El Gobierno ha pasado de la congelación a los precios acordados. Jesús Faría dijo que los controles rígidos no funcionan.
Caracas. El presidente Nicolás Maduro en mayo anunció que se congelarían todos los precios, cuatro meses después presenta un marco legal para mantener el control, pero los costos de los rubros básicos serán acordados con los empresarios. Esto refleja que en el gabinete económico hay diferentes visiones sobre esta materia. Un sector insiste en profundizar los controles, y otro en revisar la regulación.
Desde 2003, el Gobierno aplica un control de precios que junto con la restricción en la entrega de dólares ha impactado en la fabricación de bienes esenciales, debido a que los artículos se tienen que ofrecer un precio menor a sus costos de elaboración, por lo cual esos artículos tienen fallas de abastecimiento. En simultáneo a ese establecimiento de precios, se ha estructurado un conjunto de marcos legales que permiten ocupaciones de instalaciones y penas severas por especulación, boicot y acaparamiento.
Ante la elevada escasez, a mediados del pasado año las autoridades plantearon revisar los precios de 50 alimentos, artículos de higiene personal y medicinas. El para entonces vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abad, anunció el Plan 50 y detalló que esos rubros tendrían un componente subsidiado con lo cual estarían “muy por debajo de los precios internacionales”. Agregó que “se haría una medición mensual de los números, de la producción del plan de abastecimiento, lo que permitirá entregar la contabilidad de lo que pasa en la alimentación en Venezuela”.
Hasta prometió que en seis se estabilizaría el sistema de producción y distribución. Pero en 2016 solamente se ajustaron los precios de la harina precocida de maíz, azúcar, arroz, café, leche, toallas sanitarias, pañales, jabón de baño y crema dental. Los demás artículos quedaron con los precios de 2015 y 2014, con lo cual la revisión oficial no siguió.
En paralelo, el presidente Nicolás Maduro creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) con el fin de controlar la fabricación y distribución del sector privado y lanzó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para despachar bolsas de comida casa por casa, instancia que además recibe 50 % de la producción de las industrias de alimentos y artículos de higiene.
Frente al deterioro de la producción, las autoridades permitieron a gobernadores y entes oficiales importar en el último trimestre del 2016, y así el Gobierno empezó a ofertar productos a precios superiores a los regulados.
Luego bajo cuerda se dejó que varias industrias empezaran a subir los precios de algunos rubros a fin de que se garantizara el abastecimiento. Muchas empresas para poder operar tuvieron que recurrir al mercado paralelo ante el recorte en la asignación de divisas oficiales. Situación que se ha mantenido a lo largo de 2017, en la que ciudadanos consiguen algunos productos esenciales muy costosos.
Las contradicciones
En mayo, y en el marco de la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Jefe de Estado indicó que se congelarían los precios.
“Congelar los precios, pero con la gente en la calle. Aprobado (…) Necesitamos constituir un poder superior para derrotar todos los vericuetos que le impone la burguesía al pueblo, sus esquemas de guerra económica y lograr que los bienes y servicios fundamentales para la familia lleguen al pueblo a través de los Clap a precios justos”, apuntó.
El vicepresidente de Economía, Ramón Lobo, llegó a decir que se estaba definiendo la metodología para la congelación de precios. Esa postura se mantuvo entre julio y agosto y cuando se instaló la ANC, el mandatario y los constituyentes insistieron en que se aplicaría la congelación. En agosto, el exconstituyente Aristóbulo Istúriz defendió el modelo de controles y aseveró que “la inflación es inducida” y “culpa del Imperio”.
Ahora Maduro señala que aunque el control sigue, habrá “un sistema acordado de precios que marque bajo consenso el precio máximo de 50 bienes y servicios que en estos momentos están perforados”. Para ello entregó a la ANC una ley.
Fuentes oficiales y empresariales consultadas señalaron que ese plan se discutió el pasado año en el Consejo de Economía Productiva y luego se desechó, por ello, apuntaron que lo que está haciendo el Ejecutivo es reeditar las mismas políticas y atender por los momentos a uno de los grupos del oficialismo.
Henkel García, analista y director de Econométrica, comentó que “el discurso es contradictorio y las medidas muestran que se complace a varios grupos”.
Este viernes, el vicepresidente Tareck El Aissami aseveró que la congelación de precios “no beneficia a nadie, no es la salida. Pero tampoco vamos a liberarlos, eso en nuestra economía no funciona, y en una economía tan atacada como la nuestra. Tenemos que ir a precios acordados”.
El constituyente Jesús Faría, quien hasta hace poco fue ministro de Inversión Extranjera, indicó que una congelación no era viable. “De aplicarse, entraría en el peor de los escenarios. Nadie en el sector público ni el privado estaría en capacidad de producir bajo esas condiciones”.
El economista Ronald Balza expresó que en la materia de precios se evidencian contradicciones y añadió que esa fijación genera dudas. “¿Cómo se acordarán esos precios? ¿Cada cuánto tiempo serán revisados?”.
En un programa en VTV , Faría apuntó que los “controles tan rígidos no sirven, no funcionan; y deben ser complementados con estímulos mucho más claros hacia la producción”.
El Aissami manifestó que la experiencia sería similar a la de precios cuidados que se establece en Argentina. El presidente de la Comisión de Finanzas, José Guerra, dijo que dicha política “ha sido un fracaso”.
A la par de los precios acordados, el Gobierno prevé intensificar las fiscalizaciones a través de los Clap, lo cual estará en otro marco legal. “Vamos a supervisar con los Clap”, aseveró el vicepresidente.
La semana pasada, un grupo de chavistas, entre los que se encuentran ex vicepresidente de Economía Luis Salas y el economista Tony Boza, asesores del mandatario, sugirieron que para el control de los precios se debe constituir un “comando integrado de defensa de los derechos socioeconómicos de la población y no reconocer o aceptar la fijación de precios utilizando como referencia el marcador del tipo de cambio del mercado paralelo para la determinación de costos”.
Foto referencial: Luis Miguel Cáceres
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