En un papel de trabajo, que llevarán a Miraflores, exigen que no se cierren los establecimientos y que la red se extienda a barrios y pueblos de todo el país.
Hernán Lugo-Galicia/@HLGNapita
Caracas. El personal de Abastos Bicentenario sí tiene quien lo defienda: El Frente Nacional de Lucha del Trabajador (FNLT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que desean ser oídos por el presidente Nicolás Maduro, a quien entregarán un plan de trabajo de cuatro puntos.
A estas instancias acudieron los delegados sindicales de la red pública luego que, desde Miraflores, se iniciara la Operación Gorgojo, que en lugar de exterminar a los “grandes” ha rociado insecticidas entre los trabajadores. Hasta la fecha, han cerrado de manera total 10 comercios, entre ellos, el de Parque Central; los dos que cubrían a las ciudades gemelas, Acarigua-Araure, en Portuguesa; mientras el resto muere de mengua.
“El cierre de Abastos pone en riesgo la estabilidad laboral”, alertó el secretario de Tribuna Popular, Carlos Aquino, luego que el Buró Político evaluará la situación de los trabajadores que expusieron sus quejas ante el FNLT.
El diputado del PCV, Pedro Eusse, dijo que apoyaban las investigaciones en la red pública de alimentos, sin importar quien caiga, pero que no solo se persiga a los trabajadores.
“La Operación Gorgojo golpea a trabajadores, entre ellos un secretario sindical en Cagua, Aragua, a quien se llevaron preso. No nos oponemos a enfrentar a la corrupción, pero en este caso se aprovecha una ‘operación’ para castigar a quienes defienden a los obreros. Tiene que haber sanciones, pero el daño mayor lo han generado altos gerentes, administradores. El FNLT exige que se investigue la gestión de Carlos Osorio en el Ministerio de Alimentación, así como a presidentes de las corporaciones y a quienes tenían la responsabilidad de evitar las irregularidades”, emplazó.
Los trabajadores de AB, el FNLT y el PCV solicitaron a Miraflores una audiencia con Maduro, con un firme propósito: entregarle una serie de ideas. Una, que no se cierren los establecimientos; dos, que no se privaticen; tres, que se cree un modelo de gestión con trabajadores, comunidades y el Gobierno; cuatro, que la red se extienda a los barrios y pueblos en lo que llaman “Micro AB”.
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