Desde  muy temprano,  los 400 trabajadores que laboran en la planta ubicada en San Sebastián de los Reyes, al sur del estado Aragua, rechazan  el “paquetazo laboral” que les impone un tabulador salarial igual al de la Administración Pública, desconociendo beneficios y logros contractuales.

Maracay. Es nula toda acción y acuerdo convenio que implique la renuncia o menoscabo de nuestros derechos. Con esta premisa los 400 trabajadores de la cementera adscrita a la Corporación Socialista de Cemento, protestaron y rechazaron la pretensión del Gobierno de cancelarles el mismo salario aprobado para los trabajadores de la Administración Pública, desconociendo y violando con ello los derechos progresivos y beneficios adquiridos por contratación colectiva.

En las afueras de la planta, ubicada en San Sebastián de los Reyes, al sur del estado Aragua, una de las tres que conforman el conglomerado de la llamada Industria Venezolana de Cemento (INVECEM), antes Cementos Caribe, los trabajadores reclamaban, pancartas en mano, que el Gobierno haya ignorado los convenios colectivos y actas de acuerdos laborales, al  incluirlos en el tabulador salarial previsto para los empleados públicos.

De acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo, todas las empresas públicas asumen el tabulador salarial de la administración pública, desconociendo los convenios colectivos y actas acuerdo. Los trabajadores cementeros rechazan esta decisión, pues como trabajadores de un ente público descentralizado, los rige la Ley Orgánica del Trabajo y no la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Con ello se pierden todos los conceptos acordados en actas, estableciéndose una nueva forma de cálculo salarial que representa un retroceso significativo de los avances y progresos que se han dado sobre beneficios convenidos y contractuales. Esto representa un paquetazo laboral que los trabajadores no podemos aceptar”, señala Luis Carrillo, secretario ejecutivo de Fetracemento.

Durante la jornada de protesta, llevada a cabo en plena carretera nacional que conduce al municipio San Sebastián, efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron dispersar la protesta pacífica bajo amenaza de detener a los trabajadores. Pese a ello, los trabajadores cementeros se mantendrán en asamblea permanente para exigir salarios acordes al proceso hiperinflacionario y los beneficios socioeconómicos pactados con el patrono.

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Como se recordará, a principios del mes de agosto, los trabajadores de esta planta cementera denunciaron la paralización de la empresa por falta de inversión y mantenimiento y reclamaban, entonces, un ajuste de los salarios de acuerdo con la inflación y la revisión de cláusulas contractuales como el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad.

Entre los reclamos, destacaba una póliza que cubriera el 100%, debido al alto costo de los servicios de salud y para atender emergencias médicas. Los trabajadores apenas contaban con una póliza con cobertura de 12 millones de bolívares fuertes. La empresa les ha señalado recientemente que no cuenta con recursos para seguir ofreciéndoles un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad y que el bono de 1200 Bs. S. por hijo, por concepto de plan vacacional, será  sustituido por un combo de útiles escolares.

Esta planta fue adquirida en 1993 por la empresa suiza Holcim. En 2008, el difunto Hugo Chávez anunció la expropiación. Antes, Holcim y la francesa Lafarge producían alrededor de cinco millones de toneladas anuales de cemento, mientras que Cemex, de capital mexicano, producía otros cinco millones de toneladas de cemento al año.

Esta última no logró un acuerdo con el gobierno venezolano para su compra/venta, por lo que corrió la misma suerte: fue expropiada. Desde entonces, la producción de cemento en el país ha caído aparatosamente.

Ocho años después de la estatización, esta  empresa  alcanza, si acaso, 50 % de su producción: de 2.400.000 toneladas de cemento que la antigua Cementos Caribe producía antes de la expropiación, en lo que va de 2018 solo ha llegado a producir 900.000 toneladas.

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De esta manera, el Estado venezolano pasó a controlar 98 % de la industria cementera nacional, con el irrestricto apoyo de los trabajadores, quienes, en su momento, aplaudieron y celebraron la expropiación como un gran triunfo laboral y una acertada decisión del Gobierno.

Fotos: Gregoria Díaz


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