La petición fue en respuesta a una denuncia que un grupo de constituyentistas, encabezados por Diosdado Cabello, presentó este miércoles contra el diputado del chavismo y los funcionarios, a los que acusó de formar parte de la supuesta red de chantaje que operaba en la Fiscalía.
Caracas. La detención del diputado Germán Ferrer, esposo de la removida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el jefe provisorio del Ministerio Público, Tarek William Saab, quien lo señaló de ser el “líder” de la presunta red de extorsión y chantaje que, según él, opera en el organismo.
La petición la formuló el funcionario luego de que un grupo de constituyentistas encabezado por Diosdado Cabello le presentara unos documentos que probarían que el legislador disidente del chavismo habría abierto, entre marzo y abril de 2016, cuentas en un banco de las Bahamas por seis millones de dólares, junto con los fiscales 55 Nacional, Pedro Lupera; y su auxiliar, Luis Sánchez.
Saab reveló que también destituyó y pidió detener a dichos fiscales para que “expliquen” cómo abrieron estas cuentas y de dónde sacaron esas altas sumas de dinero. Los ahora solicitados tenían entre sus manos casos emblemáticos de corrupción como el relacionado con los supuestos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht canceló a funcionarios chavistas a cambio de contratos millonarios.
Lupera fue quien citó para imputar a la esposa y a la suegra del exministro de Planificación y Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, por presuntamente haberse enriquecido gracias a la empresa.
Horas después de que el fiscal provisorio realizara este anuncio, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se presentaron en la residencia de Ferrer y Ortega Díaz, informaron fuentes cercanas a ambos.
Nueva visión de la flagrancia
Pese a que Ferrer goza de inmunidad por su condición de diputado a la Asamblea Nacional, el fiscal provisorio justificó su petición para detenerlo en su casa indicando que “cometió un delito en flagrancia, porque él actuó con la peor premeditación y alevosía y se puede presumir que era quien dirigía esta banda de extorsión, cuyo epicentro estaba en el Ministerio Público”.
El artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que un delito flagrante es “el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor”, con lo cual unos documentos fechados entre principios de 2016 y principios de este año parecen no encuadrar en la definición.
Sin embargo, acto seguido, Saab anunció que solicitaría a la Constituyente el levantamiento de la inmunidad de Ferrer, para así facilitar su procesamiento y “cubrir las formas”.
Tras revelar que en las cuentas halladas habría más de 6 millones de dólares, los cuales habrían sido obtenidos mediante el soborno a empresarios involucrados en supuestas irregularidades en contrataciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Saab afirmó que estos señalamientos confirman sus sospechas de que Ortega Díaz “convirtió a esta institución en un centro de chantaje y extorsión donde se tasaba en dólares” para la decisión de investigar o no a una persona.
“Yo presumo que aquí no solo operaba una red sino un cartel. Yo calculo que aquí debe haber mucha más gente involucrada, muchos más fiscales. Esta investigación nos va a permitir ver el alcance de este cartel que se enquistó en mala hora en el Ministerio Público”, dijo, al tiempo que lanzó un dardo a su antecesora: “No sabía ella que su cónyuge, un diputado aperturó estas cuentas en las Bahamas. No sabía que fiscales activos del Ministerio Público de manera conjunta con su esposo abrieron cuentas con millones de dólares” (sic).
Niegan vendetta
Minutos antes, el constituyente Cabello informó que le habría entregado a Saab elementos que hacían presumir que estrechos colaboradores de Ortega Díaz extorsionaban a personas con cuentas con la justicia y negó que estos señalamientos formen parte de una persecución contra la fiscal general removida.
“Esto no es que porque se le volteó a la revolución. Esto no tiene nada que ver con su posición política. Si yo hubiese tenido estas denuncias hace seis meses, igual las habría hecho”, aseveró quien durante las últimas semanas no dudó en tachar a la funcionaria de “traidora” y la amenazó constantemente con removerla una vez que fuera elegida la Constituyente.
Antes del 31 de marzo pasado, cuando Ortega Díaz cuestionó los fallos del TSJ contra el Parlamento, en el oficialismo se escucharon pocas críticas a la gestión de la jurista guariqueña en el MP.
Por su parte, la removida fiscal denunció que con una persecución contra ella y sus cercanos “el gobierno de [Nicolás] Maduro y Cabello pretenden acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos”.
Foto: Francisco Bruzco
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