Inmuebles de Miguel Ángel Martín, Antonio Marval, Elenis Rodríguez y Pedro Troconis fueron “visitados” por la policía política. En una de las inspecciones habrían sustraído un computador personal. Diputados a la Asamblea Nacional se solidarizaron con los funcionarios por ellos designados en julio de 2017.

Valencia/Caracas. La mañana de este lunes funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron varios inmuebles en Venezuela propiedad de cuatro de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), juramentados por la Asamblea Nacional en julio de 2017, quienes se encuentran en el exilio. Los altos jueces afectados fueron Miguel Ángel Martín, Antonio Marval, Elenis Rodríguez y Pedro Troconis.

En el caso de Martín, fue allanada su vivienda ubicada en la urbanización Prebo de Valencia. En el lugar se presentó una comisión del Sebin en horas de la mañana. Vecinos comentaron que en la casa solamente viven los suegros del magistrado, dos adultos mayores, uno de los cuales sufriría Alzheimer.

Casi en paralelo, otra comisión de la policía política se presentó en las oficinas de Marval ubicadas en el centro comercial La Grieta, sector El Viñedo, al norte de Valencia.

Más temprano, a las 7:16 de la mañana, la magistrada Elenis Rodríguez reportó a través de su cuenta Twitter el ingreso de efectivos del Sebin a la vivienda de su  madre en la urbanización Laguna Paraíso, Villa 472, en Maturín estado Monagas.

“Mi madre tiene principios de Alzheimer, hago responsable al Gobierno por lo que pueda sucederle a ella y a mi familia”, alertó Rodríguez. Cuatro horas después, la diputada María Gabriela Hernández (Independiente-Monagas) denunció en la misma red social que la hermana de la magistrada había sido llevada a declarar en calidad de testigo, mientras que un computador habría sido sustraído de la residencia. El interrogatorio culminó al final de la tarde y la mujer fue dejada en libertad, confirmó la parlamentaria.

Mientras, a las 7:32 de la mañana, el magistrado Pedro Troconis también lanzó un alerta público desde Twitter para informar el allanamiento a su oficina ubicada en el Conjunto Comercial Colonial: “Denunciamos al Sebin, quienes en este momento se encuentran en el edificio donde está mi oficina, pero ingresaron sin orden judicial a la oficina de un vecino. No tienen ninguna orden judicial para ingresar a ninguna oficina, sigue el régimen cometiendo errores”.

Estaban amenazados

Desde su designación y juramentación por parte de la Asamblea Nacional, en julio de 2017, el gobierno de Nicolás Maduro con el aval del presidente del TSJ, Maikel Moreno y el apoyo del Sebin inició la persecución de los magistrados. Se les acusó de usurpación de funciones y traición a la patria. Las órdenes de captura emitidas en ese momento persuadieron a por lo menos dos jueces, quienes se retractaron de la juramentación, otros -la mayoría- lograron escapar del país, pero uno de ellos, Ángel Zerpa, fue capturado el 23 de julio y estuvo preso en un baño en el Sebin durante un mes y cuatro días.

Hace dos semanas, cuando la Asamblea Nacional autorizó a los magistrados en el exilio a continuar el enjuiciamiento de Maduro por presuntos hechos de corrupción en las contrataciones con Odebrecht, el presidente del TSJ oficial, Maikel Moreno, afirmó que solicitaría la captura inmediata de los magistrados en el exilio. Mientras, el fiscal designado a dedo por la frauduenta ANC, Tarek William Saab, tildó el proceso judicial como un “show” y un “acto bufo” carente de toda legalidad.

Diputados solidarios

Al conocerse de los allanamientos, diputados de la Mesa de la Unidad y del Bloque 16 de Julio expresaron a través de Twitter su respaldo a las actuaciones de los magistrados y condenaron la persecución.

“Nuestra solidaridad con los magistrados ante el allanamiento de varias de sus viviendas en Venezuela. Esa es la respuesta del régimen ante juicio de mérito a Nicolás Maduro”, sentenció Julio Borges (PJ), quien fue el encargado de tomarles juramento a los altos jueces cuando presidió la AN.

El presidente de la comisión de Política Exterior, Luis Florido (VP) también se manifestó: “Seguiremos acompañando decisiones TSJ legítimo en el exilio. Nuestra absoluta solidaridad con los magistrados ante el allanamiento de varias de sus viviendas en Venezuela ¡Es la respuesta del régimen ante juicio a Nicolás Maduro!”.

Por su parte, la subjefa de fracción del bloque 16J, Dignora Hernández (VV) expresó el “pleno reconocimiento y solidaridad con el TSJ Legítimo”, y sostuvo que la causa de dicha acción policial es “el temor de Maduro y sus cómplices de enfrentar juicio por corrupción”.

Fotos: Leomara Cárdenas


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