Tres empleados de la multinacional brasileña presentaron ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo acciones de amparo contra la decisión del abogado de la República de solicitarle a la Sudeban que le congelara las cuentas a la empresa.

Caracas. Sin centavo en el bolsillo. Así se encuentran las decenas de trabajadores que la constructora brasileña Odebrecht tiene en el país, gracias a la actuación de la Procuraduría General de la República, la cual en aplicación de un fallo dictado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo solicitó a la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que instruyera a todos los bancos donde la empresa tuviera cuentas que se las “bloquearan” o “congelaran”, lo cual le impidió cancelarle a sus empleados sus sueldos, vacaciones y demás compromisos laborales.

El despacho dirigido provisionalmente por Reinaldo Múñoz realizó la petición al organismo regulador en virtud de la sentencia número 598 que el pasado 9 de agosto dictó el juzgado, en la cual le ordenó a la Guardia Nacional asegurarse de que “todos los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, pertenecientes a la Constructora Norberto Odebrecht S.A, en especial los destinados para la ejecución y construcción de las obras de ingeniería que abarcan los contratos suscritos con el Estado venezolano (…) que se encuentren en los sitios de ejecución de cada uno de los contratos de obras públicas (…) no puedan ser desplazados, movilizados extraídos (…) del lugar de las obras (…), o de manera alguna afectados por la contratista, a objeto de resguardar los bienes en garantía de los derechos e intereses patrimoniales de la República”.

Sin embargo, los trabajadores Juan Agustín Espinoza, Yuraima Villegas Fernández y Carlos Urdaneta Troconis, en tres amparos que interpusieron ante la Corte el pasado 14 de septiembre, acusaron a la Procuraduría de violar sus derechos al salario, a sus prestaciones sociales, a la salud, a la alimentación y de afectar la calidad de vida de su grupo familiar, al hacer oídos sordos a las solicitudes que los representantes de Odebrecht le hicieron para permitirle disponer de los fondos necesarios para atender los compromisos con sus trabajadores.

La Corte, en sus sentencias 629 y 630, decidió revisar dos de las tres acciones directamente, pero la tercera, la que presentó Espinoza, se la remitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según consta en el fallo 631, por considerar que ella era la competente para analizarla, visto que el accionante acusó directamente al Procurador General de la República, quien es un alto funcionario del Estado, de haber “ordenado” el bloqueo de las cuentas de Odebrecht.

En las otras dos demandas simplemente se afirmaba que la Procuraduría había omitido solicitarle a Sudeban permitirle a la empresa movilizar los fondos que tiene en bancos venezolanos.

El juzgado también decidió solicitarle a la multinacional brasileña su nómina de empleados y citó a sus representantes, así como a los de la Procuraduría, del Ministerio Público y de la Contraloría para una audiencia oral y pública, la cual debería celebrarse la próxima semana para analizar el asunto.

Por sus demoras

Desde agosto pasado pesa sobre la multinacional brasileña una medida cautelar que le impide sacar un saco de cemento o una grúa de algunos de los campamentos de construcción levantados en torno a las 11 obras inconclusas que tiene Venezuela. La misma fue solicitada por la Procuraduría, luego de que mediante unas inspecciones judiciales se constatara que esas obras no solo se encuentran paralizadas sino que algunas presentan unos grandes retrasos, pese a los millonarios anticipos y pagos realizados por el Estado.

Antes de ser destituida de su cargo de Fiscal General por la Constituyente, Luisa Ortega Díaz aseguró que los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro pagaron a Odebrecht 30 millardos de dólares por las 11 obras que aún no están ni cerca de estar terminadas.

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El proyecto de repotenciación de la vieja flota de trenes de la línea 1 del Metro de Caracas es uno de los proyectos que presenta mayor retraso, pues según las evaluaciones hechas por los jueces y la Procuraduría, apenas se ha ejecutado 3,08 %, pese a que debió estar listo para finales de 2016. El tercer puente sobre el río Orinoco presenta una ejecución del 50 %; lo cual revela que es difícil que esté listo para finales de 2017, como estaba programado.

En el caso del II puente sobre el Lago de Maracaibo, aunque se han gastado más de 36 millardos de bolívares, solamente presenta un avance de 17 %, lo cual también pone en tela de juicio que pueda estar concluido en diciembre de 2018.

Foto: Archivo



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