El Fiscal General designado por la Constituyente aseguró que su despacho presume que 900 empresas sobrefacturaron para obtener más dólares preferenciales de los necesarios y que esto no pudo hacerse sin complicidad. Denunció que hay medios de comunicación, “sobre todo portales digitales”, que “encubren” estos hechos y aseguró que los expondrá próximamente.
Caracas. Novecientos (900). Ese es, hasta ahora, el número de empresas que el Ministerio Público presume que presentaron facturas con precios inflados para obtener de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) más dólares oficiales de los necesarios para importar dichos bienes. Así lo aseguró el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien aseveró que su despacho no solo investiga a los empresarios que incurrieron en irregularidades sino a los funcionarios del organismo que les entregaron los fondos, a pesar de las evidentes anomalías.
“Aquí no solamente debe ser investigado el empresario sino los funcionarios que, de manera leonina, de manera miserable y engañando a la propia ética del Estado no se dieron cuenta de esta sobrefacturación”, anunció el también presidente del turno del Consejo Moral Republicano, durante la rueda de prensa que este miércoles al mediodía ofreció y donde anunció la captura de dos empresarios sospechosos de incurrir en estas prácticas.
Tras informar que los detenidos son Juan Miguel Lozano Espinoza y Andrés Lozano Espinoza, dueños de la Corporación Bates Gil, Saab indicó que dicha empresa habría recibido de la extinta Cadivi (hoy Cencoex) 17,2 millones de dólares para “adquirir materiales químicos para placas funerarias y descomposición de materiales ferrosos” y que los mismos fueron cotizados por entre 650 y 724 dólares el kilo, pese a que en el mercado internacional el precio de dichos productos oscila entre 0,5 y 5 dólares por kilo; es decir, una diferencia de entre 14.000 % y 130.000 %
Seguidamente anunció que funcionarios de la policía contra la corrupción y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lanzaron entre el lunes y el martes una operación contra dos empresas de maletín (Magma Mineral Grouth y Cooperativa Forteza Da Braso), la cuales en conjunto recibieron casi 40 millones desde 2005, pero ninguno de sus propietarios logró ser aprehendido y por ello anunció que solicitaría a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) su captura.
“Cadivi cuando entregó estos [fondos], los responsables de esa junta administradora no se dieron cuenta de que le estaban entregando a estas personas divisas en millones aunque ni siquiera tenían un domicilio fiscal”, sostuvo Saab.
Ni sí ni no
Pese a la declaración anterior, cuando Crónica.Uno le consultó si tenía previsto investigar a Manuel Barroso, quien desde 2007 hasta 2014 estuvo al frente de Cadivi, el funcionario rechazó responderlo diciendo: “Sobre investigaciones en curso preferimos no anunciar o preanunciar la marcha de las mismas. Creo que es lo más correcto para la marcha de las mismas” (sic).
Tampoco quiso aclarar si su despacho está tomando en consideración las denuncias que desde 2013 viene formulado el exministro de Planificación y de Finanzas, Jorge Giordani, en relación con las irregularidades ocurridas en el marco del control de cambio y las cuales implican a empresas privadas y también públicas. Algunas de esas denuncias terminaron en el Consejo Moral Republicano, del que Saab ha sido presidente en dos ocasiones y una el actual contralor Manuel Galindo.
Luego de ser destituido por el presidente Nicolás Maduro, Giordani, junto con el exministro de Educación y Energía Eléctrica, Héctor Návarro, denunciaron que unos 25 millardos de dólares se “esfumaron” mediante importaciones “de chatarra” y también gracias al extinto Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sistme); y estimaron que a lo largo del control de cambio unos 300 millardos de dólares habrían salido del país irregularmente.
Lo que sí anunció el fiscal provisorio fue que denunciará la actuación de algunos medios de comunicación, en particular de algunos sitios web, por presuntamente censurar investigaciones como estas o las que conduce por las irregularidades en la industria petrolera.
“Hay medios de comunicación, luego los vamos a denunciar con nombre y apellido, sobre todo portales digitales, que encubren a estos corruptos y desvían la atención, desinformando y mal informando. Vamos a nombrar a los portales y a sus propietarios, porque en lugar de informar desinforman, manipulan la información. Les duele la lucha contra la corrupción, encubren los delitos que han ocurrido con la corrupción petrolera y estoy seguro de que van a hacerlo con esta corrupción en Cadivi-Cencoex, porque estoy seguro de que están vinculados de alguna manera y por eso encubren a estos delincuentes”, soltó.
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