En esa zona, donde hace un año fueron deportados cientos de colombianos, los habitantes aseguran que ahora están peor. La escasez es lo que más afecta a las familias.
San Antonio del Táchira. “Aquí no hay vida”, sentencia Marina, residente del sector La Invasión de San Antonio del Táchira, la zona donde hace un año el Gobierno —tras el cierre de la frontera y el decreto de estado de excepción— realizó una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en la que allanó viviendas y deportó más de 1.000 de colombianos, sin orden judicial.
En aquel momento, el presidente Nicolás Maduro dijo que “La Invasión era una base paramilitar donde se practicaba el esclavismo sexual. La mayoría de quienes vivían ahí estaban en situación irregular, practicaban el bachaqueo bajo las órdenes de las bandas paramilitares”.
Muchas familias fueron separadas por la migración forzada y otras se marcharon ante la actuación de las autoridades.
Las casas fueron marcadas con la letra “D” para la demolición y “R” para la revisión. 12 meses después, dichas marcas persisten así como las ruinas de las viviendas derribadas. Algunos habitantes se esforzaron por pintar y hasta hacerle pequeños arreglos a sus hogares, pero las dificultades que enfrentan son mayores. El aumento de la escasez de bienes esenciales y la inseguridad les tiene la vida de cuadritos.
Marina —quien pidió mantener su apellido en reserva— cuida niños para mantener a sus dos hijos de 9 y 11 años y no duda en indicar que en La Invasión todo empeoró. Lo que más le molesta es la cantidad de maromas que debe hacer para conseguir la comida.
Con el cierre de la frontera, las autoridades aseguraron que el abastecimiento mejoraría, pero no fue así. Adquirir harina precocida de maíz, arroz o pasta es una tragedia griega.
Marina comenta que las bodegas del barrio tienen pocos productos y los que hay son costosos. Su vecina, Leydi —que también solicitó no revelar su apellido— relata que encontrar alimentos, papel higiénico, pasta dental y pañales es cada vez más difícil. A veces hace las colas a riesgo de no obtener nada.
“En este país no hay insumos y ahora tienes que depender de Colombia, porque no hay nada”, comenta Leydi, quien labora en una de las pocas fábricas de zapatos que está operativa y tiene cuatro hijos.
[irp posts=”33548″ name=”Venezolanos están dispuestos a pasar la frontera las veces que sea para comprar harina y arroz”]Desde el 13 de agosto se abrió el paso para que los venezolanos compren los rubros de la cesta básica, para los analistas esto supone una muestra de las distorsiones de la economía. En el país la producción bajó por el modelo de controles.
En La Invasión todavía no han visto las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Este programa oficial, que llevan adelante los consejos comunales, las UBCh y los representantes del Frente Francisco de Miranda y Unamujer, tiene como fin garantizar el abastecimiento, por lo que reparte paquetes con artículos básicos. Sin embargo, la distribución es discrecional.
Diana Cabrera, vecina de la zona y empleada de una dependencia de la Alcaldía, afirma que “los Clap no han llegado” y tiene dudas de que se entreguen las bolsas porque “en los consejos comunales hay mucha discriminación”.
Aunado al combo de los Comités, el Gobierno prometió la entrega de tarjetas para los que están en la Misión Hogares de la Patria. Estas tarjetas tampoco se han asignado a los vecinos de ese sector de San Antonio del Táchira. Marina señala que le comentaron que se “las darían a algunas familias”, sin mayores precisiones.
Esas tarjetas disponen de 30.000 bolívares, recursos que se quedan cortos frente al salto en los precios, que diversas firmas calculan en más de 300 %.
Recortan las comidas
A los venezolanos la plata no les rinde porque la inflación evapora los sueldos. Las familias consultadas en La Invasión apuntan que el dinerito que reciben se les vuelve sal y agua. Leydi asevera: “un billete de 100 bolívares no da ni para un caramelo”.
La ausencia de productos y los altos costos está llevando a las madres a sacrificar su alimentación. Dejan el grueso de los rubros que consiguen para sus hijos y luego ven qué comen. Marina y Leydi son parte de este grupo. Cuentan que hay días en los que se alimentan una sola vez.
“Cuidando los niños me gano 1.500 bolívares y con eso lo que compro es un paquete de arroz y un huevo. La última vez pagué 5.000 bolívares por unas piecitas de pollo, y no pude hacerlo nuevamente”, arrojó Marina.
Leydi añade que hace unos días apenas adquirió dos pedazos de carne que le costaron 2.000 bolívares. “Una de mis hijas me dijo que comiera algo de carne y le dije que no, que eso era para ellos. Yo prefiero sacrificarme por ellos”, sostuvo.
Al igual que las madres ya mencionadas, Diana relata que “lo que gano lo estiro y prefiero que mis hijos coman mejor y yo cualquier cosa”.
Según la Encovi, a 87 % de los venezolanos el ingreso no le alcanza para la compra de víveres, y en el caso de las familias más pobres esa insuficiencia llega a 93 %. Para gran parte de la población la canasta alimentaria, que está en 228.043 bolívares, es muy costosa.
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Los otros planes oficiales tampoco llegaron a la comunidad.
A pocos días de los allanamientos y las demoliciones de las casas en La Invasión, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, manifestó que se construirían 836 viviendas en esa zona, pero la promesa no se cumplió. Las familias por su cuenta han pintado y arreglado sus casas, no hubo construcciones nuevas.
La base de misiones —que durante unos meses estuvo cerrada— está operativa. Marina señala que el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) presta ayuda y “a veces hacen actos culturales para los niños”.
La inseguridad y la actuación oficial
Para los residentes de La Invasión el cierre de la frontera no reforzó su seguridad.
Los consultados indican que la inseguridad es mayor que hace un año. De vez en cuando pasan los militares, pero ello no significa un aumento de la vigilancia. Diana Cabrera sostiene que “aquí no se puede transitar con tranquilidad. Ni se consigue comida”.
En las casas se registran robos de alimentos y los vecinos denuncian que “se han llevado pollos y gallinas”. Asimismo, se quejan de las actuaciones de la Guardia Nacional en la zona, debido a que los recorridos que ejecutan son para entrar en las residencias y ver qué alimentos tienen, no para ofrecer protección.
Gabriela Afanador relata que “los oficiales revisan las casas para ver qué hay y a veces nos quitan productos porque dicen que son bachaqueados. Y hasta ven si hay gasolina en las casas”.
Fotos: Miguel González
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