSUV, quien no actúa por iniciativa propia, sino como parte del plan desarrollado en el Comando Político de la Revolución contra la Mesa de la Unidad y cualquier iniciativa que surja de la Asamblea Nacional (AN).
¿La evidencia? El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ordenó el pasado 18 de octubre a todos los Equipos Regionales del partido, así como a los jefes estadales de los aliados: “¡Vayan todos los días a los tribunales y no dejen morir las denuncias! “¡Los chavistas no queremos revocatorio y tenemos el derecho de ponérselas difícil en el marco de la ley! Denúncienlo en los estados que hubo 10.000 fallecidos, 3.000 menores de edad y 3.000 presos que firmaron. ¿Y qué? ¿nadie va a pagar? Vamos a pedir justicia y que se pongan presos a los responsables porque allí hubo un delito. ¡Tienen que pagar!”, espetó ante la dirigencia y militancia del PSUV, el partido Patria Para Todos (PPT), la Unidad Popular Venezolana (UPV) e integrantes de la Milicia.
Una persecución de hace rato
La actuación de Ameliach en el Circuito Judicial de Carabobo no es la primera que ejerce contra la MUD y el revocatorio.
En la Cuenta N° 153 de la Sala Constitucional del TSJ, correspondiente a la semana del 5 al 9 de septiembre, se registra la recepción del amparo en apelación: “Punto 10.-AA50-T-2016-000875. Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el 06 de septiembre de 2016, contentivo del Recurso de Interpretación Constitucional interpuesto por el abogado Gustavo Valero, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Francisco José Ameliach Orta, gobernador del estado Carabobo, en relación al artículo 200° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ponente: Magistrada Dra. GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO” (sic).
En junio, emplazó al TSJ a determinar la legalidad de los 32 partidos que conforman la MUD y pidió declararla “inexistente” porque estaban “ilegales”.
“Los partidos de oposición están ilegales y a punto de desaparecer, ya que se niegan a acatar las leyes y la Constitución. El partido político que incurra en fraude a la ley o haya dejado de cumplir los requisitos, le será cancelada su inscripción, según el artículo 32 Literal D, de la Ley de Partidos Políticos Reuniones Públicas y Manifestaciones. El Consejo Nacional Electoral cancelará los partidos políticos si su actuación no estuviere ajusta las normas legales, es decir, si comete fraude. En el mismo artículo, en el literal C, se establece que la cancelación del partido podría suceder si este dejara de participar en dos elecciones consecutivas, ya que en las elecciones para la Asamblea Nacional participaron bajo la tarjeta única de la Unidad”, alertó el dirigente del PSUV.
En el máximo juzgado cursan otras acciones ejercidas por los aliados del socialismo. El expediente AA50-T-2016-000201, reporta que el 25 de febrero de 2016, el legislador de Aragua, Gerson Pérez, introdujo un amparo contra la AN. La ponente del caso es la magistrada Lourdes Suárez Anderson, hermana del fiscal fallecido, Danilo Anderson. El 19 de septiembre, la Secretaria Temporal de la Sala Constitucional (SC) informó a Pérez el contenido de la decisión N° 788, dictada por esta Sala el día 12 de agosto de 2016.
En la Cuenta N° 162 de la SC, del 26 de septiembre, se recoge otra demanda interpuesta por Manuel Acosta, Arwin Quezada y Leonardo Molina, entre otros, en nombre del Comando Nacional Bolivariano de Telecomunicaciones de Cantv-Movilnet, contra el presidente de la unicameral, Henry Ramos Allup, Jesús Torrealba (secretario de la MUD) y otros miembros de la coalición opositora. El ponente será el magistrado Arcadio Delgado.
Foto referencial: AP
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