“Maduro confía en el apoyo que recibe de los servicios militares y de inteligencia cubanos para retener su poder porque no cuenta con el apoyo del pueblo venezolano”, aseguró el jefe del Departamento del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. La medida busca presionar al gobierno de Cuba para que “cese el apoyo” a Nicolás Maduro.

Caracas. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a cuatro empresas vinculadas al sector petrolero venezolano. A su vez, la OFAC identificó nueve embarcaciones propiedad de dichas empresas y cuatro de ellas transportaron petróleo desde Venezuela hasta Cuba durante el primer trimestre del 2019.

“Continuamos apuntando a las compañías que transportan petróleo venezolano a Cuba ya que se están beneficiando mientras el régimen de Maduro saquea los recursos naturales”, señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

La acción —según reza la nota de prensa— apunta más al sector petrolero de Venezuela, que sigue sirviendo de “salvavidas” a la administración de Nicolás Maduro.

Nueve embarcaciones petroleras fueron identificadas y “bloqueadas” por el Tesoro estadounidense. Seis de estas son propiedad de PB Tankers SPA, cuya sede está en Italia. Silver Point, uno de los buques de la empresa italiana, transportó crudo a Cuba durante marzo de 2019.

Jennifer Navigation Limited, Lima Shipping Corporation y Large Range Limited —las tres con sedes en Liberia— son las otras empresas de transporte sancionadas por el Gobierno estadounidense. Sus embarcaciones entregaron petroleo venezolano a Cuba entre enero y marzo de 2019.

A juicio de Mnuchin, el petróleo venezolano “no debe utilizarse como una herramienta de negociación para prolongar la opresión”, haciendo alusión a que Maduro cuenta con el apoyo de servicios de inteligencia y militares de Cuba “para retener su poder porque no cuenta con el apoyo del pueblo venezolano”.

El 11 de marzo de este año, la Asamblea Nacional aprobó un decreto de emergencia nacional dictado por Juan Guaidó, juramentado como presidente encargado según el artículo 233 constitucional. Dicho decreto ordena la suspensión de envío de combustible a la isla caribeña para “presionar la salida de la misión cubana de Venezuela”.

Posteriormente, el 5 de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a dos compañías petroleras que transportaban crudo hacia la isla caribeña: Ballito Bay Shipping Incorporated y ProPer In Management Incorporated, con sedes en Liberia y Grecia, respectivamente.

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