Un grupo de encapuchados entró a la vivienda de Ramón Hernández, en el kilómetro 15 de la carretera Petare-Santa Lucía y les dispararon. La familia presume que querían robarlos y se resistieron. En el hecho también recibió un balazo la esposa de la víctima y estaba presente un recién nacido.
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Cinco menores de edad entre 13 y 17 años están detenidos luego del homicidio de Jesús Hilario Amarista, funcionario jubilado de la extinta Policía Metropolitana, el lunes pasado en Ruiz Pineda.
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Los venezolanos tienen años utilizando lámparas de gasoil para iluminar sus hogares ante la crisis del servicio eléctrico. En las últimas semanas, al ser más prolongados los cortes de luz, han sido más las familias que fabrican sus propios “mechuzos”, lo que ha ocasionado múltiples accidentes.
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Luego de que Norberta Díaz, de 72 años, recibiera un tiro en el pecho, sus nietos de nueve años la sacaron de la vivienda, ubicada en el barrio Maca, para pedir ayuda. En 24 horas mataron a dos personas de la tercera edad en Petare, la otra víctima fue Juan Chirinos, de 79 años.
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Marvin Martínez recibió un tiro en la frente cuando salía de una fiesta en Macarao. Sus familiares acusaron a un funcionario, quien momentos después del crimen fue detenido por el Cicpc.
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Las víctimas se registraron en dos operativos, uno en El Cementerio y el otro en Petare, donde se presentaron la mayoría de los casos. Uno de los fallecidos fue Anthony Patete, “minero” del río Guaire, quien fue localizado en la morgue el pasado sábado —aunque lo mataron el jueves— pues sus familiares desconocían su paradero.
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El oficial deja tres hijos, uno de ellos es un adolescente de 16 años. Por otro lado, en los últimos seis años de la gestión de Nicolás Maduro, Fundepro registró 1966 funcionarios caídos por la violencia.
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El Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales del estado Bolívar sostiene que cuerpos militares y policiales han sido responsables de estos crímenes que presentan, en la mayoría de los casos, como “enfrentamientos”.
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El hacinamiento en las prisiones se ubicó en 125 % el año pasado. En total, hay 46.775 reclusos en el país, cuando la capacidad instalada es para 20.766 personas, es decir, hay una sobrepoblación de 26.009 personas.
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Los vecinos del pueblo El Consejo, que tradicionalmente han sido oficialistas, protestaron durante el fin de semana por la falta de luz y agua.
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