El llamado de Fedecámaras es a que todas las empresas nacionales conversen con sus trabajadores para demostrar el impacto de estas medidas en las estructuras de costos internas y cómo este se verá reflejado en los precios.
Caracas. El ajuste salarial, la devaluación y el incremento de los impuestos aprobado por el Gobierno profundizan la crisis en las industrias y los privados temen más cierres.
Este lunes el sector empresarial venezolano fijó su posición ante los anuncios económicos de Nicolás Maduro. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, dijo que se pretende imponer un salario con 3500 % de aumento sin mediación entre las partes involucradas, incumpliendo con los convenios número 26 y 144 de la organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según Larrazábal, estos compromisos obligan al Gobierno a que todas las medidas económicas que afecten a las empresas y sus empleados sean discutidas de manera tripartita entre empresarios, trabajadores y gobierno. Sin embargo, se señala que tal incumplimiento ha demostrado, reiteradas veces, que no se considera la realidad de las empresas ni la de los trabajadores.
“El aparato productivo está en riesgo de quiebra por la forma en que se están implementando estas medidas”, señaló el representante.
En palabras de Larrazábal, asumir el ajuste salarial es “sumamente complicado”, debido a que distintos niveles empresariales no cuentan con el flujo de caja para asumir este compromiso. Pese a que el Gobierno prometió adjudicarse el pago diferencial por 90 días, los empresarios consideran que es poco factible atender a la totalidad de la población. “¿Cómo indemnizarán al sector agrícola, educativo o a los sectores que no tienen acceso a Internet y la banca?”, se preguntaba Larrazábal durante la rueda de prensa.
“Consideramos poco creíble que el Gobierno asuma la diferencia del aumento salarial por su dificultad de aplicación” señaló Larrazábal, y recordó que esta medida podría incidir en la emisión de “más dinero inorgánico, agravando el problema del déficit fiscal”. “Si no se controla la hiperinflación, este impacto será totalmente contraproducente para el patrimonio empresarial ya debilitado”, continuó.
El sector considera que era necesario ajustar los salarios, “pero aplicar un incremento de 3500 % es inmanejable para una economía que experimenta una grave depresión y que no maneja flujo de caja para poder cumplir con este incremento”.
Se señaló que todavía no se ha publicado en Gaceta Oficial todas las implicaciones del aumento salarial, pues, hasta ahora, no se ha tomado en cuenta el impacto que tiene sobre la retroactividad de las prestaciones sociales.
Aunque Larrazábal afirmó que las empresas privadas siguen comprometidas con el país y que no cree que haya un cierre masivo, advirtió:
“Si no se toman ajustes correctivos, el patrimonio de las empresas se verá gravemente afectado, sobre todo en las pequeñas y medianas, que son las más débiles”.
El llamado es a que todas las empresas nacionales conversen con sus trabajadores para demostrar el impacto de estas medidas en las estructuras de costos internas y cómo este se verá reflejado en los precios. Agrego que lo harán “para que cada uno de los trabajadores entienda la realidad sobre su puesto de trabajo”.
Respecto al paro nacional convocado por Voluntad Popular, Primero Justicia y el Frente Amplio, Larrazábal señaló que Fedecámaras no convoca a un paro nacional, sino que esa será una decisión ciudadana.
Tal y como lo han señalado otros sectores de la sociedad civil, el presidente de Fedecámaras sostiene que “las verdaderas causas que generan escasez e hiperinflación no han sido corregidas” y agrega que, contrario a lo propuesto, “los anuncios realizados generan incertidumbre, son improvisados y no son debidamente comunicados a la población”.
En especial, se exige un cambio de modelo político, pues Fedecámaras y sus sectores afiliados han hecho advertencias sobre las consecuencias que este ha tenido para la calidad de vida de los venezolanos.
“Nunca nos han escuchado, pues hemos exigido respeto y la aplicación de los preceptos políticos, económicos y sociales que están plasmados en la Constitución, donde se establece el libre mercado”.
Siguiendo esta línea, se rechazó la presentación de un plan de ajustes lleno de “incoherencias” y “lagunas” que no tiene los beneficios que estos suelen traer, pues señala que con estas medidas no se busca incrementar la producción ni alcanzar financiamiento externo para los sectores público y privado.
Control de precios
Respecto a las advertencias gubernamentales de fijar el precio de 50 rubros de la canasta básica, el sector empresarial considera que esta regulación sigue agravando los errores del pasado “porque no se incentiva la producción nacional”.
Mantener el control de precios es demostrar que el Gobierno tampoco confía en que las medidas van a funcionar (…) Si insiste y obliga a las empresas a producir a pérdida, los productos van a desaparecer”, sostuvo Larrazábal.
Desmintió que todos los precios estén dolarizados: “Hay una gran cantidad de productos (básicos) que tiene el precio controlado” y denunció que, probablemente, la reventa con sobreprecio se debe a los mecanismos de distribución que ha establecido el Estado. Señaló que es allí “cuando se vende a precio muy altos, pero no es por la facturación de la empresa”.
“Después de los anuncios se han dado reuniones técnicas, pero es muy difícil calcular el impacto en las estructuras de costos debido a los grandes ajustes”, agregó y sostuvo que todavía no hay claridad sobre el sistema cambiario y el aumento en material fiscal, por lo cual no han podido establecer nuevos precios.
“Nadie puede trabajar a pérdida. Hay que estabilizar la economía para que los salarios, los insumos y todo se estabilice”.
Sistema cambiario
“El anclaje del bolívar soberano al Petro es un grave error”. El Petro, moneda virtual emitida por el gobierno venezolano, tiene como referencia el mercado petrolero que, a juicio del representante empresarial, “le inyectará a la economía nacional la misma volatilidad que tiene el precio del petróleo”. Además, agregó que esta moneda “no es reconocida por ningún factor nacional ni internacional”.
Recordó que los mecanismos de anclaje se han hecho refiriéndose a monedas “sólidas como el euro o el dólar”.
Aumento del IVA y “déficit fiscal cero”
El sector empresarial critica que el Gobierno pretenda aplicar un régimen de disciplina fiscal y disminución del déficit fiscal aumentando el Impuesto al Valor Agregado de 12 % a 16 %, sin señalar cuáles serán los sacrificios propios del Estado para reducir el gasto público.
Apuntan que dicha política debe estar dirigida a incrementar la base tributaria sostenida por una mayor actividad económica y productiva.
Foto: Juan Pablo Arráez
Participa en la conversación