Tarek Saab ignora que desde enero hay cuatro adolescentes presos por razones políticas en el Helicoide

El padre de Betzaida Martínez, una de las menores de edad presas en el Sebin, dijo que la vio por última vez en diciembre, antes de que se fuera a Valle de la Pascua a ver a la abuela. El Alto Comisionado de DDHH-ONU instó al gobierno a investigar el uso de la tortura y exigió liberación de todos los presos políticos.

Caracas. El Foro Penal Venezolano le salió al paso al Fiscal designado a dedo por la constituyente presidencial, Tarek Saab, quien el miércoles en la noche declaró a CNN que en el Helicoide “no hay privados de libertad menores de edad, niños ni nada de eso”. Uno de sus directivos, Gonzalo Himiob, se mostró sorprendido de escuchar a Saab negar la presencia de adolescentes menores de 18 años recluidos en los calabozos de la policía política, incluso algunos con orden de excarcelación desde hace meses.

Himiob precisó que, a nivel nacional, hay 12 menores tras las rejas en este momento, de los cuales cuatro están en el Helicoide: Elianis Rodríguez, Simón Andrés Acerrat, Betzaida Martínez y Dilan Canache Figuera. “Ellos no han tenido la oportunidad de ser visitados ni contactados por sus familiares. Cada vez que los padres van, les niegan el acceso. Tienen libertad bajo fianza desde hace cuatro meses y siguen presos”, acotó Alfredo Romero, director del FPV, sobre los jóvenes del Helicoide.

Otros tres menores de edad están en Polisur, en el estado Zulia (Alexis Castillo, Moisés Briceño y César Lovera). Hay dos en Cochecito, en Caracas (Ricardo Cayamo y Frabiel Bello); otros dos tienen arresto domiciliario (Efraín Chávez y Edwin Yansen) y uno en Polimaracaibo, en el estado Zulia (Ángel Abreu).

Himiob informó, además, que hay dos adolescentes más en el Helicoide (Diego Gómez y Ender González), quienes fueron recluidos siendo menores de edad y cumplieron los 18 años ya estando presos.

Señor Saab, esos son sus nombres y los sitios donde están”, dijo Gonzalo Himiob.

La ONG contabiliza, al día de hoy, 338 presos políticos en todo el país. De ese grupo, 61 están encerrados en las distintas sedes de la policía política a escala nacional. Hay 54 en el Helicoide, de los cuales cinco tienen boleta de excarcelación que no ha sido obedecida por la autoridad del Sebin, denunció Himiob.

Padres angustiados

Directiva del FPV acompañó a padres de varios jóvenes detenidos en el Sebin en su denuncia. Foto cortesía @EfectoCocuyo

Una de las menores de edad de las que Saab no tiene conocimiento de su reclusión es Betzaida Martínez (17 años). Ella y su papá, Alexis Martínez, no se ven desde diciembre del año pasado, cuando la joven viajó al interior a visitar a su familia. El día que regresaba a la capital, el 13 de enero, fue detenida en el terminal de La Bandera, en Caracas. Aunque la ley establece que todos los presos tienen derecho a ver a sus abogados y a su familia, a esta niña y a su padre se les ha negado ese derecho.

La detuvieron cuando venía llegando de Valle de la Pascua, la detuvieron en La Bandera. No me han dicho nada de por qué lo hicieron. Voy el sábado (al Sebin), voy el domingo, pero no me dejan entrar. No la puedo ver. No la veo desde diciembre. No le deseo a nadie que tenga un hijo metido en una cárcel. Anoche me dijeron lo que estaba pasando en el Helicoide y no dormí. El fiscal será el que pueda decidir qué hacer con esos menores”, dijo el papá de Betzaida, este jueves, acompañado del FPV.

Nieves Castro, por su parte, es la mamá de Melanie Álvarez, una joven que si bien no es menor de edad, lleva 110 días presa en el Helicoide, sin poder ver a sus familiares. Su audiencia preliminar ha sido suspendida dos veces, el 12 de abril y el 14 de mayo, cuando el Sebin se negó a hacer los traslados a tribunales.

“Yo voy todos los sábados esperanzada en que podré verla, entrego mi cédula, me hacen esperar y, luego, me dicen que no, que el comisario está de malas. Le mando con alguien lo que le llevo, a veces ella me manda alguna que otra carta, pero tocarla, verla, no he podido. Esto es una violación a los derechos, del debido proceso”.

