Luego de 14 horas de audiencia, en la madrugada de este 20 de junio, el Tribunal segundo de juicio accidental del Circuito judicial penal militar de Aragua decidió condenar, una vez más, a los cinco militares y tres civiles acusados de participar en una intentona golpista. Es el segundo juicio que se celebra por el “Golpe Azul” desde 2015.
Maracay. Cuando los cinco militares, uno de ellos retirado, y los tres civiles acusados de participar en el llamado Golpe Azul decidieron apegarse al procedimiento de admisión de los hechos que establece el Código Orgánico procesal penal, no lo hicieron con el propósito de reconocer culpabilidad alguna, sino con la esperanza de obtener el beneficio de la inmediata reducción a un tercio o a la mitad de la pena, que el Tribunal segundo de juicio accidental militar del estado Aragua debió aplicar, tal y como lo establece el artículo 367 del COPP.
De acuerdo con la explicación del coordinador regional de Foro Penal en Aragua, Dimas Rivas, la admisión de los hechos es una herramienta útil al imputado, que le sirve para negociar legalmente la rebaja de su pena; serviría para darle fin al procedimiento por razón de una sentencia condenatoria, la economía procesal y/o el resarcimiento a la víctima del daño causado.
Sin embargo, el tribunal militar, a cargo del juez, Cnel. José Olivo Fernández Ruiz, presidente del Circuito judicial penal militar del estado Aragua, decidió sentenciarlos, condenarlos y mantenerlos privados de libertad, mientras se lleva a cabo una segunda fase, que sería la de remitir la causa al tribunal de ejecución, que pudiese ser el ubicado en San Juan de los Morros, en el estado Guárico y no el de Maracay, pues este último es presidido por el juez Pedro Alexander Lunar Rodríguez, Tte. de Navío, el mismo que, en el año 2015, era el titular del tribunal militar quinto de control y quien ordenó la detención de los imputados. Lunar Rodríguez, por ley, deberá inhibirse.
La audiencia se inició a las 2:00 de la tarde del martes 20 de junio y se prolongó por 14 horas. Casi al amanecer, los familiares, abogados y los propios imputados no pudieron contener la indignación, pues todos tenían la esperanza de que les concedieran libertad plena, al menos a los tres civiles, Pedro Rafael Maury Bolívar, taxista; Jesús Enrique Salazar Mendoza, carpintero, y Luis Rafael Colmenares Pacheco, cajero de banco, quienes, además, fueron incluidos en los procesos de excarcelación del pasado 13 de junio e impuestos de restricciones como prohibición de salida del país y presentación cada 30 días.
Especial atención merece el caso de Maury, de 65 años de edad, quien fue sentenciado en el primer juicio a tres años y dos meses de prisión y estuvo detenido en Ramo Verde, por dos meses adicionales al tiempo establecido en la pena. A él, el tribunal militar debió concederle la libertad plena inmediatamente.
El Estado -dice uno de los familiares que prefirió no identificarse- le debe a Pedro Maury dos meses de su vida en prisión.
Nuevas penas
El tribunal militar impuso nuevas penas de prisión, pero a estas se les deben restar los tres años y cuatro meses que llevan detenidos desde el 12 de febrero de 2015. De acuerdo con la sentencia emanada en el nuevo juicio, dos de los tres civiles, Luis Colmenares y Pedro Maury, ya cumplieron la pena de tres años y dos meses, pero aun así fueron pasados al tribunal de ejecución, al igual que Jesús Salazar, a quien apenas le faltan 20 días para cumplir la pena impuesta de tres años, cuatro meses y 20 días.
Los militares, fueron impuestos de las siguientes penas: Luis Lugo a cuatro años, nueve meses y 10 días de prisión. Le falta por cumplir un año, cinco meses y 10 días. Petter Moreno, a cuatro años y siete meses. Le falta por cumplir un año, cinco meses y 10 días de prisión; Ricardo Antich, a cuatro años y nueve meses. Le falta por cumplir un año y cinco meses; Carlos Esqueda, a cinco años, nueve meses y 10 días. Le falta por cumplir dos años, cinco meses y 10 días y, finalmente, Henry Salazar, condenado a cinco años, 11 meses y 10 días, y a quien le falta por cumplir un año y cinco meses de prisión.
Todos los oficiales de la Fuerza Aérea quedaron detenidos en Ramo Verde y pasados, al igual que los civiles, al tribunal de ejecución. Los tres civiles, aunque fuera de la cárcel, tienen prohibición de salida del país y régimen de presentación cada 30 días.
En lo adelante, será el tribunal de ejecución el que evalúe y decida sobre la sentencia y determine si los acusados quedan en libertad o no, considerando que la mayoría de los imputados llevan más de tres años encarcelados y otros ya excedieron el tiempo de la pena. El tribunal de ejecución también deberá computar la redención de la pena por el trabajo y el estudio, conforme a lo establecido en el artículo 507 del COPP, que consiste en descontar la pena, a razón de un día de reclusión por cada dos días de trabajo o de estudio, para el caso de personas condenadas o sujetas a penas.
Como se recordará, el 22 de diciembre de 2017, el general de División Henry José Timaure Tapia, presidente de la Corte Marcial en el momento, firmó la anulación de la sentencia del tribunal militar segundo accidental de Maracay en el estado Aragua, emitida el 11 de enero de ese mismo año, en la que se condenaba a cinco militares y tres civiles a cinco y 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar y cuyo caso se conoce como “Golpe Azul”.
Pese a que la anulación se conoció en abril de 2018 y los imputados debían ser liberados, siguieron tras las rejas de las cárceles de La Pica, en Monagas, Santa Ana, en Táchira, y Ramo Verde. Un mes después se le pone fecha a un nuevo juicio que fue diferido en dos oportunidades, hasta que este 20 de junio, finalmente, los tribunales militares vuelven a sentenciar y condenar a civiles y militares por un supuesto intento de derrocamiento contra Nicolás Maduro, que iba a ejecutarse el 12 de febrero de 2015.
Fotos: Gregoria Díaz
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