El chavismo se apoyó en la ausencia de los diputados opositores este miércoles y la modificación del articulado este jueves para aplazar su aprobación final.
Caracas. Dos días debate consecutivos no fueron suficientes para sancionar la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). La bancada del Gran Polo Patriótico (GPP) logró retrasar la aprobación definitiva de la norma valiéndose del Reglamento de Interior y de Debate. Una vez aprobado este jueves el texto, en segunda discusión, el diputado Edwin Rojas (Psuv), citó el artículo 209 de la Constitución y señaló que esta no podía ser sancionada debido a que había sufrido modificaciones durante el debate. “Léanse la Constitución, estudien y no pirateen”, señaló.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, acogió el planteamiento y devolvió el proyecto a la comisión de Administración y Servicios que debe presentarlo de nuevo a la plenaria en un plazo no mayor de 15 días. La Ley fue modificada a raíz de una propuesta del diputado Julio Borges (MUD) de condonar cualquier deuda a los beneficiarios de la GMVV para obtener su título de propiedad. La aprobación del texto ya había sufrido un retraso la noche de este miércoles cuando, tras horas de debate, se retiraron unos 30 parlamentarios de la MUD. Los legisladores del Psuv decidieron salir del hemiciclo y pedir verificación del quórum. Como no estaban presentes los 84 diputados requeridos para continuar el debate la junta directiva tuvo que suspender la sesión.
Durante la discusión de estos dos días los legisladores del Psuv acusaron a la oposición de pretender “privatizar” las viviendas, dárselas a las constructoras privadas para colocarlas a precios inaccesibles y entregar los terrenos donde se construyeron los urbanismos a la banca privada. “El principio de la propiedad está en la Constitución. Existe un marco legal que establece esto. El 15% de viviendas entregadas gozan de titularidad plena por la vía de la propiedad y 85% están sujetos a otras leyes. Son dueños de la titularidad de la vivienda en el momento que terminen los pagos de esa vivienda”, dijo el diputado Haiman El Troudi, quien fue felicitado por el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, por su “debut” en el Parlamento.
Estos argumentos fueron negados de manera reiterada por los diputados de la oposición quienes acusaron a sus pares del Gran Polo Patriótico (GPP) de no querer entregar el derecho a propiedad para controlar el voto de los beneficiarios. “Estoy seguro de que ustedes son propietarios de, por lo menos, una vivienda, ¿Por qué el pueblo venezolano no tiene el mismo derecho que ustedes?”, preguntó el diputado Oscar Ronderos (MUD). El presidente Nicolás Maduro aseveró que el proyecto pretende “privatizar” el programa social.
Cara a cara
El debate se tornó tenso este miércoles cunado el diputado Ismael León (MUD) tomó la palabra para hablar de un ministro de la vivienda que “metió” a su esposa, cuñada e hijas a trabajar en la GMVM. Molina se acercó inmediatamente al curul del diputado para gritarle “misógino” y luego ejerció su derecho a réplica. “Este diputado tienen una característica psicológica, tienen una aversión al sexo femenino y cada vez que puede agrede una mujer. Ahora agrede mi hija. Por mi familia me desprendo de mi inmunidad parlamentaria”, advirtió al legislador.
El articulado establece que los beneficiarios podrán “disponer libremente” de la propiedad. La norma también exige al Estado garantizar los “servicios esenciales” alrededor de estas construcciones, como agua, luz, transporte, escuelas, entre otros. “Actualmente la familia no tienen derecho de disposición, los hijos no van a heredar la vivienda”, aseveró el diputado Jonny Rahal.
El texto da un plazo de 6 meses al Gobierno para otorgar la propiedad a los beneficiarios y da la potestad a la las alcaldías y gobernaciones de formalizar este beneficio, si no lo hace el Ministerio de la Vivienda. También establece una comisión especial que hará un inventario de los urbanismos y los terrenos y contempla indemnizar a los propietarios de las tierras en las que se construyeron las casas. “No quieren que se haga el estudio porque se va a desmontar lo del millón de viviendas y se van a ver todas las irregularidades”, aseveró el diputado Piero Maroun.
Foto: Cristian Hernández
Participa en la conversación