Oscar Millán tiene 24 años, es integrante de la organización Corazón Valiente y está detenido desde el 24 de enero de este año. Su mamá, María González, ni nadie de su familia lo ha visto desde entonces: “Le llevamos sus cosas personales, su comida. Nos dicen que está bien, pero no podemos verlo. Dos veces me ha pasado un papelito con algo corto, que está bien, que tenga fortaleza. Pero sabemos que no tienen agua potable, que se bañan una vez cada 15 días, que hacen sus necesidades en bolsas. Están violando los derechos humanos a todas las personas que están ahí”.

Violaciones recurrentes

Los casos de Betzaida, Melanie y Oscar resumen lo que Alfredo Romero definió como las violaciones más frecuentes que se registran contra los presos políticos:

-Menores de edad detenidos, incluso niñas.

-Personas recluidas sin orden judicial, como Juan Pedro Lares, un joven preso desde hace nueve meses, sin orden judicial que justifique su privación de libertad. “Él esta desaparecido forzosamente, ya que no hay ningún tipo de información oficial que permita verificar su reclusión”, dijo Romero. El joven es hijo de un exalcalde, Omar Lares, contra quien supuestamente sí hay orden de captura.

-Personas que tienen boletas de excarcelación y aún así siguen detenidas, como, por ejemplo, Reyi Jackson Andrade Alejo, recluido desde el 20 de junio de 2016, y los cuatro menores.

-Incomunicación, prohibición de visitas.

-Falta de traslados de parte de las autoridades y retraso en el procesamiento de las fianzas por parte de los tribunales.

-Diferimiento de audiencias.

-No permiten el derecho a la defensa de los detenidos: “Hay personas que tienen tres, cuatro años, detenidos preventivamente, que no han ido a juicio y ni siquiera saben de qué se les acusa”, dijo Romero. La ley establece un máximo de hasta dos años de detención preventiva.

-“Hay casos de tortura que han sido denunciadas directamente a la fiscalía. El de Gerardo Carrero, que estuvo preso desde 2014, hoy en libertad, se denunció ante el tribunal, la fiscalía, la defensoría, otras instancias nacionales e internacionales y aún no hay respuesta del Estado”, denunció Romero.

¿Qué paso en el Helicoide?

Ayer, pasado el mediodía, se supo que presos comunes y políticos en el Helicoide se alzaron exigiendo dos cosas: la primera, la libertad de todos los presos políticos, en particular de los que tienen boleta de excarcelación; y la segunda, que se garantice el debido proceso y los traslados a sus juicios a los presos comunes. A través de vídeos denunciaron que Gregory Sanabria había sido apaleado por sus carceleros, aunque otra versión señala que fue golpeado en una riña interna.

El caso generó tal impacto, que la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU se pronunció a través de Twitter:

“Deploramos la fuerte paliza del activista Gregory Sanabria en el Helicoide. Exhortamos a que se dé un trato humano a todos los prisioneros e instamos se investigue el uso de la tortura y otros maltratos. Todos los presos políticos deben ser liberados”.

Los familiares, abogados y diputados de la comisión de Política Interior se mantuvieron en vigilia durante toda la noche a la espera de una información oficial que nunca recibieron. Tarek Saab informó ayer que fiscales del MP habían sido comisionados para atender la situación.

La comisión de justicia y paz de la Conferencia Episcopal Venezolana también hizo un llamado a las autoridades a “respetar la vida de quienes están bajo su responsabilidad y a respetar los derechos humanos”. Además, la CEV instó a la Fiscalía General a “velar por todos los detenidos, menores, mujeres y presos políticos” e investigar las denuncias de tortura.

En la mañana de hoy, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, Delsa Solórzano, indicó en su cuenta Twitter que pese a que los presos solicitaron el ingreso de la comisión de Política Interior, esto no se ha permitido.

“Sabemos de una persona que fue agredida, pero no sabemos las circunstancias, es el caso de Gregory Sanabria. El Estado es responsable de la integridad física y psíquica de cualquier preso común o político, de resguardarlos”, dijo Alfredo Romero.

Himiob acotó que, de acuerdo con información suministrada por el preso político Vilca Fernández, luego del ingreso de los fiscales, “se inició el levantamiento de los perfiles de todos los presos que están allí y se iba a levantar un pliego de peticiones para que los casos fueran atendidos. Pero no hay confirmación oficial de nada. Ninguna autoridad ha salido ni siquiera a conversar con los familiares de los presos”.

Al final de la tarde de este jueves, la vocera del departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, expresó la “seria preocupación” de su país por “la seguridad y el bienestar de ciudadanos americanos que están prisioneros en el Helicoide”. Nauert le recordó al gobierno de Venezuela que “es responsable por la seguridad de todos los detenidos en su sistema de prisiones, incluyendo a los ciudadanos americanos detenidos”.

Foto cortesía @efectococuyo


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